NUEVA YORK.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI), en una represalia sin precedentes contra las decisiones del tribunal relacionadas con presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán, y por emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estrecho aliado de Washington.
La decisión fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y afecta a las juezas Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Según Rubio, ellas “participaron activamente en las acciones ilegítimas e infundadas de la corte contra Estados Unidos o nuestro aliado cercano, Israel”.
“La CPI está politizada y afirma falsamente tener total discreción para investigar, acusar y enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos y nuestros aliados”, añadió Rubio. El gobierno del presidente Donald Trump prohibirá a las cuatro magistradas la entrada en Estados Unidos y congela sus propiedades o haberes en el país. También limitan su capacidad para realizar transacciones financieras, ya que cualquier banco vinculado a Estados Unidos o que opere en dólares debe cumplir con las restricciones.
“Gracias presidente Trump y secretario de Estado Rubio por sancionar a las politizadas juezas de la CPI. Ustedes aseguran el derecho de Israel, de Estados Unidos y de todas las democracias de defenderse ante el terrorismo salvaje”, reaccionó Netanyahu en la red social X.
Dos de las juezas sancionadas, Hohler y Alapini-Gansou, participaron en los procedimientos que condujeron a la orden de detención dictada en noviembre contra Netanyahu.
El tribunal encontró “motivos razonables” de responsabilidad penal contra el primer ministro y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad en la ofensiva masiva en Gaza tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.
Las otras dos magistradas afectadas por la medida formaron parte del proceso que condujo a la autorización de una investigación sobre militares estadounidenses acusados de crímenes de guerra durante la guerra de Afganistán.
Tras el anuncio de las sanciones, la CPI criticó la decisión, calificándola de “claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes en todo el mundo”, ofreciendo justicia y esperanza a millones de víctimas de “atrocidades inimaginables”.
El tribunal subrayó que el objetivo de las sanciones es perseguir a quienes luchan por establecer la responsabilidad de los crímenes más graves y que esto no beneficia en absoluto a los civiles atrapados en conflictos y, por el contrario, no hace más que alentar a quienes creen que pueden actuar con impunidad.
Justicia a las víctimas
La CPI también reiteró su pleno apoyo a su personal y aseguró que seguirá trabajando incansablemente en estricta conformidad con el Estatuto de Roma y los principios de justicia y debido proceso, para hacer justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión.
“Las sanciones no solo afectan a los funcionarios designados, sino también a todos quienes apoyan a la Corte”, señala el comunicado, y destaca que se trata de un atentado contra las víctimas inocentes, el Estado de derecho, la paz, la seguridad y la prevención de los crímenes más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad.
La decisión del gobierno de Trump también fue criticada por la Unión Europea (UE), que afirmó su firme apoyo a la Corte Penal Internacional.
Para el presidente del Consejo Europeo, António Costa, “la CPI no se opone a las naciones, sino a la impunidad”, por lo que “debemos proteger su independencia e integridad”. “El Estado de derecho debe prevalecer sobre el poder”, escribió el portugués en la X.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a suspender las sanciones impuestas, alegando al igual que Costa que son contrarias al Estado de derecho.
“Exijo la rápida revisión y retirada de estas últimas medidas. Los ataques contra jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, contradicen directamente el respeto del Estado de derecho y la igualdad ante la ley, valores por los que Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo”, declaró Türk en un comunicado.
Agencias ANSA y AFP
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