“Ya sea que compres un monoambiente o un campo de millones de dólares, mientras adhieras al nuevo régimen simplificado de Ganancias, ARCA no mirará tu incremento patrimonial ni tu consumo”. La frase fue posteada en la red social X por la Oficina del Presidente en mayo, apenas se anunció el plan con el cual el Gobierno pretende que quienes tienen ahorros no declarados decidan que esos recursos vean la luz (que salgan de debajo de colchón o de donde se los haya guardado) y se destinen a la compra de bienes.
El mensaje de “no te vamos a mirar ni te vamos a perseguir”, aun cuando la cifra involucrada te suene y sea efectivamente importante, fue ratificado ayer por el director de la agencia de recaudación, Juan Pazo, con otro ejemplo: “Si una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles”. Es decir, el Estado no se valdrá del dato de una variación patrimonial (ni aun cuando esa variación sea para nada menor), para hacer un reclamo ante una evidente inconsistencia entre los ingresos registrados y las compras realizadas.
Más allá del análisis de los entendidos respecto de si están las prevenciones para evitar la entrada al sistema de fondos de actividades no lícitas, quienes tienen sus bienes e ingresos debidamente declarados bien podrían sentirse muy disgustados ante el plan en sí, y ante la insistencia en frases expresadas por funcionarios hoy a cargo del Estado para justificar a quienes no pagaron tributos, aun teniendo un nivel de ingresos tal que les permitiría acceder, con sus ahorros, a media decena de inmuebles, lo cual no es poco.
Lo que señalan quienes dan su aprobación el plan es que, a diferencia de las leyes de blanqueo que hubo en los últimos años –y que previeron algún premio para el cumplidor–, lo que se busca ahora es un cambio de visión (la inocencia del ciudadano hasta que ARCA demuestre lo contrario) y la instalación de un sistema con beneficios referido a las obligaciones formales de Ganancias (no al monto del impuesto) en el cual, finalmente, quienes antes cumplieron y quienes antes incumplieron, quedarán alcanzados, siempre que decidan adherir (y, al menos por ahora, siempre que no tengan ingresos provenientes del exterior).
En el régimen simplificado de Ganancias, ARCA predeterminará cada año el monto del impuesto, basándose en la facturación y en los gastos deducibles declarados por el contribuyente, quien podrá aceptar o no la cifra informada. No se observarán, como se mencionó, ni los consumos ni los cambios patrimoniales que haya habido en el período en cuestión.
Es una invitación a que los monotributistas con recursos no declarados se pasen al nuevo esquema, que integra el sistema general. Allí -se les promete- tendrán el beneficio de poder usar ahorros sin riesgo de reclamos por tributos impagos, cosa que no podrán en caso de seguir en el monotributo. Un sistema este último que, contextos complicados mediante, no cumplió con la misión con la cual fue creado a fines de los 90: ser un lugar de paso entre la informalidad y el régimen impositivo general, que requiere la inscripción en IVA y Ganancias, y que implica el pago de un aporte jubilatorio que se rige por reglas diferentes a las del sistema simplificado o monotributo.
Una cuestión que tiene su capítulo aparte es el planteo de si, más allá de la normativa y de los discursos para convencer, la percepción de los ahorristas es o será que realmente pueden, a futuro, quedarse tranquilos frente al fisco. Para la evaluación, será crucial saber cómo quedará la ley, en caso de ser aprobada, y también conocer la letra de la reglamentación.
Una de las modificaciones propuestas tendientes a convencer a ciudadanos es el acortamiento del plazo de prescripción de las obligaciones fiscales. Se prevé llevarlo, por ley, de 5 a 3 años para quienes cumplan en término con la presentación de la declaración jurada, siempre que el organismo recaudador no la impugna “por detectar una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros”.
En ese punto, tributaristas como Alberto Tarsitano, docente en la UBA y en la UCA, señalan que “sería deseable que el legislador precisara de manera cuantitativa el concepto de diferencias significativas”, para que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad administrativa.
También se proponen cambios vinculados con los mecanismos de reclamos por parte de ARCA. Por ejemplo, se redefinen las causales para que el organismo no impulse una acción penal. Según el abogado Diego Fraga, “la sistematización propuesta es positiva, pero en la práctica todo depende de la discrecionalidad de ARCA” y se requiere de una reglamentación clara.
En paralelo a las propuestas que expresamente buscan impulsar el uso de los dólares del colchón, entre los ejes del proyecto de ley está el aumento de los montos mínimos evadidos para que haya delitos respecto de los cuales la ley prevé penas. Según el contador Martín Caranta, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, se trata de una actualización que, en términos de dólares, lleva las cifras a las definidas en 2017 (aún vigentes). La evasión simple, explicó, sería a partir de alrededor de US$100.000, cifra que estaba en línea ocho años atrás con los $1,5 millones que dice la ley, y que ahora estaría acorde con los $100 millones propuestos.
“En líneas generales, lo veo muy bien, pero preocupa que no se prevea la actualización automática” de los valores, algo que tampoco ocurrió antes, evaluó Caranta. En el oficialismo señalan que el mecanismo de reajustes será materia a tratar cuando se encare una reforma tributaria de carácter integral.
Es una tarea que está pendiente hace años, como también lo está la de reducir un problema central de la realidad social y económica del país: la muy elevada tasa de informalidad.