La conflictividad que mostraron las protestas en los peajes de la autopista Ricchieri durante la semana pasada escaló a un nuevo nivel. El Gobierno informó que “emitió telegramas de despido a 117 personas de las 2.500 que persistieron con las medidas de fuerza ilegales e ilegítimas del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), ligado a Facundo Moyano”.
El comunicado de la Secretaría de Transporte especifica que se trata de despidos de empleados de la empresa pública Corredores Viales. “La semana pasada, durante cuatro días, afectaron las operaciones de la empresa por motivos ajenos a la misma, causándole al Estado Nacional una pérdida de más de $2.500 millones“, sostuvo la misiva.
Esta cifra está calculada en base a los peajes que se dejan de cobrar cuando las barreras están levantadas, ya sea por la vía convencional o a través del sistema TelePase. Las estimaciones oficiales arrojan una pérdida diaria de $700 millones.
La protesta a la que hace referencia el Ejecutivo corresponde al reclamo de cuatro días en la autopista Ricchieri, cuando finalizó la concesión de Caminos Río Uruguay (Crusa) en la conocida “ruta del Mercosur”, empresa que tenía a su cargo a casi 500 trabajadores.
“Los 117 despidos de Corredores Viales tienen un único objetivo: escalar el conflicto. Lamentablemente, estamos frente a un gobierno que se construye políticamente desde una lógica extrema de conflicto permanente”, declaró el secretario gremial de Sutpa, Marcelo Cortés.
Desde el sindicato expresaron su rechazo a los despidos y denunciaron una presunta violación del derecho a huelga. Además, explicaron que se movilizaron para reclamar mejores condiciones paritarias y manifestarse en contra de la “inminente privatización de Corredores Viales”.
Según la Secretaría de Transporte, las operaciones se habrían visto afectadas “por motivos ajenos a Corredores Viales”, y el sindicato habría cambiado el motivo del conflicto por “otras razones” para justificar las medidas de fuerza.
Cuando el Gobierno menciona “motivos ajenos”, alude a la situación de los casi 500 empleados de Crusa, la extinta concesionaria de la ruta del Mercosur, que administraba los peajes y realizaba el mantenimiento de las rutas 12 y 14. Estas vías atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y son clave para el comercio con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Desde el Ejecutivo entienden que la solución para los trabajadores de Crusa no es responsabilidad de Vialidad, sino del sector privado.
La foto del conflicto son los despidos; la película es la tensión de fondo por la privatización de Corredores Viales y la seguridad de las rutas.
La semana pasada, el Gobierno dispuso la intervención de la empresa pública. En un documento firmado por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, se detalla: “En atención al informe circunstanciado (…) se entiende adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el proceso de privatización y posterior disolución, sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por la empresa”.
Corredores Viales es una de las compañías del Estado cuya posible privatización fue aprobada en la Ley Bases.
Conforme a los criterios de