Lo dijo el presidente Javier Milei; lo repitió varias veces el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo escribió en decenas de hojas el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe técnico sobre la Argentina: llegó una nueva etapa en la gestión económica. Se trata de la tercera, después de la eliminación del déficit fiscal y una posterior que consistió en bajar el cuasi fiscal.
¿Cuál es la tercera? En principio, la consolidación de las variables macro y los primeros pasos de un país sin cepo cambiario. Ahora bien, la pregunta que sigue es saber si llegó la etapa de las reformas estructurares. Y la respuesta es aún una incógnita y dependerá de la conformación del Congreso pasadas las elecciones. Pero si hay algo que quedó claro en las primeras horas después del anuncio es que en la Casa Rosada no forzarán acuerdos inmediatos en busca de nuevas leyes.
El paradigma es más o menos así: si no hay fuertes consensos, no habrá iniciativas. Y si hay que esperar a 2026 o, incluso, a diciembre de 2027, se espera. “Las reformas necesitan mucho apoyo legislativo. No se lo puede lograr ahora”, dijo un hombre de poder a pocas horas de haber abierto el cepo.
Esas reformas estructurales son, básicamente, tres consideraciones que están repetidas en el Staff Report, el informe de los técnicos del FMI que acompañó el acuerdo. Se habla de tres proyectos para modificar los sistemas previsional e impositivo, y avanzar con cambios profundos en la legislación laboral.
“Son leyes que requieren mucho más que una mayoría parlamentaria para ser aprobadas. De hecho, en la presidencia de Mauricio Macri se aprobaron cambios en el sistema previsional y en materia impositiva con el Pacto Fiscal. Duraron una semana después que empezó el gobierno de Alberto Fernández”, dijo otra fuente oficial que camina y deambula por los pasillos del Congreso.
La hora de las “reformas estructurales” ha sido un punto crítico para muchos planes de estabilización que lograron su objetivo a corto plazo, pero que jamás pudieron remontar la cuesta que implica subir al barco a más gente que solo al oficialismo. Por caso, la reforma laboral implica negociaciones con los gremios, y la impositiva, con los gobernadores.
Esa mirada de mediano plazo que tiene el Gobierno, claro, podría modificarse si las condiciones cambian. “No hay tanto apuro, si se da, veremos entonces”, resumía un funcionario. Mientras tanto, el trabajo estará centrado en las cuestiones macro, en la disciplina fiscal y en la enorme posibilidad de usar el bisturí en gran cantidad de territorios sin necesidad de ir al Poder Legislativo. A tiro de decreto o de resolución, se podría decir.
Ahora bien, más allá del diagnóstico y la mesura, hay varios paquetes normativos que tienen fecha como para empezar a definirse. Por caso, la cuestión tributaria. De acuerdo con las conversaciones del equipo económico con el staff del FMI, el Gobierno avanzará con una reforma tributaria para eliminar gradualmente los impuestos más distorsivos (sobre las transacciones comerciales y financieras), además de reducir el “gasto tributario ineficiente (previsto para ciertos grupos y regiones)”. Entre líneas, el Gobierno y el FMI posaron la vista en algunas exenciones regionales como Tierra del Fuego o el beneficio que tienen los petroleros de la Patagonia, con un régimen especial en el impuesto a las ganancias.
Según el compromiso de ambos, en diciembre de 2025 se compartirá con el FMI “una propuesta de reforma” y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience a más tardar en 2026. ¿Se podrá aprobar? Pues dependerá mucho de lo que suceda en las elecciones de octubre.
En esa mesa de negociación y redacción, siempre según el compromiso con el FMI, se deberán sentar los gobernadores: “Para mejorar los incentivos fiscales y la disciplina en los distintos niveles de gobierno, las autoridades pretenden complementar la reforma fiscal a nivel federal, con una reforma del sistema de coparticipación de ingresos, que también se espera que aborde el conjunto altamente distorsionador y complejo de impuestos provinciales y municipales”.
¿Qué pasará con la reforma previsional? Hay que esperar. “Las autoridades preparan una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad (finales de diciembre de 2026)”, es el compromiso de la administración Milei.
La hoja de ruta se completa con la eliminación total de los fondos fiduciarios para septiembre de este año, con la excepción del que se usa para subsidios del gas domiciliario. También para ese mismo mes se deberán eliminar todas las reparticiones “extrapresupuestarias ineficientes”, y tener terminado un plan para avanzar con privatizaciones y concesiones.
Para diciembre de 2025, y para mejorar la focalización y eficiencia de los programas sociales, se espera terminar con una base de datos administrativa única para todos los planes, Sistema de Indicadores Sociales (SIS).
Miguel Kiguel, economista, PhD de la Universidad de Columbia, especialista en macroeconomía y mercados financieros, como él se presenta en la red social X, escribió un libro llamado Las crisis económicas argentinas. “La etapa que viene es política monetaria, lo que están haciendo, controlar los agregados monetarios y subir la tasa de interés con el tipo de cambio más o menos flotante o con bandas. Para frenar la inflación, como lo hizo Israel, es más o menos con esta receta y de a poco. Con tipo de cambio más flexible y tasa de interés”, dice.
Luego agrega: “Las reformas estructurales son importantes, pero hacen a la sostenibilidad de todo el programa, no solamente de la inflación, y son necesarias para que empiece a haber crecimiento. Lo que sí es clave es una reforma fiscal, o un marco que asegure que hay equilibrio fiscal para que el Banco Central no tenga que emitir”.
El informe del Fondo le entrega un papel fundamental en la situación actual a la desregulación, ya no sólo de la economía, sino de la burocracia, que lleva adelante el ministro Federico Sturzenegger. “Las reformas en curso impulsarán la productividad y crearán una economía más orientada al mercado. Si bien el fortalecimiento duradero de los fundamentos macroeconómicos es condición necesaria para un crecimiento sostenible, las autoridades se comprometen a complementarlo abordando continuamente los profundos desafíos estructurales que han frenado la mejora del nivel de vida”, sostiene el informe del organismo.
De acuerdo a los datos con los que ilustran el pedido de reformas, a diferencia de los países de la región, el ingreso real per cápita de la Argentina se contrajo más del 10 % durante el período que va de 2011 a 2023.
Las áreas de reforma más destacadas que aconseja el FMI incluyen un primer capítulo llamado “funcionamiento del mercado”. Allí habla de una mayor flexibilidad del mercado de productos y del mercado laboral, “a la vez que reducirán las barreras de entrada para fomentar la competencia y el empleo formal”.
Luego, entrega algunos ejemplos de desregulación que se impulsaron desde diciembre de 2023 –alquileres, industria aérea, transporte por carretera y parte del mercado farmacéutico–, y relata un compromiso del Gobierno: avanzar para reducir las barreras de entrada y mejorar la competencia en otros sectores como por navegación, alimentos procesados, fertilizantes y herbicidas. “Estos esfuerzos se verán respaldados por las recientes mejoras e implementación de la Ley de Competencia, así como por las evaluaciones continuas de las prácticas antimonopolio en industrias específicas”.
La cuestión laboral está presente. “Tras las reformas dirigidas a permitir una mayor flexibilidad para negociar salarios y el régimen de indemnización por despido a nivel sectorial, se seguirán impulsando los esfuerzos para fomentar la adhesión al nuevo marco, al tiempo que se considera una reforma más amplia de los mercados laborales”, se lee. Luego, argumenta la necesidad de articular esta reforma con la cuestión tributaria, así como con políticas activas de mercado laboral que fomenten la movilidad de los trabajadores hacia sectores con mayor potencial y ventaja comparativa, especialmente a medida que se eliminan las restricciones a la importación.
El capítulo “motosierra”
La idea de mantener el ritmo para achicar el Estado que impuso la administración Milei ocupa parte de la hoja de ruta. “Los esfuerzos para consolidar las entidades estatales (fondos fiduciarios, oficinas estatales, empresas estatales) y profesionalizar el servicio público continuarán mejorando la eficiencia del Estado y racionalizando funciones y estructuras innecesarias”, dice el trabajo que, además, valora la remoción de la burocracia para trámites.
Finalmente, la transparencia. El FMI pide la expansión de la digitalización de los procesos administrativos, además de una ruta de navegación para “mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos de contratación pública”; “fortalecer los marcos anticorrupción”, con la sanción de una actualización de la Ley de Ética Pública; y adecuar los controles destinados a mitigar los riesgos transfronterizos de lavado de dinero. “Estas reformas se implementarán en colaboración con el Fondo y otros socios para el desarrollo”, aseguró el organismo.
Como se dijo, la tarea para el hogar que entregó el FMI requiere de un enorme esfuerzo regulatorio y legislativo. A diferencia de otras veces, los planes del organismo para el país se encuadran perfectamente dentro del manual libertario. Gran parte se podrá hacer por regulación o decreto. Para el resto se necesita, además, una mano política capaz de juntar voluntades. Y ahí aparece una de las falencias del gobierno de Milei. Al menos, por lo que ha demostrado en su corta historia en el poder.
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