WASHINGTON.- El futuro de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Estados Unidos y fue deportado “por error” a su país, donde está preso en una cárcel de máxima seguridad, es cada vez más sombrío. Pese a que la Corte Suprema estadounidense exhortó al gobierno federal a que “facilite” su regreso, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró este lunes en la Casa Blanca junto a Donald Trump que no tenía planes de repatriarlo, insinuando que hacerlo equivaldría a introducir ilegalmente a un terrorista en el país.
Los funcionarios del gobierno de Trump enfatizaron que Ábrego García -quien fue enviado a una prisión salvadoreña en la que hay pandilleros encarcelados- es ciudadano de El Salvador y Washington no puede decidir su futuro. Además, Bukele, quien ha sido un socio crucial para la Casa Blanca en sus empeños de deportación masiva, indicó que “desde luego” no lo enviaría de regreso a suelo estadounidense.
“La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista hacia Estados Unidos?”, declaró Bukele a la prensa en el Despacho Oval. “No tengo la autoridad para devolverlo a Estados Unidos”.
Si El Salvador quisiera devolver a Ábrego García, Washington “lo facilitaría, es decir, pondría a disposición un avión”, apuntó la secretaria de Justicia, Pam Bondi. Pero “ante todo, él estaba ilegalmente en nuestro país, y había estado ilegalmente en nuestro país”, subrayó. “Depende de El Salvador si quieren enviarlo de regreso. No depende de nosotros”.
El caso de Ábrego García ha llamado la atención, ya que el gobierno de Trump ha deportado a cientos de personas a El Salvador con la ayuda de Bukele, cuyo país recibe 6 millones de dólares para albergar a los migrantes acusados -sin pruebas- de pandilleros en una megaprisión de alta seguridad.
El gobierno estadounidense describió la deportación de Ábrego García, de 29 años, como un error administrativo. Sin embargo, en una presentación judicial el lunes, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la agencia “no tiene autoridad para extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia de una nación soberana extranjera”.
En un documento judicial interpuesto por la noche, Joseph Mazzara, asesor legal general interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), argumentó que Ábrego García “ya no es elegible para la suspensión de la deportación” porque Estados Unidos designó a la pandilla MS-13 como organización terrorista extranjera. Los abogados de Ábrego García dicen que el gobierno no ha presentado pruebas de que estuviese afiliado a la MS-13 ni a ninguna otra pandilla.
La negativa de ambos países a permitir el regreso de Ábrego García -quien contaba con una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación por temor a que fuese perseguido por las pandillas– ha intensificado la disputa sobre el futuro del salvadoreño residente de Maryland. También se produce en un trasfondo de enconadas audiencias judiciales en las que el gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a decirle a una jueza qué planea hacer, si es que planea hacer algo, para repatriarlo.
La jueza que lleva el caso, Paula Xinis, sopesa actualmente la posibilidad de conceder una solicitud al equipo jurídico de Ábrego García para obligar al gobierno a explicar por qué no debería ser considerado en desacato.
La disputa en torno a Ábrego García también deja de manifiesto lo crucial que ha sido El Salvador en las operaciones de deportación masiva del gobierno estadounidense.
Desde marzo, El Salvador ha aceptado a más de 200 inmigrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos -a quienes funcionarios del gobierno de Trump han acusado de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violentos-, y los ha colocado en una prisión de máxima seguridad para pandillas del país, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicada a las afueras de la capital, San Salvador.
Los críticos afirman que la prisión comete abusos contra los derechos humanos y que la represión de Bukele contra las pandillas ha detenido a muchas personas inocentes sin el debido proceso.
La cárcel forma parte de la estrategia de mano dura de Bukele para reprimir a las poderosas pandillas callejeras del país, que ha derivado en el encarcelamiento de 84.000 personas y ha convertido al mandatario en una figura sumamente popular en su país.
Pero los demócratas han expresado su alarma por el trato a Ábrego García y a otros migrantes que podrían estar detenidos injustamente en El Salvador. “Ignorar el estado de derecho, desatender fallos unánimes de la Corte Suprema y someter a individuos a detención y deportación sin el debido proceso nos hace un país menos seguro”, advirtió la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Aunque otros jueces habían fallado en contra del gobierno de Trump, este mes la Corte Suprema despejó el camino para que Trump haga uso de la Ley de Enemigos Extranjeros -una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII- para deportar a inmigrantes. Los jueces insistieron en que los inmigrantes tengan una audiencia judicial antes de ser expulsados de Estados Unidos.
Durante el fin de semana, 10 personas más que, según Washington, pertenecen a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua llegaron a El Salvador, informó el domingo el secretario de Estado Marco Rubio.
Trump dijo abiertamente que también está a favor de que El Salvador reciba a estadounidenses que han cometido crímenes violentos, una idea que repitió el lunes.
“Nosotros también tenemos malos, y estoy totalmente de acuerdo porque podemos hacer cosas con el presidente por menos dinero y tener una gran seguridad”, manifestó Trump durante la reunión. “Y tenemos una enorme población carcelaria”. No está claro cómo podría deportarse legalmente a ciudadanos estadounidenses hacia otro lugar del mundo.
Trump afirmó que enviaría a El Salvador a la mayor cantidad posible de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos y que ayudaría a Bukele a construir nuevas cárceles.
Bukele le dijo a Trump que se lo acusa de encarcelar a miles de personas, pero retrucó: “Me gusta decir que, de hecho, liberamos a millones”, una frase que encandiló al magnate. “¿Crees que puedo usar eso?”, le dijo.
Ábrego García creció en San Salvador y es hijo de un exagente de policía y una comerciante de pupusas, el plato emblemático del país.
Una pandilla local, Barrio 18, comenzó a extorsionar a la familia por “dinero de alquiler” y amenazó con matar a su hermano mayor César, o forzarlo a unirse a su pandilla, si no pagaban, según los documentos judiciales. La familia acató la petición, pero a la larga envió a César a Estados Unidos.
De manera similar, Barrio 18 apuntó a Ábrego García, según sus papeles de inmigración. Cuando tenía 12 años, la pandilla amenazó con llevárselo hasta que su padre les pagara “todo el dinero que quisieran”.
La familia se mudó a 10 minutos de distancia, pero la pandilla amenazó con violar y matar a las hermanas de Ábrego García, según registros judiciales. La familia cerró el negocio, se mudó nuevamente y finalmente envió a Ábrego García a Estados Unidos.
Ábrego García huyó a Estados Unidos ilegalmente aproximadamente en 2011, el año en que cumplió 16 años, según documentos presentados en su caso de inmigración. Se sumó a César, ahora ciudadano estadounidense, en Maryland y encontró trabajo en la construcción.
Unos cinco años después, Ábrego García conoció a Jennifer Vasquez Sura, una ciudadana estadounidense. En 2018, después de que ella se enteró que estaba embarazada, se mudó con ella y los dos hijos que ella ya tenía. Vivían en el condado de Prince George, en las afueras de Washington.
En 2019, Ábrego García acudió a una tienda en busca de trabajo y fue arrestado por la policía del condado, según documentos judiciales. Los detectives le preguntaron si era miembro de una pandilla. Después de explicar que no lo era, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Posteriormente Ábrego García le dijo a un juez de inmigración que solicitaría asilo y pidió ser liberado. Vasquez Sura llevaba cinco meses de un embarazo de alto riesgo.
Sin embargo, el ICE alegó que era un miembro certificado de una pandilla basándose en información que provenía de un informante confidencial utilizado por la policía del condado, señalan los registros. Según los abogados de Ábrego García en su caso actual, el informante criminal había alegado que Ábrego García pertenecía a una rama de la MS-13 en Nueva York, donde nunca vivió.
La información fue suficiente para que en 2019 un juez de inmigración mantuviera a Ábrego García en la cárcel mientras su caso de inmigración seguía su curso, según registros judiciales. El juez indicó que el informante era acreditado y confiable y había verificado su pertenencia a la pandilla y su rango.
Más adelante Ábrego García se casó con Vasquez Sura en un centro de detención de Maryland, según documentos judiciales. Ella dio a luz mientras él aún estaba en la cárcel.
En octubre de 2019, un juez de inmigración rechazó la solicitud de asilo de Ábrego García, pero le otorgó protección para no ser deportado de regreso a El Salvador debido a un “temor bien fundado” de persecución por parte de pandillas. Fue liberado, y el ICE no apeló.
Ábrego García acudía anualmente al ICE a pasar registro mientras el Departamento de Seguridad Nacional le emitía un permiso de trabajo, indicaron sus abogados en los documentos judiciales. Se unió a un sindicato y estaba empleado a tiempo completo como aprendiz de hojalatero.
Agencias AP y Reuters
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