Luego de que el Gobierno anticipara que este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará el nuevo acuerdo con la Argentina, el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, informó vía su cuenta de la red social X que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viajará a Buenos Aires el próximo 14 de abril para reunirse tanto con el presidente Javier Milei como con referentes del sector privado para “reafirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas” de la gestión libertaria.
En tanto, un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, sostuvo que, durante su visita, el secretario Bessent se reunirá con el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, así como con otros miembros del gobierno y la comunidad empresarial de Argentina.
“Con el presidente Milei, la Argentina ha llevado a cabo políticas a través de acciones, no sólo palabras. Como destacó el presidente Donald J. Trump, el presidente Milei ha sacado a la Argentina de una profunda crisis económica. Durante sus reuniones en la Argentina, el secretario Bessent reiterará el firme respaldo de Estados Unidos a la implementación continua de la sólida agenda económica del presidente Milei y alentará a la comunidad internacional a apoyar plenamente sus esfuerzos de reforma económica”, aseguraron.
El viaje del funcionario es un fuerte gesto en el marco de la negociación con el Fondo y el diálogo entre ambos países por los aranceles del 10% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso a la Argentina y decenas de países.
Al respecto, Milei anunció el jueves pasado que la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de tal manera que cumpla con los requerimientos de la propuesta de aranceles elaborada por el gobierno estadounidense. A su vez, el presidente argentino mencionó que ya cumplieron con “9 de los 16 requerimientos necesarios”, pero no especificó cuáles son los que quedan pendientes.
Estados Unidos volcó esas observaciones en el informe titulado “Barreras del Comercio Internacional”, elaborado por el Departamento de Comercio de ese país. Allí reiteró observaciones de larga data como las restricciones cambiarias, la exigencia de mayores controles para mercados informales como La Salada y “Barrio Once”, las prohibiciones contra determinados productos que buscan ingresar en la Argentina, impuestos y burocracia aduanera.
En despachos oficiales evitaron adelantar cuáles serán las nuevas medidas que completen esos 16 requerimientos. Sin embargo, mencionaron el informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En cuatro páginas, incluyeron 11 puntos.
Uno de los primeros que aparecen en el reporte estadounidense es la tasa estadística del 3% “que grava las destinaciones definitivas de importación para consumo”, según el decreto 1140 que firmó Milei el 31 de diciembre último. De ese modo, el Gobierno prorrogó la vigencia de este impuesto que había sido creado con la Ley de Emergencia Pública, impulsada en diciembre de 2019 por la entonces incipiente gestión de Alberto Fernández con Martín Guzmán en el Ministerio de Economía.
A propósito de impuestos, el informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos apuntó contra el pago anticipado del IVA a las compras en el exterior. “Si bien algunos de estos impuestos a la importación se concilian después de la importación, en la práctica esto requiere un tiempo considerable. En el contexto inflacionario de la Argentina, este sistema de pago anticipado grava desproporcionadamente las importaciones”, sostiene el documento.
Sobre este punto, el Gobierno comenzó a adoptar medidas. Si bien no eliminó el régimen de pago anticipado del IVA a las importaciones, volvió a permitir que pueda presentarse un “certificado de exclusión” emitido por el fisco. Este habilita a los contribuyentes a quedar exceptuados de ciertas percepciones o retenciones impositivas. En este caso, evita el pago anticipado de IVA y Ganancias en importaciones cuando la empresa demuestra que dichos anticipos generan un saldo a favor que no podrá compensar en el corto plazo.
“La situación de los innovadores en los sectores farmacéutico y agroquímico presenta importantes desafíos. En primer lugar, el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina”, remarca el informe estadounidense. Este ha sido un tema sensible para los laboratorios. “Continúa la acumulación de solicitudes de patentes para productos farmacéuticos y biosimilares, lo que resulta en demoras excesivas para estos productos”, describió el Departamento de Comercio norteamericano.
La Argentina no forma parte del tratado de cooperación de patentes (PTC) del que participan 158 países y habilita a realizar trámites menos costosos para registrar la propiedad intelectual. En la región, Venezuela, Paraguay y Bolivia son otros Estados que no suscribieron ese acuerdo, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Wipo).
El capítulo sobre propiedad intelectual también contempló observaciones sobre “productos falsificados y pirateados que siguen estando ampliamente disponibles”. La Salada y el barrio de Once aparecieron en las páginas de este informe que es analizado en todo el mundo. “El régimen legal vigente y la deficiente aplicación de la ley dificultan la capacidad de los titulares de derechos, las fuerzas del orden y los fiscales para frenar, mediante acciones legales, el crecimiento de los mercados ilegales, tanto en línea como físicos”, determinó el reporte.
Otro aspecto abordado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos son las prohibiciones de ingreso al país de algunos tipos de productos estadounidenses. Aludieron a bienes de capital usados, como maquinaria agrícola, neumáticos y equipos médicos; ítems manufacturados, como autopartes, equipos de movimiento de tierra y aparatos de la tecnología de la información y comunicación; y utilizó la palabra “restricciones” para referirse a bienes de consumo como equipos electrónicos, vehículos ferroviarios, equipos ópticos y de fotografía, buses y barcos, entre otros.
Además, el informe recuerda la inhabilitación al ganado vivo norteamericano para entrar en la Argentina “debido a supuestas preocupaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)”, enfermedad conocida como “el mal de la vaca loca”.
Las autoridades norteamericanas no se olvidaron del capítulo cambiario. En este caso, hicieron referencia a la demora del Banco Central para liberar los dólares que permitan pagar las importaciones. El informe reconoció que el Gobierno redujo ese tiempo de 120 días a 30 días. “Las restricciones restantes para el pago de facturas en moneda extranjera requieren negociaciones interempresariales o acceso al crédito por parte del importador, lo que aumenta los costos de transacción de los bienes y servicios importados”, agregaron.
La burocracia también tuvo lugar en el informe a través de la “consularización” de documentación aduanera para habilitar la importación, que firman las sedes diplomáticas. A su vez, el trabajo calificó como “condiciones estrictas” a las normativas que regulan el uso de los bienes importados, su reacondicionamiento en el caso de productos de segunda mano y “peritaciones técnicas realizadas únicamente por el Instituto Tecnológico Industrial estatal”.
Por último, el informe reconoció que “la Argentina redujo los aranceles de 113 líneas arancelarias entre enero y septiembre de 2024″. Sin embargo, recordó que en octubre de 2023 el país “elevó el arancel del whisky al 35%, mientras que el arancel para todas las demás bebidas alcohólicas se mantiene en el 12%”.