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La justicia brasile\u00f1a tom\u00f3 otra decisi\u00f3n determinante en la causa Odebrecht,<\/strong> que tiene sus correlato en los Tribunales federales argentinos. En un escrito de 120 p\u00e1ginas al que accedi\u00f3 Clar\u00edn<\/strong> se dispuso \u201ccon car\u00e1cter definitivo\u201d que las declaraciones de los arrepentidos y la prueba producida en ese pa\u00eds que hab\u00eda sido solicitada por los tribunales argentinos para sumar a tres expedientes por coimas que se tramitan en Comodoro Py no pueden ser utilizadas porque fueron declaradas nulas en Brasil.<\/strong><\/p>\n Tras la anulaci\u00f3n de una gran cantidad de pruebas vinculadas al Lava Jato<\/strong>, la causa por blanqueo de activos que comenz\u00f3 con las confesiones de los directivos de Odebrecht, quienes admitieron haber pagado sobornos en 12 pa\u00edses para obtener obra p\u00fablica, la mega investigaci\u00f3n que tuvo su cap\u00edtulo en la justicia argentina empieza a peligrar. <\/strong>En la Argentina hay tres expedientes encaminados al juicio, que tienen muchas m\u00e1s pruebas que las que ahora niega Brasil.<\/strong><\/p>\n La documentaci\u00f3n firmada por Anamara Os\u00f3rio Silva<\/strong>, Procuradora Regional da Rep\u00fablica y secretaria de Cooperaci\u00f3n Internacional, informa al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que no le enviar\u00e1 la documentaci\u00f3n solicitada en el marco del convenio de cooperaci\u00f3n firmado entre el Ministerio P\u00fablico Fiscal de nuestro pa\u00eds y el brasile\u00f1o.<\/p>\n El TOF 7 tiene a su cargo la realizaci\u00f3n del juicio de la causa Odebrecht que investig\u00f3 corrupci\u00f3n en la asignaci\u00f3n de dos plantas potabilizadoras de AySA<\/strong> a trav\u00e9s de la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la constructora brasile\u00f1a y compa\u00f1\u00edas argentinas.<\/p>\n Por ese caso est\u00e1n acusados, entre otros, Julio De Vido, Roberto Baratta y Jos\u00e9 L\u00f3pez. <\/strong>Tambi\u00e9n el lobbista Jorge \u201cCorcho\u201d Rodr\u00edguez, a quien se acusa de haber gestionado las coimas que supuestamente habr\u00eda pagado Odebrecht para reactivar las obras de AySA luego de la muerte de N\u00e9stor Kirchner en 2010. Esos pagos ilegales se habr\u00edan retomado hasta 2014. <\/p>\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Rodr\u00edguez intermedi\u00f3 entre los brasile\u00f1os y los funcionaros kirchneristas, y a trav\u00e9s de la firma uruguaya Sabrimol Trading recibi\u00f3 un total de 6.450.000 d\u00f3lares que en parte habr\u00edan terminado en los bolsillos de los funcionarios K.<\/p>\n En un oficio remitido v\u00eda Canciller\u00eda, el TOF 7 hab\u00eda pedido el env\u00edo de las declaraciones (filmes, actas y grabaciones) prestadas por Luiz Antonio Mameri<\/strong> en el marco del acuerdo de delaci\u00f3n premiada (en nuestro pa\u00eds, es el imputado colaborador) y de M\u00e1rcio Faria da Silva,<\/strong> ambos directivos de Odebrecht relacionados con el caso argentino.<\/p>\n Para organizar el juicio oral, el TOF 7 tambi\u00e9n hab\u00eda requerido el env\u00edo de \u201ctoda documentaci\u00f3n obtenida que haya sido extra\u00edda de los sistemas \u201cmy web day\u201d y \u201cDrousys\u201d utilizados por Odebrecht, que comprueben pagos a autoridades argentinas o a sus intermediarios<\/strong>\u201d, y cualquier otra informaci\u00f3n obtenida en la investigaci\u00f3n del Lava Jato y que pudiera guardar relaci\u00f3n con los hechos investigados en Comodoro Py.<\/p>\n Por \u00faltimo, el Tribunal solicit\u00f3 a las autoridades brasile\u00f1as que los imputados colaboradores Luiz Antonio Mameri y M\u00e1rcio Faria da Silva queden a disposici\u00f3n de la justicia argentina para prestar prestar testimonio en el juicio oral personalmente o por videoconferencia.<\/strong><\/p>\n La Procuraci\u00f3n General de Brasil respondi\u00f3 que todo lo requerido por la justicia federal argentina \u201cest\u00e1 intr\u00ednsecamente relacionado las pruebas oriundas de los sistemas inform\u00e1ticos Drousys y My Web Day B\u201d, que el Supremo Tribunal Federal declar\u00f3 como \u201cinservibles\u201d<\/strong>.<\/p>\n En nuestro pa\u00eds la justicia hab\u00eda utilizado informaci\u00f3n obtenida de esas confesiones de arrepentidos para apuntalar las acusaciones contra los imputados. Jorge \u201cCorcho\u201d Rodriguez<\/strong> acudi\u00f3 al Superior Tribunal de Brasil para cuestionarlo, y obtuvo la prohibici\u00f3n, en territorio brasile\u00f1o, del uso judicial de esos elementos.<\/p>\n Estos mismos conceptos fueron retomados por la Procuraci\u00f3n General de Brasil al responder al pedido del TOF 7. Esa \u201cdeclaraci\u00f3n de inservibilidad de los elementos de prueba obtenidos a partir do Acuerdo de Delaci\u00f3n<\/strong> 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado por Odebrecht, y los sistemas Drousys y My Web Day B, como todos los dem\u00e1s elementos que de prueba en qualquer \u00e1mbito de cualquier jurisdicci\u00f3n\u201d, impide colaborar con pruebas que est\u00e1n cuestionada y anuladas. <\/strong>El oficio fue devuelto sin la informaci\u00f3n requerida.<\/p>\n Cuando el lobbista \u201cCorcho\u201d Rodr\u00edguez se present\u00f3 ante la justicia de Brasil, sostuvo que las acusaciones penales en su contra en Argentina se encuentran \u201cbasadas en elementos indicativos y probatorios considerados in\u00fatiles\u201d, en funci\u00f3n de las resoluciones que discutieron esas medidas de prueba, entre otras cosas su posible manipulaci\u00f3n y falta de cadena de custodia.<\/strong><\/p>\n La discusi\u00f3n se centr\u00f3 en los datos obtenidos por intermedio de los sistemas inform\u00e1ticos y las declaraciones de Luis Antonio Mameri, un ex directivo de Odebrecht que se hab\u00eda acogido al instituto del arrepentido.<\/p>\n Los sistemas Drousys y MyWebDay de Odebrecht almacenan sus datos en los Estados Unidos, \u201ctodo ello al margen de la legislaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan estableci\u00f3 la justicia brasile\u00f1a. MyWebDay es una versi\u00f3n del sistema inform\u00e1tico contable de la constructora \u201ca trav\u00e9s del cual se generaban y alimentaban hojas de c\u00e1lculo para, supuestamente, controlar y organizar el pago de ventajas indebidas<\/strong>\u201d, explic\u00f3 el funcionario del Superior Tribunal de Justicia.<\/p>\n A su vez, Drousys era un \u201centorno virtual confidencial destinado al almacenamiento de archivos y a la comunicaci\u00f3n entre los miembros del equipo del \u2018Departamento de Operaciones Estructuradas\u2019 -la oficina de sobornos trasnacionales que ten\u00eda Odebrecht- y entre estos y los operadores financieros (cambistas y controladores de cuentas en el extranjero, por supuesto). para supuestamente permitirles intercambiar mensajes instant\u00e1neos y correos electr\u00f3nicos sobre los hechos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n El \u201cCorcho\u201d Rodr\u00edguez est\u00e1 acusado en el caso AySA<\/strong>, que instruy\u00f3 el juez Sebasti\u00e1n Casanello, y en el que investig\u00f3 coimas en la licitaci\u00f3n del soterramiento del tren Sarmiento<\/strong> que fue adjudicada a IECSA, propiedad en ese momento de \u00c1ngelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Cuando acudi\u00f3 al Superior Tribunal de Justicia brasile\u00f1o para pedir que se anulen las pruebas en su contra obtenidas en ese pa\u00eds, el ministro Jos\u00e9 Antonio Dias Toffoli respondi\u00f3 que \u201cla acci\u00f3n penal utiliza pruebas consideradas in\u00fatiles por esta Corte Suprema\u201d.<\/strong><\/p>\n En el marco de ese expediente se investig\u00f3 una ruta de 36 millones de d\u00f3lares que se habr\u00edan pagado a funcionarios argentinos hasta el 2015 <\/strong>para manipular diversos contratos de obra p\u00fablica. Es s\u00f3lo una porci\u00f3n de los m\u00e1s de 700 millones de d\u00f3lares que pagaron en otros once pa\u00edses para obtener obras.<\/p>\n En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasile\u00f1a, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos. <\/strong>Entre ellas las plantas potabilizadoras realizadas por AySa que instruy\u00f3 el juez Sebasti\u00e1n Casanello y ya fue enviada a juicio oral, la ampliaci\u00f3n de gasoductos que tramit\u00f3 en el juzgado de Daniel Rafecas y la que se concentra en la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento a cargo del magistrado Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La justicia brasile\u00f1a tom\u00f3 otra decisi\u00f3n determinante en la causa Odebrecht, que tiene sus correlato en los Tribunales federales argentinos. 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