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La Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 este mi\u00e9rcoles la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.<\/strong> La pena, de seis a\u00f1os de c\u00e1rcel, corresponde al delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado<\/strong>, con una inhabilitaci\u00f3n de por vida para ejercer cargos p\u00fablicos. <\/strong>El da\u00f1o ocasionado a trav\u00e9s de los beneficios concedidos a L\u00e1zaro B\u00e1ez por medio de la obra p\u00fablica vial, ascendi\u00f3 a 85.000 millones de pesos. La resoluci\u00f3n ser\u00e1 apelada para que se expida la Corte Suprema, \u00faltima instancia del Poder Judicial.<\/p>\n En una breve audiencia que tambi\u00e9n fue transmitida por YouTube, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetave\u00f1a<\/strong> dieron lectura a la sentencia del caso Vialidad, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adopt\u00f3 el 6 de diciembre de 2022.<\/p>\n Causa Vialidad: casaci\u00f3n confirm\u00f3 la condena a Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/p>\n Por unanimidad<\/strong>, los camaristas confirmaron las condenas de Cristina Kirchner, Jos\u00e9 L\u00f3pez, L\u00e1zaro B\u00e1ez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafa\u00f1e, Ra\u00fal Pavesi, Jos\u00e9 Ra\u00fal Santiba\u00f1ez, Ra\u00fal Daruich y Mauricio Collareda, por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n Sin embargo, la ex presidenta y vicepresidenta no ir\u00e1 a la c\u00e1rcel. <\/strong>La sentencia s\u00f3lo ser\u00e1 de cumplimiento efectivo cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso. Las defensas como el Ministerio P\u00fablico Fiscal, tienen diez d\u00edas para pedir que el m\u00e1ximo tribunal intervenga en el caso. Ser\u00e1 reci\u00e9n en marzo cuando la sentencia comience a ser estudiada. <\/p>\n El dinero que se habr\u00eda sustra\u00eddo de las arcas p\u00fablicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a 84.835.227.378,04 pesos. <\/strong>Es el dinero que los camaristas ordenaron decomisar a los condenados.<\/p>\n Adem\u00e1s, por unanimidad, se convalidaron las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, H\u00e9ctor Garro<\/strong>, y el sobreseimiento por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal de Carlos Santiago Kirchner, acusado durante el juicio \u00fanicamente por incumplimiento de deberes de funcionario p\u00fablico.<\/p>\n Hubo un solo voto, del juez Gustavo Hornos, que sostuvo que tambi\u00e9n se hab\u00eda configurado el delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita,<\/strong> motivo por el cual consider\u00f3 que Cristina, L\u00f3pez, B\u00e1ez y Periotti, deb\u00edan ser condenados por dicha acusaci\u00f3n. Un criterio que no acompa\u00f1aron sus pares Borinsky y Barroetave\u00f1a.<\/p>\n En un fallo de m\u00e1s de 1.700 fojas, la Casaci\u00f3n Federal refrend\u00f3 la hip\u00f3tesis trazada desde la instrucci\u00f3n del expediente: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de B\u00e1ez en forma irregular, adem\u00e1s tuvieron procesos direccionados hacia \u00e9l, con simulaci\u00f3n de concursos y sobrecostos. El amigo de la familia Kirchner se qued\u00f3 con<\/strong> el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz, la mitad de las cuales quedaron inconclusas pero igual se cobraron.<\/strong><\/p>\n Los camaristas encontraron que los hechos atribuidos a Cristina Kirchner ten\u00edan sustento jur\u00eddico y convalid\u00f3 los fundamentos del TOF 2. Los integrantes de la Sala IV expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, \u201cen cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudic\u00f3 los intereses pecuniarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica nacional<\/strong>\u201c.<\/p>\n Se trata de las 51 licitaciones otorgadas sistem\u00e1ticamente, al Grupo Austral propiedad de L\u00e1zaro B\u00e1ez. En este sentido se explic\u00f3 c\u00f3mo se puso el Estado en beneficio de un grupo econ\u00f3mico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Naci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n Los responsables de las diversas \u00e1reas \u201comitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas,<\/strong> como as\u00ed tambi\u00e9n supervisar m\u00ednimamente la marcha de la construcci\u00f3n de las obras\u201d. Ademas, se habl\u00f3 de un \u201ctrato preferencial a las sociedades del grupo provey\u00e9ndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados <\/strong>de certificados de obra\u201d.<\/p>\n El funcionamiento de esa estructura, entendieron los camaristas, posibilit\u00f3 que el grupo empresarial de B\u00e1ez tuviera un \u201ccrecimiento econ\u00f3mico exponencial se vio directamente asociado con la asignaci\u00f3n de obra p\u00fablica vial en el \u00e1mbito de esa jurisdicci\u00f3n\u201d. Austral Construcciones tuvo como \u00fanico ingreso econ\u00f3mico los fondos del Estado nacional. <\/strong><\/p>\n Los procesos licitatorios cuestionado en este caso, fueron llevados a cabo, en su mayor\u00eda, por la Administraci\u00f3n General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este \u00faltimo organismo en forma directa. <\/p>\n Por ese motivo, se expres\u00f3 que los imputados Periotti, Daruich, Collareda, Villafa\u00f1e, Pavesi y Santib\u00e1\u00f1ez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, \u201coperaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecuci\u00f3n de las obras\u201d.<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n se responsabiliz\u00f3 a Jos\u00e9 L\u00f3pez, quien se desempe\u00f1\u00f3 como secretario de Obras P\u00fablicas.<\/p>\n Al momento de determinar la estructura defraudatoria, se hizo menci\u00f3n a una \u201calianza delictiva de funcionarios p\u00fablicos<\/strong> de distinta jerarqu\u00eda que, parad\u00f3jicamente, ten\u00edan a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro pa\u00eds en materia de lucha contra la corrupci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n Respecto al an\u00e1lisis de las responsabilidades institucionales, los jueces Hornos, Borinsky y Barroetave\u00f1a entendieron que en las gestiones kirchneristas, existieron \u201cun conjunto de actos de gobierno\u201d que tuvieron por finalidad \u201cconcretar la ejecuci\u00f3n de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades\u201d<\/strong>.<\/p>\n En esa l\u00f3gica, se destac\u00f3 la suscripci\u00f3n por parte Cristina Kirchner del Decreto 54\/09, que permiti\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- \u201cfinanciar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a L\u00e1zaro B\u00e1ez\u201d<\/strong>. Esa normativa tuvo la intervenci\u00f3n de Jos\u00e9 L\u00f3pez, quien sugiri\u00f3 la confecci\u00f3n de dicho circuito.<\/p>\n Mir\u00e1 tambi\u00e9n<\/p>\n Mir\u00e1 tambi\u00e9n<\/p>\n La Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 este mi\u00e9rcoles la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La pena, de seis a\u00f1os de c\u00e1rcel, corresponde al delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del Estado, con una inhabilitaci\u00f3n de por vida para ejercer cargos p\u00fablicos. 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La asociacion il\u00edcita, otra vez en minor\u00eda<\/h2>\n
Responsabilidades institucionales<\/h2>\n
Siete jueces, una certeza y una inigualable oportunidad perdida en la condena a Cristina Kirchner por corrupci\u00f3n<\/h3>\n
Las claves del fallo contra Cristina Kirchner: lawfare, una maquinaria de corrupci\u00f3n y el rol central de la ex presidenta<\/h3>\n
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