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C\u00d3RDOBA.- Un fallo de la Corte Suprema <\/strong>reactualiz\u00f3 el debate por la pertinencia de determinadas tasas municipales. <\/strong>El m\u00e1ximo tribunal revoc\u00f3 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de C\u00f3rdoba<\/strong> que hab\u00eda avalado el cobro de una contribuci\u00f3n municipal al Banco Galicia. <\/strong>Estableci\u00f3 que una tasa no puede convertirse, con otro nombre, en un impuesto.<\/strong> <\/p>\n En el fallo, la Corte Suprema se\u00f1al\u00f3 que, para cobrar una tasa, el municipio debe demostrar qu\u00e9 servicio presta,<\/strong> demostrar que fue \u201cefectivamente organizado y puesto a disposici\u00f3n del contribuyente\u201d y que hay una \u201crelaci\u00f3n razonable\u201d entre esa prestaci\u00f3n y el monto exigido.<\/p>\n El dictamen se da en medio de la pelea que el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo,<\/strong> mantiene con municipios de todo el pa\u00eds por las cargas que aplican sobre la actividad econ\u00f3mica. El funcionario sostiene que esas tasas terminan traslad\u00e1ndose a los precios y encareciendo el cr\u00e9dito y la actividad productiva. Los intendentes, por su lado, las defienden como una fuente genuina de financiamiento de servicios que las municipalidades deben prestar y enfatizan su autonom\u00eda para establecerlas.<\/p>\n \u201cExcelente fallo\u201d, escribi\u00f3 Caputo hoy aludiendo a la decisi\u00f3n de la Corte. <\/p>\n La Corte Suprema fall\u00f3 en la causa \u201cBanco de Galicia y Buenos Aires SA c\/ Municipalidad de C\u00f3rdoba\u201d. <\/strong>El conflicto comenz\u00f3 en 2008, cuando la Direcci\u00f3n General de Recursos Tributarios de la ciudad capital determin\u00f3 una deuda del banco por la denominada \u201ccontribuci\u00f3n que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios\u201d<\/strong>. <\/p>\n El ajuste correspond\u00eda a per\u00edodos fiscales comprendidos entre 2001 y 2005, a los que se sumaron intereses y sanciones. El Galicia recurri\u00f3 a la Justicia y el expediente termin\u00f3 llegando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de C\u00f3rdoba. <\/p>\n El punto central no era solo cu\u00e1nto deb\u00eda pagar, sino qu\u00e9 puede considerar un municipio como contraprestaci\u00f3n para justificar una tasa<\/strong>. La ordenanza cordobesa vinculaba el tributo con una larga lista de servicios: contralor, salubridad, higiene, asistencia social, desarrollo de la econom\u00eda y \u201ccualquier otro\u201d no retribuido mediante otro tributo, pero orientado al bienestar general. <\/p>\n El TSJ consider\u00f3 que, como el banco desarrollaba su actividad en locales dentro del tejido municipal, pod\u00eda presumirse que recib\u00eda los servicios p\u00fablicos brindados por la Municipalidad<\/strong>. En esa l\u00ednea, coloc\u00f3 sobre el contribuyente la carga de demostrar que no los hab\u00eda recibido.<\/p>\n La Corte Suprema acaba de cambiar ese criterio: si el municipio pretende cobrar una tasa, debe acreditar que organiz\u00f3 y puso efectivamente a disposici\u00f3n el servicio que justifica el pago<\/strong>.<\/p>\n El presidente de la Corte, Horacio Rosatti<\/strong>, fij\u00f3 tres condiciones. Primero, la norma debe definir con claridad el hecho imponible y los servicios que justifican el tributo. Segundo, esos servicios deben haber sido organizados y puestos efectivamente a disposici\u00f3n del contribuyente; no alcanza con que est\u00e9n mencionados en una ordenanza. Tercero, el monto de la tasa debe guardar una relaci\u00f3n razonable con el costo global de la prestaci\u00f3n y la capacidad contributiva. <\/p>\n Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti<\/strong> coincidieron con la conclusi\u00f3n en un voto conjunto.<\/p>\n La discusi\u00f3n tiene un antecedente particularmente importante para C\u00f3rdoba: Laboratorios Raffo<\/strong>. En ese caso, la Corte ya hab\u00eda declarado inconstitucional el mismo art\u00edculo 231 del C\u00f3digo Tributario Municipal cordob\u00e9s y cuestionado que servicios gen\u00e9ricos pudieran utilizarse para justificar el cobro de una tasa. Luego, en Syngenta Agro<\/strong>, volvi\u00f3 a sostener esa doctrina. Tambi\u00e9n en Quilpe<\/strong>, referido a una tasa de la ciudad de La Rioja, sostuvo que cuando un contribuyente niega haber recibido el servicio, es el municipio el que debe probar que la prestaci\u00f3n existi\u00f3.<\/p>\n En setiembre de 2024, el Ministerio de Econom\u00eda dict\u00f3 la resoluci\u00f3n 267\/2024<\/strong>, que plantea que las facturas de servicios esenciales deben incluir exclusivamente los cargos correspondientes al servicio contratado y prohibi\u00f3 incorporar tasas o impuestos ajenos. La medida apunt\u00f3, entre otros casos, a boletas de luz y gas que inclu\u00edan tasas municipales. <\/p>\n Aquella decisi\u00f3n abri\u00f3 otra batalla judicial y pol\u00edtica. Caputo acus\u00f3 a los intendentes de utilizar las facturas de servicios para ocultar o diluir la carga tributaria frente al consumidor. Los municipios y algunas provincias cuestionaron que la Naci\u00f3n pudiera intervenir de esa manera sobre recursos locales. <\/p>\n En diciembre pasado, Econom\u00eda lanz\u00f3 el Portal de Transparencia Tributaria Municipal<\/strong>, con informaci\u00f3n sobre las bases imponibles, al\u00edcuotas y esquemas de distintas tasas en municipios de todo el pa\u00eds. El objetivo declarado fue transparentar la presi\u00f3n fiscal local y permitir comparaciones entre jurisdicciones.<\/p>\n Por su lado, el Banco Naci\u00f3n <\/strong>en febrero del 2025 anunci\u00f3 el cierre de su sucursal de Ramos Mej\u00eda, en La Matanza, y su traslado a Ciudadela, en Tres de Febrero. El argumento fue el peso de las tasas locales: seg\u00fan el banco, hab\u00eda pagado m\u00e1s de $5000 millones en 2024<\/strong> en tributos municipales en La Matanza. Unas semanas antes, el Banco Santander hab\u00eda tomado una decisi\u00f3n similar con su sucursal de La Tablada, tambi\u00e9n en La Matanza. <\/p>\n El Banco Naci\u00f3n tambi\u00e9n consigui\u00f3 en noviembre de 2024 medidas cautelares de la Justicia Federal para suspender las tasas que le cobraban las municipalidades de C\u00f3rdoba y Jes\u00fas Mar\u00eda; <\/strong>argument\u00f3 que eran desproporcionadas respecto de la actividad desarrollada.<\/p>\nAntecedentes<\/span><\/h3>\n<\/p>\n