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El c\u00f3ctel se hizo anoche a las 19 en la embajada de Canad\u00e1<\/strong>, en la previa del Energy Week <\/strong>que se desarrolla hoy y ma\u00f1ana en Buenos Aires. Se celebraban los lazos crecientes entre los dos pa\u00edses en el sector energ\u00e9tico y todo transcurri\u00f3 con normalidad, salvo por una ausencia. La embajada organizaba la recepci\u00f3n junto con la Bolsa de Toronto y el grupo financiero canadiense Canaccord, que se baj\u00f3 a \u00faltimo momento<\/strong>. Sus directivos iban a viajar al pa\u00eds y decidieron no hacerlo. No era el momento, seg\u00fan pudo saber LA NACION<\/strong>.<\/p>\n Canaccord Genuity Limited figura en la lista de 45 empresas y accionistas contra los que la Canciller\u00eda abri\u00f3 procedimientos sancionatorios<\/mark> el viernes pasado por actividades hidrocarbur\u00edferas no autorizadas en el entorno de las islas Malvinas. Aparece all\u00ed como accionista de Eco Oil & Gas, la sociedad que controla a las canadienses JHI Associates y JHI Falklands<\/strong>, licenciatarias en las islas. Ayer el Gobierno ampli\u00f3 la ofensiva sobre otros 15 sujetos, entre ellos accionistas de Navitas Petroleum y de Rockhopper Exploration<\/strong>, las dos empresas detr\u00e1s del proyecto Sea Lion.<\/p>\n La ausencia fue el tema de conversaci\u00f3n de la noche. Entre bandejas de sushi y copas de Saint Felicien, ejecutivos de energ\u00eda y de miner\u00eda se hac\u00edan la misma pregunta: hasta d\u00f3nde va a llegar el Gobierno con su cruzada contra las compa\u00f1\u00edas que operan en Malvinas<\/strong> y si eso puede terminar rozando a los dos sectores que hoy vuelan en la Argentina. \u201cEsto genera un ruido innecesario\u201d<\/strong>, resumi\u00f3 uno de los invitados.<\/p>\n Canaccord tiene inversiones en litio en Salta y ven\u00eda a buscar socios para ampliar su presencia en el pa\u00eds.<\/mark> Una firma que est\u00e1 en el expediente por su participaci\u00f3n en una licenciataria de las islas es, al mismo tiempo, un inversor activo en una de las actividades que m\u00e1s crece en el territorio continental.<\/p>\n La preocupaci\u00f3n de fondo no es la de las petroleras que perforan en el Atl\u00e1ntico Sur, sino la del entramado de proveedores que trabajan para todos. Las principales aseguradoras mar\u00edtimas son inglesas y son pocas. Las auditoras y las reaseguradoras dan servicios a media industria.<\/strong> Los bancos que financian proyectos en Malvinas pueden ser los mismos que analizan financiar obras en Vaca Muerta. \u201cQue esto no afecte la actividad actual. Hay que conocer la industria y saber qu\u00e9 tan interrelacionada est\u00e1 para definir los alcances de las sanciones\u201d, pidi\u00f3 otro de los presentes.<\/p>\n El caso m\u00e1s n\u00edtido apareci\u00f3 en la propia lista del martes. La holandesa Bluewater Energy Services<\/mark> fue incorporada como \u201cproveedor estrat\u00e9gico de infraestructura\u201d por el buque de producci\u00f3n Aoka Mizu, que alquil\u00f3 al consorcio de Sea Lion por 20 a\u00f1os. Esa misma compa\u00f1\u00eda construy\u00f3 en su astillero las dos monoboyas del terminal mar\u00edtimo del oleoducto VMOS<\/mark>, la mayor obra de infraestructura privada de los \u00faltimos a\u00f1os, que conecta Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en R\u00edo Negro.<\/p>\n La sanci\u00f3n no es una multa. Se abre un tr\u00e1mite administrativo; la Canciller\u00eda determina si hay responsabilidad y gira el expediente a la Procuraci\u00f3n para evaluar acciones penales contra los directores<\/strong>. El marco es la ley 26.659, sancionada en 2011 a instancias de Fernando \u201cPino\u201d Solanas, un a\u00f1o despu\u00e9s del descubrimiento del pozo que dio origen a Sea Lion. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberan\u00eda Nacional que el Gobierno enviar\u00e1 la semana pr\u00f3xima al Congreso endurece esas penas<\/strong>, las extiende a los proveedores y habilita los juicios en ausencia. Los directores no necesitan estar en el pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n Algunas compa\u00f1\u00edas empezaron a moverse antes. SLB<\/strong>, la ex Schlumberger, que hab\u00eda participado del primer pozo exploratorio y ya no opera en las islas, fue la primera multinacional de servicios en fijar postura formal ante las autoridades argentinas<\/strong>. Ratific\u00f3 el cumplimiento del marco regulatorio local y descart\u00f3 cualquier v\u00ednculo contractual o t\u00e9cnico con las contratistas internacionales que buscan desarrollar los recursos en Malvinas.<\/p>\n El activo en disputa, adem\u00e1s, es complejo. En Malvinas hay crudo pesado, a diferencia del liviano de Vaca Muerta. El mar argentino es bravo, no cualquier barco lo navega y los puertos cercanos no pueden dar asistencia por el conflicto de soberan\u00eda<\/strong>. Eso encarece todo. Los operadores son de segunda l\u00ednea: Navitas, que cotiza en Tel Aviv, y Rockhopper, en Londres. El consorcio aprob\u00f3 en diciembre pasado una inversi\u00f3n de US$1800 millones para la primera fase, con el primer barril previsto para marzo de 2028 y una producci\u00f3n inicial de 50.000 barriles diarios.<\/p>\n Sobre el final de la noche, las preguntas se volvieron cada vez m\u00e1s hipot\u00e9ticas: \u201cSi Starlink da servicio de internet en las islas, \u00bfva a poder seguir vendi\u00e9ndolo a la miner\u00eda y a la energ\u00eda en la Argentina? Si los operadores toman Coca-Cola, \u00bfalguien va a prohibir la bebida?\u00bb Nadie ten\u00eda la respuesta. En un mundo globalizado, algo del reclamo tiene que ser necesariamente declamativo, y el problema es d\u00f3nde se corta. \u201cSe sabe c\u00f3mo se entra, pero no c\u00f3mo se sale\u201d<\/strong>, cerr\u00f3 uno.<\/p>\nUn proveedor de las dos veredas<\/span><\/h2>\n<\/p>\n