<\/p>\n
Con una reforma legal vigente desde hace casi una d\u00e9cada, pero incumplida en uno de sus puntos centrales, y una gran lupa puesta sobre los peritajes m\u00e9dicos como tel\u00f3n de fondo, la judicialidad por accidentes y enfermedades laborales <\/strong>sigui\u00f3 en los primeros meses de este a\u00f1o la tendencia al alza que mantiene desde la temprana pospandemia.<\/strong> <\/p>\n As\u00ed, cuando se cumplen 30 a\u00f1os de la puesta en vigor del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) <\/strong>-rige desde el 1\u00b0 de julio de 1996-, el problema de los casos que se judicializan es creciente (una vez m\u00e1s), y los \u00edndices que reflejan el peso del problema se muestran heterog\u00e9neos <\/strong>cuando se <\/strong>observan variables como el sector de actividad o la jurisdicci\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/p>\n La industria, por ejemplo, tuvo en 2025 en la provincia de Santa Fe 419,4 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados.<\/strong> Es un \u00edndice que mostr\u00f3 un incremento de 12% respecto del registrado en el a\u00f1o previo, y que multiplica por tres al del total de la econom\u00eda en el pa\u00eds,<\/strong> que result\u00f3 de 132,8. <\/strong>En el sector fabril, al \u00edndice de Santa Fe le siguieron los de las provincias de Entre R\u00edos y Buenos Aires, con 271,8 y 270,2 litigios cada 10.000 asegurados, respectivamente; en estos dos \u00faltimos casos, son los \u00edndices m\u00e1s altos desde, al menos, 2019.<\/p>\n Las cifras mencionadas surgen de un trabajo realizado por el equipo de LA NACI\u00d3N Data, <\/strong>sobre la base de informaci\u00f3n aportada por la Uni\u00f3n de ART. De los registros se concluye tambi\u00e9n que hay diferencias significativas, entre jurisdicciones, en las brechas entre los porcentajes de incapacidad definidos en las comisiones m\u00e9dicas administrativas y los determinados en los peritajes hechos en la instancia judicial. <\/strong>En promedio, esa brecha supera los 12 puntos porcentuales y eso tiene un impacto fuerte en las indemnizaciones dispuestas.<\/p>\n La judicialidad es una cuesti\u00f3n central que atraviesa al sector y repercute en los costos de los empleadores -sobre todo en las pymes- y, en definitiva, en el empleo. La cantidad de juicios iniciados est\u00e1 en alza desde 2021, luego de la ca\u00edda que se hab\u00eda registrado tras la puesta en vigor de la ley 27.348, <\/strong>en 2017, y que se hab\u00eda acentuado con la pr\u00e1cticamente paralizaci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica por la pandemia, en 2020.<\/p>\n En el primer cuatrimestre de este a\u00f1o hubo 39.687 nuevas demandas en las que las ART resultaron notificadas, lo que llev\u00f3 a proyectar que llegar\u00edan a m\u00e1s de 138.000 los casos en todo 2026, <\/strong>de no instrumentarse medidas que logren frenar la suba. La cifra ser\u00eda r\u00e9cord en la historia del sistema, luego de que en 2025 se iniciaran 134.141 litigios.<\/p>\n La ya mencionada ley dispuso que, si se plantean discordancias respecto de los efectos derivados de un accidente o enfermedad -m\u00e1s all\u00e1 del tratamiento m\u00e9dico brindado dentro del sistema- el caso pase obligatoriamente, antes de iniciarse un juicio, por Comisiones M\u00e9dicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), <\/strong>para la determinaci\u00f3n de la existencia o no de una incapacidad indemnizable de origen laboral y, en todo caso, para la definici\u00f3n del grado de la inhabilidad (del que depende el monto del resarcimiento).<\/p>\n Tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, previa adhesi\u00f3n a la ley nacional por parte de las provincias y de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, se constituyan en cada jurisdicci\u00f3n cuerpos m\u00e9dicos forenses<\/strong> -con profesionales cuyos montos a cobrar no est\u00e9n anclados a lo surgido de las pericias-, para definir los eventuales porcentajes de incapacidad durante la tramitaci\u00f3n de litigios. Adicionalmente, la norma mejor\u00f3 los importes de los pagos a cargo de las ART, <\/strong>un cambio que debilit\u00f3 una causa de las demandas.<\/p>\n Seg\u00fan explica la presidenta de la UART, Mara Bettiol,<\/strong> 18 jurisdicciones adhirieron a esa ley de 2017, pero ninguna puso en marcha hasta ahora el cuerpo m\u00e9dico forense de acuerdo con lo previsto en la norma. No aprobaron su adhesi\u00f3n La Rioja, Catamarca, Tucum\u00e1n, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.<\/p>\n Desde la SRT,<\/strong> puntualizan que hasta ahora se firmaron convenios marcos con Santa Fe, San Luis y Jujuy<\/strong> para avanzar en el tema. <\/strong>La provincia que m\u00e1s pasos lleg\u00f3 a dar para poner en funcionamiento el cuerpo m\u00e9dico forense es Santa Fe (se design\u00f3 incluso a tres profesionales, aunque luego se decidi\u00f3 ampliar a nueve el n\u00famero de integrantes). <\/p>\n Por otra parte, seg\u00fan las autoridades del \u00e1rea, hay \u201cconversaciones avanzadas\u201d con la Ciudad de Buenos Aires<\/strong> y con las provincias de Buenos Aires, C\u00f3rdoba<\/strong> -donde el 11 de este mes el Tribunal Superior de Justicia dispuso, mediante una acordada, la creaci\u00f3n de un Servicio de Peritos M\u00e9dicos Oficiales del Fuero Laboral-, Neuqu\u00e9n, Entre R\u00edos, Misiones y Corrientes. <\/strong><\/p>\n En Mendoza<\/strong>, seg\u00fan puntualizan en la SRT, las pericias contin\u00faan siendo realizadas por profesionales m\u00e9dicos de una lista -con honorarios no atados al monto del pleito- pero, a la vez, existe un Cuerpo Interdisciplinario Oficial que interviene a requerimiento del juez, con funciones de supervisi\u00f3n, revisi\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica respecto de los peritajes. Un informe de la UART indica que, tras las revisiones hechas, \u201cel 90% de los dict\u00e1menes fue corregido a la baja\u201d.<\/strong><\/p>\n Tanto en las ART como en la Superintendencia insisten en que son claves un par de cuestiones: que se respete el baremo vigente,<\/strong> para que haya uniformidad de criterios en todo el pa\u00eds a la hora de determinar incapacidades, y que el monto de los ingresos de los peritos sea independiente del grado de inhabilidad por ellos fijado.<\/strong><\/p>\n El baremo, o tabla de evaluaci\u00f3n, es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente o enfermedad laboral en un \u00edndice porcentual de incapacidad; desde febrero de este a\u00f1o rige uno que fue establecido por un decreto de 2025. En comparaci\u00f3n con el anterior, el nuevo reduce los m\u00e1rgenes de discrecionalidad y apunta m\u00e1s a las limitaciones f\u00edsicas que a los s\u00edntomas expresados por las personas <\/strong>(el que reg\u00eda previamente establec\u00eda rangos m\u00e1s amplios dentro de los que pod\u00eda ubicarse, ante cada patolog\u00eda o da\u00f1o, el porcentaje de incapacidad).<\/p>\n Desde el otro lado, quienes plantean demandas lo hacen principalmente argumentando que, en casos en que las comisiones m\u00e9dicas administrativas desestimaron la existencia de un da\u00f1o indemnizable <\/strong>tras la recuperaci\u00f3n a cargo de la ART, <\/strong>en realidad s\u00ed existe tal consecuencia. O bien, en algunos casos -hoy por hoy, los menos- se sostiene que, si bien s\u00ed se defini\u00f3 en las comisiones una incapacidad mayor a 0%, el porcentaje deber\u00eda ser mayor. <\/p>\n Adem\u00e1s, este a\u00f1o se judicializ\u00f3 el decreto 549\/25 <\/strong>-el que fij\u00f3 el nuevo baremo-, sobre todo con reclamos contra la pretensi\u00f3n de que las reglas all\u00ed fijadas se apliquen a casos ocurridos antes de su entrada en vigor.<\/p>\n Una contradicci\u00f3n que marcan quienes analizan los datos es que la judicialidad aumenta a la vez que el n\u00famero de accidentes se reduce.<\/strong> \u201cSi comprobamos que la siniestralidad est\u00e1 en descenso y aun as\u00ed los litigios aumentan, llegamos a la conclusi\u00f3n de que la clave para solucionar esta paradoja est\u00e1 en las pericias que se realizan\u201d, sostuvo el mes pasado el gerente general de la SRT, Fernando P\u00e9rez,<\/strong> al disertar en un foro sobre la actividad aseguradora.<\/p>\n \u201cEn la industria, la siniestralidad cay\u00f3 un 70% en los \u00faltimos 15 a\u00f1os y la litigiosidad creci\u00f3, con excepci\u00f3n de un per\u00edodo posterior a la aprobaci\u00f3n de la ley de 2017\u2033, observa el economista Diego Coatz,<\/strong> director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo),<\/strong> quien considera que, adem\u00e1s de los cuerpos m\u00e9dicos forenses y de desanclar honorarios de resultados periciales, resulta clave que se concrete el traspaso del fuero laboral de la jurisdicci\u00f3n nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, <\/strong>un proceso hoy frenado por una medida cautelar.<\/p>\n La estad\u00edstica de la SRT permite corroborar el sentido opuesto entre s\u00ed que toman las curvas del comportamiento de los \u00edndices de accidentes y de juicios. <\/strong>En 2003, cuando la tasa de litigiosidad fue de 6,4 cada 10.000 asegurados -luego empez\u00f3 la tendencia al alza-, los siniestros denunciados fueron 61 por 1000 asegurados y las muertes por causas laborales, 94,3 por mill\u00f3n. En 2025, tras a\u00f1os con tendencia decreciente, hubo 32,5 accidentes por 1000 y 31,7 fallecimientos por mill\u00f3n.<\/p>\n Otro indicador oficial muestra que en 2025 hubo 175 juicios cada 1000 siniestros, <\/strong>mientras que esa relaci\u00f3n hab\u00eda sido de 141 en 2015 y de 100 en 2020.<\/p>\n Seg\u00fan datos de la UART analizados por LA NACION Data, de un conjunto de 155.131 pericias hechas por juicios ingresados entre 2022 y 2025, el porcentaje promedio de incapacidad definida por las comisiones m\u00e9dicas de la Superintendencia fue de 1,3%. <\/strong>En esos mismos casos, el porcentaje promedio se elev\u00f3 a 13,7%<\/strong> en los peritajes hechos para los juicios, y termin\u00f3 siendo de 13,1% en las sentencias. <\/strong><\/p>\n A la vez, los \u00edndices de incapacidad definidos en sentencias son dispares. Los promedios van desde el 6,7% en Santa Fe al 21,9% en San Luis, <\/strong>la provincia en la cual hubo en 2025 una mayor incidencia de juicios: fueron 300 cada 10.000 asegurados. <\/p>\n La ciudad y la provincia de Buenos Aires<\/strong> se ubicaron algo por arriba del promedio, con porcentajes de incapacidad definidos en fallos de 15,1% y 14,3%, respectivamente, mientras que en comisiones m\u00e9dicas se hab\u00eda determinado una inhabilidad promedio de 1,1% en ambos casos.<\/p>\n En cuanto a las actividades, la que tuvo el mayor \u00edndice de incapacidad por sentencias fue la miner\u00eda, con 15,4%,<\/strong> frente al 16,2% resultante de las pericias en juicio y al 1,4% determinado previamente por las comisiones de la SRT. <\/strong><\/p>\n \u00bfQu\u00e9 pasa si se analiza qu\u00e9 ocurre con una misma patolog\u00eda? Seg\u00fan un informe del Ieral de Fundaci\u00f3n Mediterr\u00e1nea, <\/strong>basado en datos de la SRT, en casos de lumbalgia en los cuales las comisiones m\u00e9dicas indicaron que hab\u00eda 0% de incapacidad, los porcentajes fijados en la Justicia se movieron entre el 9% y el 19% en la ciudad de Buenos Aires, entre el 7 y el 16% en la provincia de Buenos Aires y entre 4% y 7% en Santa Fe. <\/strong><\/p>\n Por otra parte, los registros de la UART muestran que en 2024 el 88% de los casos que fueron a juicio -en algunas, provincias, el 100%- hab\u00edan sido evaluados como sin secuelas indemnizables por la Superintendencia. <\/strong><\/p>\n Un informe de los economistas del centro de estudios Idesa <\/strong>concluye que datos como los enunciados en los p\u00e1rrafos previos \u201cson indicios s\u00f3lidos de que los peritos m\u00e9dicos aplican criterios subjetivos para evaluar el da\u00f1o laboral\u201d.<\/strong> Como consecuencia, trabajadores con situaciones iguales obtienen montos diferentes, o no los obtienen.<\/p>\n De acuerdo con un an\u00e1lisis de la Superintendencia, esa desigualdad se agrava por la dispersi\u00f3n de criterios para la actualizaci\u00f3n de los montos definidos en las sentencias.<\/strong> El sistema de riesgos del trabajo tiene una regla espec\u00edfica para el c\u00e1lculo del reajuste, pero eso no evita que el criterio a aplicar sea objeto de an\u00e1lisis en cada causa judicial. <\/p>\n Seg\u00fan especifica un informe de Idesa, \u201chay jueces que actualizan con \u00edndice salarial, otros con tasas de inter\u00e9s, y otros con estos dos indicadores m\u00e1s alg\u00fan adicional\u201d,<\/strong> a lo cual se agrega que muchas demandas se presentan fuera de plazo y, aun as\u00ed, son recepcionadas por la Justicia. <\/p>\n En la actual gesti\u00f3n definen como \u201csobrecosto\u201d<\/strong> del sistema los montos a pagar por las ART que se derivan de las brechas entre la incapacidad determinada por la Superintendencia y la definida por los jueces tras considerar los informes de los peritos que act\u00faan en los conflictos, <\/strong>y le suman a esas diferencias los cobros de los abogados. Se llega as\u00ed a una cifra de US$2140 millones para 2025.<\/p>\n Las autoridades hablan de la existencia de \u201ccasos especulativos\u201d.<\/strong> A partir de la ley 27.348, se\u00f1alan, casi desapareci\u00f3 la judicializaci\u00f3n sin denuncia previa del siniestro a la ART, ya que ahora se exige la mencionada actuaci\u00f3n de las comisiones m\u00e9dicas como paso previo a un juicio. En cambio, subi\u00f3 la cantidad de presentaciones que buscan cuestionar la decisi\u00f3n de determinar que qued\u00f3 0% de incapacidad.<\/strong><\/p>\n En Idesa advierten que los montos de los juicios contra la ART ascienden \u201ca 1% de la masa salarial\u201d, un tercio de la al\u00edcuota promedio del seguro que pagan los empleadores. Seg\u00fan la UART, el precio promedio hoy es de poco m\u00e1s de 3% de los salarios,<\/strong> pero si se tienen en cuenta los juicios existentes y la desproporci\u00f3n en las tasas de actualizaci\u00f3n de las sentencias, deber\u00eda estar en 5,15%, <\/strong>con lo cual se requerir\u00eda una suba de 69%. Las diferencias encienden luces de alerta sobre la sostenibilidad misma del sistema.<\/strong><\/p>\n Coatz analiza que la situaci\u00f3n de los juicios conlleva un sobrecosto enorme para los empleadores, con impacto principalmente en las peque\u00f1as y medianas empresas. <\/strong><\/p>\n En l\u00ednea con la conclusi\u00f3n de Idesa, las ART estiman que la al\u00edcuota ser\u00eda de 2,19% si la judicialidad fuera marginal,<\/strong> como en Chile o Espa\u00f1a, pa\u00edses con niveles de siniestralidad similares a los de la Argentina. Un informe de las ART afirma que, si la incidencia de la litigiosidad en nuestro pa\u00eds fuera como la de Espa\u00f1a, en 2025 los reclamos iniciados habr\u00edan sido 8234, en lugar de los 134.141 que hubo,<\/strong> y si fuera como la de Chile, los nuevos casos planteados el a\u00f1o pasado habr\u00edan sido 5663.<\/p>\n \u00bfPor qu\u00e9 la lupa est\u00e1 puesta sobre las pericias?<\/strong> Seg\u00fan la UART, en provincias donde, incluso sin cumplirse estrictamente con la ley, se hizo la revisi\u00f3n de los casos con un sistema ajeno al de peritos externos a la Justicia con honorarios anclados al grado de incapacidad determinado, la litigiosidad es m\u00e1s reducida.<\/strong><\/p>\n Por ejemplo, mientras que en Salta se inician 4,9 demandas por 10.000 asegurados, en Jujuy el \u00edndice es de 178,6; al tiempo que en Corrientes el indicador es de 18,5, en Entre R\u00edos es de 87; y mientras que en R\u00edo Negro es de 30,1, en Chubut llega al 235,8. \u00bfQu\u00e9 diferencias encuentran entre las provincias que integran esos \u201cpares\u201d?<\/strong> En Salta, Corrientes y R\u00edo Negro, se\u00f1alan en las aseguradoras, hay pericias hechas por profesionales que son empleados del Poder Judicial.<\/p>\n La estad\u00edstica de la SRT muestra que en marzo de este a\u00f1o hab\u00eda 312.992 juicios pendientes de resoluci\u00f3n, un 2% m\u00e1s que doce meses antes y un 12,7% m\u00e1s que en julio de 2022. <\/strong>En abril de 2018, unos meses despu\u00e9s de la reforma de 2017 que se propuso como una v\u00eda de soluci\u00f3n para aliviar el problema de los litigios, el n\u00famero lleg\u00f3 a 375.592<\/strong> -el m\u00e1s alto de una serie de datos que se inicia en 2010- y luego fue bajando -por efecto de la reforma-, en una tendencia que cambi\u00f3 cuatro a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n El sistema tiene algo m\u00e1s de 10,1 millones de trabajadores asegurados,<\/strong> de los cuales alrededor de 490.000 hacen tareas en casas particulares. Seg\u00fan fuentes del sector, la inclusi\u00f3n de este grupo en el r\u00e9gimen del seguro de riesgos laborales, a fines de 2014, no modific\u00f3 significativamente lo ocurrido con la judicialidad.<\/p>\n Colabor\u00f3: Bautista Otero, de LN Data<\/em><\/p>\nCuestiones en juego<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Brechas en los \u00edndices<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
Los costos<\/span><\/h2>\n<\/p>\n
La lupa sobre las pericias<\/span><\/h2>\n<\/p>\n