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\u00bfAportar a un sistema jubilatorio especial, en funci\u00f3n del tipo de trabajo y del lugar del pa\u00eds en el que se desarrolla? Para muchos profesionales de diferentes jurisdicciones, hacer tal cosa no es algo novedoso. Pero el debate sobre la cuesti\u00f3n gana espacio en estos d\u00edas en la provincia de Salta, <\/strong>donde un grupo de afiliados compulsivos a un r\u00e9gimen puesto en marcha el a\u00f1o pasado rechaza la norma que lo rige y, en consecuencia, impulsa un cambio pr\u00e1cticamente de ra\u00edz<\/strong>.<\/p>\n En septiembre de 2024, la Legislatura de Salta aprob\u00f3 la ley 8444,<\/strong> que cre\u00f3 la Caja Interprofesional de Seguridad Social de esa provincia. Con car\u00e1cter obligatorio, son afiliados los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrici\u00f3n <\/strong>y en el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social, <\/strong>ambos de la citada jurisdicci\u00f3n. Adem\u00e1s, la normativa prev\u00e9 la posible incorporaci\u00f3n de otras profesiones. <\/p>\n El esquema exige el pago de aportes de montos fijos y la afiliaci\u00f3n es autom\u00e1tica, al obtenerse la matr\u00edcula para ejercer la profesi\u00f3n.<\/strong> Para algunas situaciones laborales de relaci\u00f3n de dependencia, se habilita la posibilidad de pedir una suspensi\u00f3n o una disminuci\u00f3n de los montos a abonar. <\/p>\n Con la ley en vigor desde febrero de 2025, un grupo de autoconvocados persiste en oponerse y promueve que se avance en una reforma,<\/strong> para lo cual se mantiene un di\u00e1logo con legisladores. <\/strong>El objetivo es que el sistema actual se transforme en uno de adhesi\u00f3n voluntaria, basado en la capitalizaci\u00f3n individual,<\/strong> con libertad de afiliaci\u00f3n y desafiliaci\u00f3n, y con aportes no de importes fijos y definidos por el directorio, sino vinculados con los ingresos percibidos por los profesionales. <\/p>\n De ser aprobado, el proyecto de reforma -presentado por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler- <\/strong>transformar\u00eda la controvertida caja en un sistema similar a un seguro de retiro, <\/strong>con la expectativa de un pago futuro que acompa\u00f1ar\u00eda a los haberes del r\u00e9gimen jubilatorio general. Esta ser\u00eda una diferencia sustancial respecto de c\u00f3mo funcionan las cajas profesionales en las diferentes jurisdicciones del pa\u00eds, que se plantean como sustitutivas del r\u00e9gimen general de la Anses. <\/strong>Seg\u00fan Cornejo, hay posibilidad de modificar el funcionamiento, ya que la caja en cuesti\u00f3n a\u00fan no tiene beneficios otorgados.<\/p>\n Seg\u00fan la licenciada en Trabajo Social Bettina G\u00f3mez, <\/strong>referente del grupo de autoconvocados, de 1200 profesionales alcanzados por la ley, hay 580 que manifestaron su desacuerdo. <\/strong>\u201cHemos presentado a ambas c\u00e1maras de la Legislatura documentaciones\u201d con la posici\u00f3n tomada, precis\u00f3. <\/p>\n G\u00f3mez afirm\u00f3, en di\u00e1logo con LA NACION, que los profesionales que no est\u00e1n aportando acumulan ya deudas de entre $1,5 millones y $2 millones, que mes a mes se acrecientan. <\/strong>Seg\u00fan afirm\u00f3 en la Legilslatura el senador Cornejo, un \u201cdato de la realidad\u201d indica que el 70% de los alcanzados por el r\u00e9gimen \u201cno tienen los medios econ\u00f3micos para pagar\u201d los aportes exigidos.<\/p>\n Seg\u00fan compar\u00f3 G\u00f3mez, mientras un monotributista<\/strong> \u201cpaga menos de $20.000 mensuales\u201d y tiene la expectativa de acceder a la jubilaci\u00f3n m\u00e1s baja de la Anses (el haber m\u00ednimo es este mes de $393.174 m\u00e1s el bono de $70.000), quienes est\u00e1n alcanzados por la controvertida ley de Salta \u201cdeben aportar entre $50.000 y $127.000 mensuales sin tener certeza de qu\u00e9 jubilaci\u00f3n recibir\u00e1n\u201d. <\/strong><\/p>\n Seg\u00fan datos de ARCA, ocho de cada diez monotributistas est\u00e1n en las categor\u00edas A, B y C, en las que se aporta menos de $20.000 por mes al r\u00e9gimen previsional, mientras que en las D y E se abona apenas un poco m\u00e1s. En esas cinco categor\u00edas est\u00e1n nueve de cada diez adheridos al monotributo.<\/strong><\/p>\n Un eje de los argumentos de los autoconvocados en Salta es que no la ley se aprob\u00f3 sin estudios actuariales que respalden la sostenibilidad de la caja. <\/strong>A ese \u201cvicio t\u00e9cnico\u201d<\/strong> se suman, advirti\u00f3 G\u00f3mez, al menos otros dos factores de riesgo: la demograf\u00eda, dada la baja de la tasa de natalidad, y la inestabilidad laboral de muchos profesionales. <\/p>\n Esos y otros planteos fueron llevados a la Legislatura, donde est\u00e1 abierta una instancia de di\u00e1logo. La p\u00e1gina oficial de la C\u00e1mara de Diputados provincial public\u00f3 un comunicado luego de una reuni\u00f3n en la cual los autoconvocados \u201cargumentaron que la implementaci\u00f3n de la Caja careci\u00f3 de los estudios econ\u00f3micos actuariales suficientes, convirtiendo lo que deber\u00eda ser un beneficio futuro en una carga econ\u00f3mica imposible de afrontar <\/strong>por el monto de las cuotas\u201d. <\/p>\n Adem\u00e1s, alertaron que se generar\u00eda una creciente p\u00e9rdida de matr\u00edculas por falta de capacidad para pagar los aportes. <\/strong>Una de las quejas radica en que los montos se definen seg\u00fan la edad del profesional, una condici\u00f3n no necesariamente vinculada a los ingresos obtenidos.<\/p>\n En un encuentro que hubo esta semana en el Senado, la presidenta del directorio de la Caja, Graciela Leal,<\/strong> defendi\u00f3 la ley actual. Seg\u00fan un comunicado del cuerpo legislativo, dijo que hay unos 450 afiliados que est\u00e1n aportando, y que entre 40 y 50 adhirieron al mecanismo de suspensi\u00f3n transitoria prevista en la norma. Respecto de los planteos por las dificultades para afrontar los pagos, <\/strong>se\u00f1al\u00f3 que la norma prev\u00e9 que ante una situaci\u00f3n de inestabilidad se pueda pedir la baja temporaria para \u201creincorporarse m\u00e1s adelante, accediendo a planes de pago y facilidades\u201d.<\/p>\n Las cajas jubilatorias de profesionales son sistemas creados jurisdiccionalmente que se manejan con reglas propias. Seg\u00fan un relevamiento de la Subsecretar\u00eda de Seguridad Social de la Naci\u00f3n, en el pa\u00eds hay cerca de 80.<\/strong> Y, si bien la mayor\u00eda alcanza a quienes ejercen una determinada profesi\u00f3n en una provincia, hay algunas que re\u00fanen a matriculados de diferentes rubros. <\/p>\n La norma general es que, al existir una caja de la profesi\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n (provincia o CABA), los matriculados est\u00e1n obligados a aportar all\u00ed. Y, de forma voluntaria, pueden contribuir tambi\u00e9n al sistema general de la Anses<\/strong> para obtener en el futuro dos prestaciones.<\/p>\n La abogada Ana In\u00e9s Rosa,<\/strong> referente de los autoconvocados y quien particip\u00f3 en la reuni\u00f3n reciente con senadores, dijo a LA NACION que \u201cmuchos sistemas atan el ejercicio profesional al deber de aportar, <\/strong>de modo tal que mantener la matr\u00edcula activa implica necesariamente quedar incorporado al r\u00e9gimen previsional\u00bb particular. Seg\u00fan Rosa, la reforma que ahora se debate para modificar la ley resistida busca quebrar esa vinculaci\u00f3n autom\u00e1tica, <\/strong>\u201cpara permitir que el profesional pueda mantener su habilitaci\u00f3n<\/strong> para ejercer, sin quedar forzosamente incorporado a un esquema previsional compulsivo\u201d.<\/p>\n Rosa especific\u00f3 que la mayor\u00eda de los profesionales alcanzados desarrolla su actividad principal en relaci\u00f3n de dependencia<\/strong> y aporta a la Anses. \u201cEl ejercicio profesional exclusivamente independiente, bajo el monotributo, representa un porcentaje m\u00ednimo, y el cuestionamiento de muchos no pasa por rechazar la previsi\u00f3n social, sino por el hecho de que se termina imponiendo un aporte obligatorio adicional simplemente por mantener la matr\u00edcula activa, <\/strong>aun respecto de profesionales que ya aportan al r\u00e9gimen nacional por su actividad laboral principal\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan consider\u00f3 en di\u00e1logo con LA NACION Gustavo Beveraggi,<\/strong> presidente de la Caja de Previsi\u00f3n para Profesionales de la Ingenier\u00eda del Chaco, como los an\u00e1lisis actuariales se basan en datos supuestos, que no pueden verificarse, siempre pueden emitirse informes diferentes. <\/p>\n En el caso de Salta, agreg\u00f3, la cuesti\u00f3n de fondo es si est\u00e1n dadas las condiciones en la sociedad para que una nueva caja profesional sea aceptada por quienes se ver\u00e1n obligados a participar. <\/strong>Y la conclusi\u00f3n, agreg\u00f3, es que hoy es muy dif\u00edcil <\/strong>encontrar el contexto adecuado para poner un r\u00e9gimen as\u00ed en marcha.<\/p>\n En el contexto en cuesti\u00f3n, no es un dato menor la vigencia del monotributo y sus niveles de aportes, <\/strong>ya que se trata de un esquema considerado con un fuerte subsidio para sostenerse. \u201cNuestros sistemas [por las cajas de profesionales] son puramente contributivos\u201d, <\/strong>defini\u00f3 Beveraggi, quien fue presidente de la Coordinadora de Cajas de Previsi\u00f3n y Seguridad Social para Profesionales de la Rep\u00fablica Argentina<\/strong>. Eso implica que estas cajas se financian exclusivamente con los pagos mensuales de los afiliados, a diferencia del sistema general, financiado en gran medida con parte de la recaudaci\u00f3n de impuestos, como el IVA o el que pesa sobre los cr\u00e9ditos y d\u00e9bitos bancarios.<\/p>\n \u201cEn general, las cajas profesionales son un problema -opin\u00f3 el economista Rafael Rofman, <\/strong>investigador principal de Protecci\u00f3n Social en el Centro de Implementaci\u00f3n de Pol\u00edticas P\u00fablicas para la Equidad y el Crecimiento, Cippec-, porque generan inequidades\u00bb, al plantear diferentes condiciones respecto del r\u00e9gimen general, y tambi\u00e9n \u00abcostos para la sociedad\u00bb <\/strong>que se evidencian, por ejemplo, cuando se establecen \u201ccontribuciones de la comunidad vinculada\u201d. <\/strong>En la nueva Caja Interprofesional de Salta y seg\u00fan la ley 8444, esa contribuci\u00f3n equivale a un 2% de los honorarios que los profesionales les cobran a obras sociales, prepagas, cooperativas, mutuales y \u201ca todas las personas humanas o jur\u00eddicas\u201d que utilicen sus servicios.<\/p>\n Adem\u00e1s, Rofman consider\u00f3 que estas cajas podr\u00edan generar pasivos eventuales para el Estado, que queda como garante si hay problemas de sostenibilidad -en algunas leyes que las crean se establece expl\u00edcitamente, de todas formas, que la provincia no asume obligaciones-, y que en muchos casos \u201cni siquiera benefician claramente a quienes deben participar\u201d.<\/strong><\/p>\n