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El espa\u00f1ol <\/strong>Armando Betancor<\/strong><\/a>, el administrador concursal de las empresas Petersen \u2014los veh\u00edculos societarios constituidos en Espa\u00f1a por la familia Eskenazi para controlar su participaci\u00f3n en YPF\u2014 se pronunci\u00f3 esta semana con un comunicado desde Madrid y aclar\u00f3 un dato que los tribunales estadounidenses dieron por sentado durante a\u00f1os: confirm\u00f3 que <\/strong>seguir\u00e1 litigando contra la Argentina ante el Ciadi<\/strong><\/a> <\/strong>y critic\u00f3 el fallo de la C\u00e1mara de Apelaciones de Nueva York<\/a>.<\/p>\n Las empresas Petersen Energ\u00eda Inversora y Petersen Energ\u00eda fueron las firmas que la familia Eskenazi us\u00f3 para quedarse con el 25% de las acciones de YPF, a partir de 2008<\/strong>. Para financiar esa compra, tomaron un cr\u00e9dito de un pool<\/em> de bancos europeos que se cancelaba con los dividendos que YPF giraba regularmente. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatiz\u00f3 el 51% de la compa\u00f1\u00eda en 2012 y la nueva conducci\u00f3n suspendi\u00f3 el giro de dividendos, las empresas Petersen quedaron sin la fuente de repago y quebraron<\/strong>. Ese es el origen del litigio: los bancos acreedores, con casi US$2000 millones prestados y garantizados con las propias acciones de YPF, nunca cobraron.<\/p>\n Durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, la narrativa dominante fue que las empresas Petersen le hab\u00edan vendido sus derechos litigiosos contra el Estado argentino al fondo Burford Capital por \u20ac15 millones \u2014una cifra que el propio fallo del Segundo Circuito reprodujo\u2014. Betancor rechaz\u00f3 esa caracterizaci\u00f3n. Lo que existe, aclar\u00f3, es un acuerdo de financiamiento<\/strong>: Burford se hace cargo de todos los costos del litigio a cambio del 70% de cualquier recupero, pero las empresas Petersen son y han sido siempre las titulares de los derechos. <\/strong><\/p>\n Los acreedores del concurso \u2014el sindicato de bancos\u2014 siguen siendo, por lo tanto, v\u00edctimas econ\u00f3micas directas de la Argentina, con una deuda que permanece impaga hasta hoy<\/strong>, seg\u00fan sostuvo Betancor, qui\u00e9n fue designado s\u00edndico de las empresas Petersen por la Corte Mercantil 3 de Madrid hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os.<\/p>\n El comunicado llega un mes despu\u00e9s de que la C\u00e1mara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fallara a favor de la Argentina, y revirtiera la condena de US$16.100 millones m\u00e1s intereses que hab\u00eda dictado en 2023 la jueza Loretta Preska<\/strong>. Burford vio desplomarse sus acciones un 40% en Wall Street. <\/p>\n El caso en Nueva York a\u00fan no est\u00e1 cerrado. Los demandantes tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir una revisi\u00f3n ante la totalidad de los magistrados del Segundo Circuito, y luego podr\u00edan escalar a la Corte Suprema<\/strong>, pero las chances de revertir el resultado son bajas. <\/p>\n Betancor, de todas formas, cuestion\u00f3 el fallo: se\u00f1al\u00f3 que ning\u00fan tribunal contradijo que la Argentina viol\u00f3 los estatutos de YPF<\/strong> al negarse a realizar la oferta p\u00fablica de compra obligatoria que deb\u00eda activarse ante una estatizaci\u00f3n \u2014una obligaci\u00f3n que el entonces viceministro de Econom\u00eda Axel Kicillof<\/strong> descart\u00f3 p\u00fablicamente ante el Senado como una \u201ctrampa para osos\u201d\u2014, y advirti\u00f3 que si los soberanos pueden incumplir compromisos asumidos en los mercados de capitales de Estados Unidos sin que sus tribunales ofrezcan remedio efectivo, los cimientos de la confianza inversora quedan gravemente erosionados.<\/strong><\/p>\n La intenci\u00f3n de llevar el caso al Ciadi<\/strong> \u2014el tribunal de arbitraje del Banco Mundial donde Estados y empresas dirimen conflictos contractuales\u2014 tampoco es una novedad <\/strong>absoluta. Fuentes al tanto del proceso se\u00f1alan que Petersen ya hab\u00eda cursado esa notificaci\u00f3n al Estado argentino en 2015. Lo que ocurri\u00f3 ahora fue, en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, un recordatorio protocolar ante la nueva gesti\u00f3n presidencial<\/strong>: una notificaci\u00f3n formal dirigida a la Procuraci\u00f3n del Tesoro, que confirm\u00f3 haberla recibido y se\u00f1al\u00f3 que ya trabaja en la defensa.<\/p>\n En paralelo, el frente neoyorquino tiene un cap\u00edtulo abierto. Burford le pidi\u00f3 a la jueza Preska que autorice usar en el arbitraje ante el Ciadi toda la documentaci\u00f3n que el Estado argentino aport\u00f3 durante el <\/strong>discovery<\/strong><\/em> del juicio en Nueva York<\/strong> \u2014el proceso de intercambio de pruebas entre las partes, habitual en la justicia estadounidense\u2014. La estrategia apunta a reducir costos<\/strong>: evitar tener que solicitar de nuevo ante el Ciadi lo que ya est\u00e1 en su poder.<\/p>\n La Argentina e YPF se opusieron.<\/strong> En escritos presentados la semana pasada, argumentaron que el acuerdo homologado por Preska hace seis a\u00f1os estipula que esa informaci\u00f3n puede utilizarse \u00fanicamente en el caso neoyorquino<\/strong>, y que el pedido es adem\u00e1s prematuro porque Burford todav\u00eda no present\u00f3 formalmente una solicitud de arbitraje. La decisi\u00f3n queda en manos de Preska.<\/p>\n El proceso ante el Ciadi, si arranca, no ser\u00e1 ni r\u00e1pido ni p\u00fablico. <\/strong>El tratado bilateral de inversiones entre Argentina y Espa\u00f1a \u2014firmado en 1991, sin fecha de vencimiento ni plazo de prescripci\u00f3n\u2014 establece seis meses de negociaci\u00f3n antes de que el arbitraje pueda iniciarse. Una vez en marcha, el proceso demora en promedio entre dos a\u00f1os y medio y tres a\u00f1os hasta el laudo<\/strong>, con posibilidad de uno o dos a\u00f1os adicionales si alguna de las partes pide la anulaci\u00f3n. Todo ocurrir\u00e1 bajo estricta confidencialidad.<\/p>\n