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Una investigaci\u00f3n que incluy\u00f3 casi 30 allanamientos en cinco meses y que imput\u00f3 hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) est\u00e1 a punto de sacudir al establishment econ\u00f3mico y pol\u00edtico: por lo menos cuatro empresarios habr\u00edan pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar<\/strong> durante el \u00faltimo lapso del gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/strong> y la gesti\u00f3n de Sergio Massa<\/strong> al frente del Ministerio de Econom\u00eda, en la parte m\u00e1s restrictiva del cepo cambiario.<\/p>\n As\u00ed lo informaron fuentes de una causa que est\u00e1 en el juzgado de Ariel Lijo<\/strong> y que tiene delegada el fiscal Franco Picardi, el mismo que investiga desde el a\u00f1o pasado presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Javier Milei<\/strong>. <\/p>\n El tema es desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os un verdadero tab\u00fa de la pol\u00edtica<\/strong>: resulta casi nulo lo que, pese a los comentarios de empresarios y despachantes de Aduana que dan cuenta de la existencia de esas maniobras y hasta de dos pedidos de informe que hizo en su momento, sin \u00e9xito, la diputada Karina Banfi<\/strong>, ha avanzado la Justicia para detectar estas irregularidades con el Sistema de Importaciones de la Rep\u00fablica Argentina (SIRA), un mecanismo de autorizaci\u00f3n que rigi\u00f3 entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al d\u00f3lar oficial. <\/p>\n El esquema, que evaluaba la capacidad econ\u00f3mica y financiera de las que requer\u00edan importar, depend\u00eda de varios organismos en simult\u00e1neo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretar\u00eda de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva<\/strong>. <\/p>\n La investigaci\u00f3n de Picardi tiene hasta ahora secreto de sumario. Pero fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal tendr\u00eda detectado no s\u00f3lo a los empresarios que habr\u00edan aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuesti\u00f3n, que hasta el momento superan los US$3,5 millones<\/strong>. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas. <\/p>\n Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretar\u00eda de Comercio y al BCRA y solicit\u00f3 a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y burs\u00e1til de 50 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas. Los resultados obtenidos hasta ahora surgen del an\u00e1lisis de casi 30 allanamientos, testimonios y tel\u00e9fonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, todos ellos del \u00e1rea de Supervisi\u00f3n de Entidades No Financieras del BCRA: Fabi\u00e1n Violante<\/strong>, gerente principal; Diego Volcic <\/strong>y Mar\u00eda Valeria Fern\u00e1ndez<\/strong>, inspectores jefe de Supervisi\u00f3n, y Anal\u00eda Jaime <\/strong>y Romina Garc\u00eda<\/strong>, inspectoras Generales de Supervisi\u00f3n. <\/p>\n Todos ellos entregaron sus respectivos tel\u00e9fonos y claves a la Justicia, con la sola excepci\u00f3n de Garc\u00eda, que no suministr\u00f3 la clave. Tambi\u00e9n hay varios empresarios due\u00f1os de casas de cambio imputados, como El\u00edas Piccirillo<\/strong>, Francisco Hauque<\/strong>, Gonzalo Cal\u00f3 y Mart\u00edn Migueles<\/strong>.<\/p>\n