– – UGC <\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\nEl recuerdo de las \u00faltimas semanas de enero sigue pesando sobre la sociedad iran\u00ed. Las cifras difundidas por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana) indican que m\u00e1s de 2500 personas murieron durante la represi\u00f3n de las protestas<\/strong>, un balance que ilustra la magnitud de la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad.<\/p>\nIncluso el r\u00e9gimen de los ayatollahs, en un gesto poco habitual, reconoci\u00f3 la existencia de cerca de 2000 fallecimientos, aunque desvi\u00f3 de inmediato la responsabilidad hacia agentes externos que, seg\u00fan su versi\u00f3n, habr\u00edan instigado los disturbios. Las manifestaciones, que comenzaron como reclamos por el alto costo de vida y la escasez<\/strong>, derivaron con rapidez en un movimiento de alcance nacional, con consignas que cuestionan directamente al sistema teocr\u00e1tico instaurado en 1979<\/strong>.<\/p>\nEn ese clima de m\u00e1xima tensi\u00f3n, el aparato judicial envi\u00f3 una se\u00f1al clara de endurecimiento. Un tribunal revolucionario de Teher\u00e1n dict\u00f3 este martes la primera sentencia de muerte vinculada a los disturbios de enero contra Mohaad Aasi<\/strong>, acusado de \u201cenemistad contra Dios\u201d, una figura penal utilizada con frecuencia contra los opositores m\u00e1s duros del r\u00e9gimen. La familia del condenado niega que haya asesinado a un agente de seguridad, mientras que su hija cumple una pena de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por haber participado en las mismas protestas.<\/p>\n