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WASHINGTON.\u2013 A pesar de los bombardeos sobre territorio venezolano <\/a>y de la captura del dictador que ostentaba el poder en Caracas, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos no ha llevado a cabo una operaci\u00f3n b\u00e9lica. <\/strong>Desde el primer momento, Donald Trump ha fijado un marco pol\u00edtico y jur\u00eddico muy concreto. Lo ocurrido no ser\u00eda una guerra ni una intervenci\u00f3n militar contra un Estado soberano, sino una actuaci\u00f3n de \u201cley y orden\u201d <\/strong>destinada a ejecutar una orden judicial pendiente contra Nicol\u00e1s Maduro.<\/strong><\/a><\/p>\n Ese razonamiento no es ret\u00f3rico ni improvisado. Es una construcci\u00f3n deliberada que persigue varios objetivos a la vez. <\/strong>El primero, evitar la obligaci\u00f3n legal de informar previamente al Congreso <\/strong>en virtud de la Resoluci\u00f3n de Poderes de Guerra de 1973, que exige notificaci\u00f3n cuando el presidente introduce a las Fuerzas Armadas en hostilidades o en escenarios que puedan derivar en un conflicto armado prolongado. Otro, esquivar el desgaste pol\u00edtico interno que supondr\u00eda admitir una nueva guerra en Am\u00e9rica Latina, <\/strong>especialmente ante un electorado republicano profundamente escarmentado por Irak y Afganist\u00e1n.<\/p>\n La tesis central de la administraci\u00f3n Trump es que Nicol\u00e1s Maduro no fue tratado como un jefe de Estado enemigo, sino como un acusado pr\u00f3fugo de la justicia estadounidense. <\/strong>En marzo de 2020, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York lo imput\u00f3 por narcoterrorismo, <\/strong>conspiraci\u00f3n para importar coca\u00edna en Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas de guerra. Esa causa sigue abierta y contempla penas que pueden llegar a la cadena perpetua. <\/strong>Para la Casa Blanca, lo ocurrido no es un acto de guerra, sino la culminaci\u00f3n de una imputaci\u00f3n penal vigente desde hace casi seis a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n Desde ese punto de vista, Washington sostiene que no se ha producido un cambio de r\u00e9gimen en sentido pol\u00edtico o militar, sino la detenci\u00f3n de un individuo reclamado por la justicia, <\/strong>junto a su esposa, para ser juzgado en Estados Unidos. No se tratar\u00eda de derrocar a un gobierno extranjero, sino de ejecutar una orden de arresto contra una persona concreta, aunque esa persona ostentara el poder en su pa\u00eds.<\/p>\n Sobre esa base, la administraci\u00f3n Trump argumenta que la Resoluci\u00f3n de Poderes de Guerra no resulta aplicable a este caso. <\/strong>Seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, no hubo introducci\u00f3n de tropas en hostilidades prolongadas, ni ocupaci\u00f3n de territorio, ni una campa\u00f1a militar abierta. La acci\u00f3n fue limitada en el tiempo, con un objetivo \u00fanico y cerrado, garantizar la detenci\u00f3n y extracci\u00f3n del acusado. <\/strong>El uso de la fuerza, seg\u00fan este relato, fue accesorio y funcional, no estrat\u00e9gico.<\/p>\n Trump ha reforzado ese marco al subrayar que la operaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo \u201cen conjunci\u00f3n con fuerzas del orden\u201d <\/strong>y que los medios militares empleados tuvieron un papel instrumental, proteger a los agentes encargados de ejecutar la orden judicial y asegurar su salida del pa\u00eds. En esta l\u00f3gica, el empleo de bombarderos, helic\u00f3pteros o unidades de \u00e9lite no convierte autom\u00e1ticamente la actuaci\u00f3n en una guerra, del mismo modo que otras operaciones de captura de l\u00edderes criminales o terroristas en el exterior han sido presentadas como acciones policiales con apoyo militar.<\/p>\n La Casa Blanca se apoya adem\u00e1s en el art\u00edculo II de la Constituci\u00f3n, <\/strong>que concede al presidente amplias competencias como comandante en jefe para proteger a personal estadounidense frente a amenazas inmediatas. Una vez activada una orden judicial de alto riesgo, el Ejecutivo defiende que el presidente puede autorizar el uso de la fuerza necesaria para garantizar su cumplimiento sin necesidad de una autorizaci\u00f3n espec\u00edfica del Congreso, <\/strong>siempre que no derive en una intervenci\u00f3n prolongada.<\/p>\n Este razonamiento no elimina la pol\u00e9mica, <\/strong>ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Para muchos gobiernos y juristas, bombardear objetivos en un pa\u00eds extranjero encaja de facto en una acci\u00f3n militar. <\/strong>Pero Washington insiste en que la clave no est\u00e1 en los medios empleados, sino en la finalidad, el alcance y la duraci\u00f3n. Al presentar la operaci\u00f3n como un acto de cumplimiento de la ley contra un acusado concreto, la Casa Blanca busca blindarse jur\u00eddicamente y reducir el coste pol\u00edtico interno. <\/strong>En esa versi\u00f3n, la captura de Maduro no marca el inicio de una guerra, sino el cierre forzoso de una causa judicial que llevaba a\u00f1os abierta.<\/strong><\/p>\n * Del diario ABC, Espa\u00f1a<\/strong><\/em><\/p>\n WASHINGTON.\u2013 A pesar de los bombardeos sobre territorio venezolano y de la captura del dictador que ostentaba el poder en Caracas, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos no ha llevado a cabo una operaci\u00f3n b\u00e9lica. Desde el primer momento, Donald Trump ha fijado un marco pol\u00edtico y jur\u00eddico muy concreto. 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