![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/el-presidente-javier-CYBBU6FOENHVPIKAJJXI4SB5DA-2.jpg\"\/)
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El presidente Javier Milei oficializ\u00f3 hoy su veto a las leyes que propon\u00edan el aumento a las jubilaciones<\/strong>, la pr\u00f3rroga a la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Gobierno prioriza su objetivo de mantener el super\u00e1vit, al calificar estas iniciativas como \u201cirresponsables\u201d<\/strong> por su impacto fiscal.<\/p>\n Los n\u00fameros sobre las cuentas p\u00fablicas divergen, seg\u00fan las diferentes fuentes. De acuerdo con el Gobierno, aplicar estas tres iniciativas implicaban \u201cun gasto adicional para este a\u00f1o de m\u00e1s de $7 billones y cerca de $17 billones para 2026\u201d.<\/strong> As\u00ed lo indic\u00f3 un comunicado oficial de Presidencia, que marc\u00f3 que eran cifras equivalentes a un 0,9% del PBI en 2025 y del 1,68% del PBI en 2026. Ese documento no detalla el origen de esas estimaciones o la discriminaci\u00f3n entre cada una de las iniciativas.<\/strong><\/p>\n Existen otros organismos p\u00fablicos que tambi\u00e9n analizaron los efectos fiscales de estas iniciativas, con estimaciones que difieren de las planteadas por el Ejecutivo. Es el caso de la Oficina de Presupuesto del Congreso<\/strong>, que estudi\u00f3 independientemente cada uno de los proyectos.<\/p>\n En su evaluaci\u00f3n sobre la iniciativa de ajuste de los haberes previsionales, que propone aumentar un 7,2% las jubilaciones<\/strong> (por efecto de la inflaci\u00f3n no contemplada en enero de 2024) y llevar el bono discrecional de $70.000 a $110.000 (para actualizar el monto por la inflaci\u00f3n), estiman que el costo fiscal para 2025 ser\u00e1 del 0,32% del PBI (0,2% de aumento de jubilaciones y 0,12% por el bono).<\/p>\n Estos montos surgen de la aplicaci\u00f3n para lo que resta del a\u00f1o. Si se anualiza la aplicaci\u00f3n de estas iniciativas, el costo estimado por la OPC de 0,78% del PBI por a\u00f1o<\/strong> (0,41% por los ajustes y 0,38% por el bono).<\/p>\n En cuanto a las fuentes de financiamiento, el organismo indica que los recursos incluidos en la ley aprobada para cubrir el costo de los gastos adicionales (eliminaci\u00f3n de exenciones impositivas, reducir el presupuesto de la SIDE, entre otros) <\/strong>representa un 0,39% del PBI <\/strong>y no llega a igualar el incremento en el gasto.<\/p>\n Por otra parte, la OPC calcula que el costo fiscal de la extensi\u00f3n de las moratorias previsionales <\/strong>tendr\u00eda \u201cun costo fiscal de 0,094% en el primer a\u00f1o y del 0,097% en el segundo a\u00f1o, totalizando entre ambos un 0,191% del PBI\u201d.<\/strong><\/p>\n Los analistas llegan a esta conclusi\u00f3n por estimar que, en un plazo de dos a\u00f1os, el universo de personas que podr\u00edan darse de alta en este esquema ser\u00edan 226.267 en el primer a\u00f1o y 235.831 en el segundo<\/strong> (462.198 en el per\u00edodo completo de vigencia de este esquema).<\/p>\n Tambi\u00e9n se estim\u00f3 en alrededor de 0,2% del PBI <\/strong>anual la ampliaci\u00f3n del universo de beneficiarios de la PUAM<\/strong> (pensi\u00f3n universal para el adulto mayor). A su vez, si no se aplicara el aumento de los haberes previsionales y se mantuviera el bono discrecional en $70.000, ese costo fiscal ser\u00eda de 0,18% anual.<\/strong><\/p>\n En el caso de la ley de emergencia nacional en Discapacidad,<\/strong> el conjunto de las iniciativas incluidas en esta ley, que habilitaba nuevas altas en pensiones (ajustadas un 7,2% adicionales por los cambios en la movilidad m\u00e1s el bono), <\/strong>adem\u00e1s de incentivos para empleadores, podr\u00eda tener un impacto variable de entre 0,28% y del 0,51% del PBI. <\/strong><\/p>\n En OPC plantean tambi\u00e9n que si se habilitara solamente la emergencia en Discapacidad sin aplicar<\/strong> (por los vetos) los ajustes en la movilidad jubilatoria y los bonos, el impacto ser\u00eda de entre 0,26% y del 0,46% del PBI.<\/strong><\/p>\n La consultora Empiria, dirigida por el exministro de Econom\u00eda Hern\u00e1n Lacunza,<\/strong> realiz\u00f3 sus propias estimaciones. Seg\u00fan estos c\u00e1lculos, el impacto durante 2025 de los proyectos sobre las jubilaciones es del un 0,5% del PBI (1,2% anualizado), <\/strong>mientras que la moratoria implica un costo fiscal del 0,2% en 2025 (y 0,5% en 2026)<\/strong>. Por \u00faltimo, el proyecto sobre discapacidad tendr\u00eda un costo estimado en 0,5% del PBI en 2025<\/strong> (0,1% del PBI en 2026). <\/p>\n La entrada Cu\u00e1l es el costo fiscal de las leyes que vet\u00f3 Javier Milei se public\u00f3 primero en DIARIO DIGITAL MORENO MEDIOS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente Javier Milei oficializ\u00f3 hoy su veto a las leyes que propon\u00edan el aumento a las jubilaciones, la pr\u00f3rroga a la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Gobierno prioriza su objetivo de mantener el super\u00e1vit, al calificar estas iniciativas como \u201cirresponsables\u201d por su impacto fiscal.
\n Los n\u00fameros sobre las cuentas p\u00fablicas divergen, seg\u00fan las diferentes fuentes. De acuerdo con el Gobierno, aplicar estas tres iniciativas implicaban \u201cun gasto adicional para este a\u00f1o de m\u00e1s de $7 billones y cerca de $17 billones para 2026\u201d. As\u00ed lo indic\u00f3 un comunicado oficial de Presidencia, que marc\u00f3 que eran cifras equivalentes a un 0,9% del PBI en 2025 y del 1,68% del PBI en 2026. Ese documento no detalla el origen de esas estimaciones o la discriminaci\u00f3n entre cada una de las iniciativas.
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