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Privado y confidencial. Una prosa legal que por momentos se vuelve casi intransitable, salvo para los expertos. En marzo de 2015<\/strong> se firm\u00f3 el contrato entre las empresas de la familia Eskenazi<\/strong> y Prospect Investments<\/strong>, una sociedad con sede en Delaware que pertenece al megabufet ingl\u00e9s Burford<\/strong>. Son las 19 p\u00e1ginas<\/strong> que le dieron origen a la mayor amenaza presente para la Argentina, dado que all\u00ed comenz\u00f3 el camino que condujo al pa\u00eds a tener que pagar US$16.100 millones,<\/strong> seg\u00fan la Justicia norteamericana por la expropiaci\u00f3n de YPF<\/strong>.<\/p>\n Varias partes de ese documento se muestran en esta nota. Por ser una pieza fundacional, apunta informaci\u00f3n importante con respecto a c\u00f3mo se repartir\u00e1 el dinero entre los acreedores. Su arquitecto fue Armando Betancor Alamo<\/strong>, el s\u00edndico designado por la Corte Mercantil 3 de Madrid<\/strong>. La Justicia lo seleccion\u00f3 para que encontrara valor en las empresas Petersen para pagarles a los acreedores. Es un dato importante: los Eskenazi segu\u00edan hasta ese momento siendo due\u00f1os de las compa\u00f1\u00edas, pero ya no las controlaban. Este abogado hac\u00eda el trabajo.<\/p>\n Betancor firm\u00f3 el contrato en representaci\u00f3n de las creaciones de la familia argentina. Su contraparte ese d\u00eda fue Salvador Javier Mendieta Grande<\/strong>, autorizado a firmar en nombre de Prospect Investments, que se comprometi\u00f3 a financiar el juicio contra la Argentina para obtener dinero. Es socio del estudio A&O Shearman<\/strong>.<\/p>\n La firma de este documento fue el \u00faltimo paso de un camino que hab\u00eda arrancado antes. De hecho, Betancor Alamo, como responsable designado por la corte madrile\u00f1a, hab\u00eda lanzado una compulsa internacional para conseguir a alguien que pusiera el dinero para litigar. Se presentaron cuatro empresas<\/strong>, pero cerr\u00f3 con la firma de Burford, que tambi\u00e9n pag\u00f3 15.101.000 euros no reembolsables<\/strong>. Ese dinero se distribuy\u00f3 entre peque\u00f1os acreedores. Algunos se\u00f1alan que en ese grupo est\u00e1, por ejemplo, la Bolsa de Buenos Aires<\/strong>, escribanos y hasta fotocopiadoras.<\/p>\n Betancor Alamo fue un entusiasta en la b\u00fasqueda de Burford. Necesitaba, como dice el contrato original, contar con la asistencia profesional y la experiencia del \u201cProveedor de Capital<\/strong>\u201d, es decir, Burford, tanto para financiar como para gestionar la ejecuci\u00f3n de los reclamos. Eso, porque las empresas Petersen no ten\u00edan los recursos financieros ni la experiencia en litigios fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n En el contrato est\u00e1 claramente estipulado que las empresas Petersen, bajo la conducci\u00f3n de la Justicia, recibir\u00e1n el 30% de todo lo que se obtenga por los reclamos<\/strong>. Burford, en tanto, se quedar\u00e1 con el 70% restante<\/strong> como contraprestaci\u00f3n por su financiaci\u00f3n del reclamo y el pago inicial. Eso, siempre que se trate de dinero.<\/p>\n En caso de que se obtengan instrumentos negociables<\/strong>, como acciones de YPF, para poner un ejemplo, podr\u00edan entregarse a un agente de pago si ambas partes no se ponen de acuerdo. En el caso en que persistan las diferencias entre Burford y la justicia espa\u00f1ola, el contrato contempla el hecho de tocar la puerta de la C\u00e1mara de Comercio Internacional (CCI)<\/strong> para resolver las diferencias.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, la familia Petersen no puede asegurar que no recibir\u00e1 dinero. Tambi\u00e9n surge del contrato inicial que es una opci\u00f3n improbable. Si la Argentina pagara US$16.000 millones<\/strong>, como dice la jueza Loretta Preska<\/strong>, los administradores de la quiebra se quedar\u00edan con US$4800 millones<\/strong>. Es decir, el 30%.<\/p>\n