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La C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal orden\u00f3 tramitar un pedido de amparo contra el Decreto 780\/24, para establecer la inconstitucionalidad de esa normativa que restringe el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, en una denuncia presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, M\u00f3nica Frade y Mar\u00eda Victoria Borrego. <\/strong><\/p>\n El tribunal revoc\u00f3 un fallo de primera instancia, que les negaba legitimidad a los diputados de la Coalici\u00f3n C\u00edvica para impulsar una demanda judicial por la inconstitucionalidad del decreto que Javier Milei firm\u00f3 en septiembre pasado. Y orden\u00f3 que se realice el juicio para establecer si esa normativa \u201cha sido o no inconstitucional\u201d, seg\u00fan el fallo que firmaron las juezas Liliana Heiland y Clara Do Pico, con la disidencia del juez Rodolfo Eduardo Facio<\/strong>.<\/p>\n La causa iniciada pretende que la Justicia dicte una medida cautelar para suspender la aplicaci\u00f3n del Decreto 780 y declare la inconstitucionalidad <\/strong>de la norma, que restringe el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y recibi\u00f3 numerosos cuestionamientos de especialistas y dirigentes pol\u00edticos de la oposici\u00f3n, porque se contrapone al esp\u00edritu de la normativa sancionada por el Congreso en 2016.<\/p>\n \u201cLa disposici\u00f3n del Poder Ejecutivo que se cuestiona constituye una desviaci\u00f3n de poder y un abuso de derecho p\u00fablico<\/strong>, por violar el principio republicano, la divisi\u00f3n de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadan\u00eda argentina a la participaci\u00f3n en los asuntos p\u00fablicos mediante el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, amparada por la Ley 25.275 y la doctrina nacional e internacional aplicable en la materia\u201d, plantearon en su denuncia Ferraro, Frade y Borrego.<\/p>\n La causa recay\u00f3 originalmente en el Juzgado 3, a cargo de Sebasti\u00e1n Carillo, quien rechaz\u00f3 el planteo <\/strong>porque dijo que los diputados no estaban \u201clegitimados\u201d para litigar contra el decreto.<\/p>\n Esa decisi\u00f3n fue apelada por los diputados de la Coalici\u00f3n C\u00edvica, quienes lograron que la C\u00e1mara Federal revoque ese fallo<\/strong> y ordene que la causa contin\u00fae para analizar el recurso de amparo<\/strong> y establecer si el decreto de Milei es o no inconstitucional.<\/p>\n \u201cAnte la supuesta ausencia de caso, el juzgado de primera instancia no consider\u00f3 la medida cautelar solicitada. Al tener que analizar nuevamente la legitimaci\u00f3n en conjunto a la cuesti\u00f3n de fondo (que es el pedido de inconstitucionalidad en el amparo) ahora la C\u00e1mara deber\u00e1 evaluar la admisibilidad de la medida cautelar\u201d, <\/strong>dijeron a Clar\u00edn <\/strong>desde la Coalici\u00f3n C\u00edvica, ante la consulta de Clar\u00edn.<\/p>\n El Gobierno dict\u00f3 un Decreto para restringir el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, especialmente cuando se pidan \u201cdatos privados\u201d de los funcionarios, \u201cdocumentos p\u00fablicos\u201d o pueda causar \u201cda\u00f1os y perjuicios\u201d a las personas.<\/p>\n Este criterio restrictivo<\/strong> del concepto de qu\u00e9 es informaci\u00f3n p\u00fablica ya se hab\u00eda aplicado previamente, cuando el Gobierno se neg\u00f3 a brindar informaci\u00f3n sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque asegur\u00f3 que eran cuestiones vinculadas con el \u201c\u00e1mbito privado\u201d del Presidente de la Naci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n Pero con el Decreto 780 se ampli\u00f3 el alcance de las negativas, ya que se establecieron l\u00edmites m\u00e1s precisos y generales sobre qu\u00e9 informaci\u00f3n se podr\u00e1 solicitar y en qu\u00e9 condiciones el Gobierno puede negar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n Con este criterio, por ejemplo, el Gobierno ya no tendr\u00e1 que responder a los pedidos de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que pretendan saber qui\u00e9nes ingresan en la Quinta de Olivos, si el funcionario considera que son visitas de car\u00e1cter \u201cprivado\u201d.<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s la normativa dictada por Milei restringe la difusi\u00f3n de documentos que incluyan \u201cdeliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o ex\u00e1menes preliminares\u201d sobre un acto de gobierno.<\/p>\n Esto le podr\u00eda servir al gobierno de Milei, por ejemplo, para negar el acceso a informaci\u00f3n clave sobre los encuentros, borradores o escritos previos de normas espec\u00edficas, <\/strong>como por ejemplo los debates que se dieron en el gobierno en torno al DNU 70\/23 y la Ley Bases.<\/p>\n El Decreto 780\/24 tambi\u00e9n crea una nueva figura jur\u00eddica, que no estaba contemplada en la Ley de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica,<\/strong> que fue sancionada en septiembre de 2016 y que ya hab\u00eda sido reglamentada en marzo de 2017, a iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil y con el respaldo del entonces presidente Mauricio Macri.<\/p>\n La nueva figura es la del \u201cabuso del derecho\u201d<\/strong>, para perseguir judicialmente a quienes no realizan el pedido de acceso \u201cde buena fe\u201d.<\/p>\n En este caso, por ejemplo, el funcionario que lo considere pertinente puede no solo rechazar la solicitud presentada por una persona en su pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, sino adem\u00e1s perseguir judicialmente a quien solicit\u00f3 la informaci\u00f3n y reclamar el pago de una indemnizaci\u00f3n<\/strong> por considerar que actu\u00f3 \u201cde mala fe\u201d.<\/p>\n Por \u00faltimo, la nueva normativa restringe la informaci\u00f3n de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, ya que elimina un p\u00e1rrafo completo del primer inciso del art\u00edculo 8 de la ley sancionada por el Congreso.<\/strong><\/p>\n El p\u00e1rrafo eliminado de la ley por el nuevo decreto <\/strong>establec\u00eda que la restricci\u00f3n de informaci\u00f3n \u201cen ning\u00fan caso podr\u00e1 alcanzar a la informaci\u00f3n necesaria para evaluar la definici\u00f3n de las pol\u00edticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Naci\u00f3n; ni aquella cuya divulgaci\u00f3n no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un inter\u00e9s leg\u00edtimo vinculado a tales pol\u00edticas\u201d.<\/p>\n \u201cEl Decreto cuestionado ampl\u00eda la informaci\u00f3n que queda por fuera del inter\u00e9s p\u00fablico, ampl\u00eda el secreto y aporta discrecionalidad<\/strong> al dejar en manos de los funcionarios p\u00fablicos la definici\u00f3n sobre lo que es un documento p\u00fablico y qu\u00e9 informaci\u00f3n puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, d\u00e1ndoles una especial protecci\u00f3n\u201d, destacaron 70 entidades en un comunicado conjunto, firmado por FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnist\u00eda, ACIJ, Periodistas Argentinas, Poder Ciudadano y otras entidades, que pidieron su derogaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal orden\u00f3 tramitar un pedido de amparo contra el Decreto 780\/24, para establecer la inconstitucionalidad de esa normativa que restringe el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, en una denuncia presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, M\u00f3nica Frade y Mar\u00eda Victoria Borrego. 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