![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/2O3afVPmm_2000x1500__1-1.jpg\"\/)
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En un nuevo rev\u00e9s judicial para el expresidente Alberto Fern\u00e1ndez,<\/strong> la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a<\/strong> orden\u00f3 reabrir y profundizar la investigaci\u00f3n<\/strong> para determinar si hubo alg\u00fan tipo de delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer<\/strong> durante la pandemia de COVID-19.<\/strong><\/p>\n La Sala I del mencionado tribunal, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia,<\/strong> revoc\u00f3 el archivo de la causa que hab\u00eda ordenado el juez federal Ariel Lijo<\/strong> a fines del a\u00f1o pasado, al desestimar las denuncias que le presentaron sobre el tema.<\/p>\n La decisi\u00f3n de la C\u00e1mara fue tomada porque \u201ca\u00fan existen inc\u00f3gnitas<\/strong> sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer\u201d.<\/p>\n Trabajadores de la salud durante la vacunaci\u00f3n contra el Covid 19, en el centro de campa\u00f1a Le Parc de Mendoza. (Foto: Orlando Pelichotti) <\/p>\n La investigaci\u00f3n abarca dos denuncias presentadas en 2021. Una de ellas fue la de un grupo de diputados opositores<\/strong> para que se investigue por qu\u00e9 el Gobierno no hab\u00eda comprado la inmunizaci\u00f3n; mientras que la segunda fue impulsada por los familiares de cuatro personas<\/strong> que murieron como consecuencia del coronavirus.<\/p>\n El primero de estos escritos lleva la firma de los entonces diputados nacionales Omar de Marchi, Waldo Wolff, \u00c1lvaro de Lamadrid, Mar\u00eda Carla Piccolomini, Francisco S\u00e1nchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, H\u00e9ctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enr\u00edquez y Federico Zamarbide.<\/strong><\/p>\n La presentaci\u00f3n judicial llevada a cabo en aquella ocasi\u00f3n fue para que se investiguen los motivos por los cuales la Argentina no habr\u00eda logrado contar en tiempo y forma <\/strong>con los sueros para combatir el el COVID-19.<\/p>\n Tras la denegatoria de Lijo, el fiscal federal Carlos Stornelli<\/strong> apel\u00f3 la resoluci\u00f3n y afirm\u00f3: \u201cEs notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitaci\u00f3n<\/strong> de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer<\/strong> evidencia un innegable aletargamiento,<\/strong> al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro<\/strong> en el sistema inform\u00e1tico respectivo\u201d.<\/p>\n Frente a esta solicitud, los camaristas afirmaron que \u201cen particular se advierte que la investigaci\u00f3n no incursion\u00f3 suficientemente en los procesos de adquisici\u00f3n y en las negociaciones<\/strong> que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquiri\u00f3 las vacunas con mayor antelaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n En este sentido, para la C\u00e1mara el n\u00facleo de la cuesti\u00f3n es que \u201cesta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales<\/strong> entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer\u201d.<\/p>\n En ese sentido, \u201clas distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realizaci\u00f3n de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes. Desde esa mirada, los elementos de convicci\u00f3n hasta aqu\u00ed colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo<\/strong> que permita solventar la decisi\u00f3n adoptada\u201d, se\u00f1al\u00f3 la C\u00e1mara Federal en un fallo al que accedi\u00f3 Clar\u00edn<\/strong>.<\/p>\n En efecto, \u201cen consonancia con los acusadores, entendemos que a\u00fan existen inc\u00f3gnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer<\/strong>, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigaci\u00f3n, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n En particular \u201cse advierte que la investigaci\u00f3n no incursion\u00f3 suficientemente en los procesos de adquisici\u00f3n y en las negociaciones<\/strong> que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquiri\u00f3 las vacunas con mayor antelaci\u00f3n\u201d, resalt\u00f3.<\/p>\n Luego resalt\u00f3 que \u201cla ausencia de avance en este sentido impide efectuar un an\u00e1lisis respecto a los supuestos il\u00edcitos que abarcan el objeto procesal. Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situaci\u00f3n que se incluye en la hip\u00f3tesis criminal circunscripta en autos\u201d.<\/p>\n A mediados de 2021, hubo una definici\u00f3n clave<\/strong> porque seg\u00fan dijo el gerente de Pfizer en Argentina, Nicol\u00e1s Vaquer, en el Congreso fue el principal desacuerdo con el Gobierno por un contrato que iba a proveer al pa\u00eds casi 13 millones de vacunas anti coronavirus en marzo pasado.<\/p>\n Vaquer explic\u00f3 que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 a\u00f1os y que Pfizer \u201casumi\u00f3 el riesgo de acelerar procesos\u201d.<\/p>\n \u201cEsta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cl\u00e1usulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 pa\u00edses que ya firmamos acuerdo\u201d, detall\u00f3 Vaquer.<\/p>\n Es decir, una cobertura de inmunidad para en esta emergencia no poder ser acusados de negligencia ante la Justicia si las vacunas fallaban o produc\u00edan efectos colaterales.<\/p>\n La secuencia fue la siguiente de estas reuniones de car\u00e1cter urgente. El 29 de septiembre de 2020 se public\u00f3 el Tr\u00e1mite Parlamentario N\u00ba 137 en la p\u00e1gina web de Diputados.<\/p>\n Al d\u00eda siguiente, la diputada K Cecilia Moreau, <\/strong>del Frente de Todos, pregunt\u00f3 al secretario de Gesti\u00f3n Administrativa de Salud, Mauricio Monsalvo, si la palabra negligencia estaba incluida en el proyecto de ley, como se ve en el video de la c\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n Espec\u00edficamente, pregunt\u00f3 a Monsalvo: \u201c\u00bfLas cl\u00e1usulas propuestas en cuanto a la indemnidad incluyen indemnidad en cuanto a la \u2018negligencia\u2019 de los desarrolladores?\u201d.<\/p>\n Monsalvo le contest\u00f3 que no. Tres d\u00edas despu\u00e9s el presidente de la Comisi\u00f3n de Acci\u00f3n Social y Salud P\u00fablica, el diputado K Pablo Yedlin, envi\u00f3 un documento a sus pares titulado \u201cvac covid definitivo.docx\u201d.<\/p>\n En ese document\u00f3 indic\u00f3 que hubo varios aportes de \u201cTonelli, Cano, Najul inclusive Moreau y cosas que surgieron de las preguntas de hoy\u201d. All\u00ed por primera vez aparece la palabra \u201cnegligencia\u201d <\/strong>escrita en el art\u00edculo 4\u00ba, precisamente como excepci\u00f3n a \u201clas cl\u00e1usulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial\u201d.<\/p>\n Ese art\u00edculo de la Ley 27.573 le permite al Gobierno incorporar en los contratos \u201ccl\u00e1usulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigaci\u00f3n, desarrollo, fabricaci\u00f3n, provisi\u00f3n y suministro de las vacunas, con excepci\u00f3n de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos\u201d.<\/p>\n El 1\u00b0 de octubre, hubo un email de esa comisi\u00f3n de Diputados denominado \u201cMaterial de Trabajo\u201d donde se adjuntaron documentos para la reuni\u00f3n del d\u00eda de la fecha.<\/p>\n Vaquer cont\u00f3 que ese mismo d\u00eda, el 1\u00b0 de octubre, negoci\u00f3 con Monsalvo y la negociaci\u00f3n fracas\u00f3 por la inclusi\u00f3n de la palabra negligencia y su implicancia jur\u00eddica para las leyes argentinas y norteamericanas.<\/p>\n El nombre del archivo es: \u201cDICTAMEN 5072-D-2020 C.M.docx\u201d y contiene el dictamen de comisi\u00f3n del expediente 5072-D-2020 con la redacci\u00f3n nueva del art\u00edculo 4\u00ba con la palabra \u201cnegligencia<\/strong>\u201d.<\/p>\n La vicepresidenta de la Comisi\u00f3n de Acci\u00f3n Social y Salud P\u00fablica, Carmen Polledo, aval\u00f3 esta secuencia y critic\u00f3 al gobernador Axel Kicillof por atribuirle la traba jur\u00eddica \u201ca un miembro de la oposici\u00f3n\u201d, en alusi\u00f3n a Graciela Oca\u00f1a.<\/p>\n C.M. son las siglas de Cecilia Moreau, quien est\u00e1 vinculada pol\u00edticamente con el entonces viceministro de Salud bonaerense, Nicol\u00e1s Kreplak<\/strong>, uno de los m\u00e1s duros funcionarios contra los laboratorios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En un nuevo rev\u00e9s judicial para el expresidente Alberto Fern\u00e1ndez, la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a orden\u00f3 reabrir y profundizar la investigaci\u00f3n para determinar si hubo alg\u00fan tipo de delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer durante la pandemia de COVID-19. 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El pol\u00e9mico juez Ariel Lijo hab\u00eda desestimado en su momento una presentaci\u00f3n por la compra de la vacuna de Pfizer contra el Covid. (Foto: Fernando de la Orden) <\/p>\n