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En julio de 2019, en medio de una oleada de tomas de tierras y con la campa\u00f1a electoral en puerta, alrededor de 20 familias desembarcaron en Santa Rosa, La Pampa<\/strong>. Comenzaron a ocupar terrenos privados y municipales<\/strong> que con el tiempo se convirtieron en tres barrios populares de la localidad<\/strong>. Uno de los afectados fue Homero Marqu\u00e9s, un abogado de 54 a\u00f1os que sufri\u00f3 la usurpaci\u00f3n de dos hect\u00e1reas de una propiedad que ten\u00eda en proceso de sucesi\u00f3n, junto a sus familiares.<\/strong> El lote est\u00e1 ubicado en el l\u00edmite norte de la ciudad, dentro del ejido urbano, lindante con el parque recreativo Laguna, donde hoy funciona el asentamiento El Nuevo Salitral. LA NACION<\/strong> se contact\u00f3 con el intendente, Luciano di N\u00e1poli, <\/strong>quien se\u00f1al\u00f3 que el inmueble ha sido \u201cdeclarado de utilidad p\u00fablica\u201d y sujeto a \u201cexpropiaci\u00f3n\u201d de conformidad a las normas nacionales.<\/strong><\/p>\n \u201cEn ese momento hubo un conflicto con el gobierno nacional, y el tema fue fogoneado pol\u00edticamente. Era una muestra de que exist\u00edan problemas sociales. Me usurparon con un desembarco de 20 familias,<\/strong> pero tambi\u00e9n vinieron distintas organizaciones sociales con ellos\u201d, relat\u00f3 Marqu\u00e9s a LA NACION<\/strong>. A mediados de 2019 y comienzos de la pandemia, en 2020, hubo en el pa\u00eds varias tomas de tierras. En algunos casos esto deriv\u00f3 en desalojos; sin embargo, en Santa Rosa no solo no hubo desalojos, sino que las tomas se consolidaron con el paso del tiempo y fueron avaladas por el gobierno provincial.<\/strong><\/p>\n Tras la usurpaci\u00f3n, Marqu\u00e9s present\u00f3 la denuncia en la fiscal\u00eda, pero la causa en el fuero penal fue archivada sin consecuencias para los ocupantes. \u201cLa fiscal\u00eda no hizo nada. Entonces inici\u00f3 una acci\u00f3n civil.<\/strong> Solicit\u00e9 el reconocimiento de la usurpaci\u00f3n, pero el 18 de diciembre de 2023 agreg\u00f3 al expediente que el lugar hab\u00eda sido declarado barrio popular y se suspendi\u00f3 el desalojo.<\/strong> Al principio dec\u00edan que era un conflicto entre privados, pero luego se convirti\u00f3 en un conflicto social. \u00c9ramos 20 contra uno, y el gobierno lo convalid\u00f3\u201d, <\/strong>afirm\u00f3. La propiedad se encontraba en proceso de loteo, pero no pod\u00eda avanzar hasta que se realizara la divisi\u00f3n municipal y catastral correspondiente.<\/p>\n La causa fue interpuesta por la jueza Susana Ethel Fern\u00e1ndez, de la Oficina de Gesti\u00f3n Com\u00fan. Marqu\u00e9s asegura que a las audiencias asistieron entre 500 y 1000 personas vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita.<\/strong> Juan Grabois, incluso, cada tanto se acerca a hacer sus tradicionales recorridas, <\/strong>dijo. <\/strong>\u201cIban a presionar a la jueza que nunca avanz\u00f3. Ellos llevaban todo el apoyo pol\u00edtico y social [para amedrentar a la jueza]. Les han dado materiales de construcci\u00f3n: chapa, cemento, como forma de facilitar las tomas. El l\u00edmite del avance de las tomas siempre fueron los servicios, que era un freno para el avance\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n La situaci\u00f3n se agrav\u00f3 cuando el intendente de Santa Rosa, Luciano di N\u00e1poli, blanque\u00f3 la ocupaci\u00f3n y anunci\u00f3 que proveer\u00eda electricidad y alumbrado p\u00fablico a los barrios populares surgidos en ese contexto. <\/strong>\u201cLa participaci\u00f3n del intendente le quit\u00f3 toda posibilidad al desalojo, porque consolid\u00f3 la toma. Dej\u00f3 de ser un conflicto entre privados y se transform\u00f3 en una pol\u00edtica habitacional\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n En noviembre de 2023 se declar\u00f3 a la zona usurpada como \u201cbarrio popular\u201d, y se reconocieron tres asentamientos: El Nuevo Salitral \u2014 ubicado en las dos hect\u00e1reas de Marqu\u00e9s \u2014, El Amanecer y Michaela Garc\u00eda, estos \u00faltimos sobre terrenos municipales.<\/strong><\/p>\n En las \u00faltimas semanas, la ordenanza municipal impulsada por el intendente Di N\u00e1poli fue aprobada en el Concejo Deliberante,<\/strong> con el voto definitorio de su presidenta, Romina Montes de Oca, <\/strong>para proveer servicios p\u00fablicos a estos barrios. \u201cEso termin\u00f3 de consolidar el despojo. La propiedad me lleg\u00f3 en sucesi\u00f3n tras la muerte de mi padre, y la toma se hizo en medio de los tr\u00e1mites. Lo del Concejo Deliberante fue el golpe final\u201d,<\/strong> lament\u00f3 Marqu\u00e9s. La sucesi\u00f3n se resolvi\u00f3 en julio de 2021.<\/strong><\/p>\n \u201cAhora me muevo desde la soledad, pero son todos traspi\u00e9s. Entre gallos y medianoche, declararon mi propiedad como barrio popular. Estas cosas se ve\u00edan en otras provincias, pero no en La Pampa, un lugar de paz. Adem\u00e1s nadie va a una audiencia acompa\u00f1ado por 1000 personas: les prestan todo el apoyo legal de abogados. Los abogados pertenecen a esas organizaciones<\/strong>\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n \u201cEl crimen se cometi\u00f3 despojando la propiedad privada. Siempre dijeron que era un conflicto entre privados, pero el intendente va a los barrios a tomar mate con la gente. El poder pol\u00edtico est\u00e1 vinculado al despojo\u201d, resumi\u00f3. De las dos hect\u00e1reas en cuesti\u00f3n, Marqu\u00e9s proyectaba obtener 40 terrenos loteados, cuyo valor estimado rondaba los US$30.000 cada uno.<\/strong> \u201cLa sucesi\u00f3n me hizo demorar el loteo. En esa herencia, se me adjudic\u00f3 el 50% de la propiedad, mientras que el otro 50% pertenece a mis primos, herederos de mi t\u00edo\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n En comparaci\u00f3n con otras provincias, sostuvo que en Santa Rosa hay facilidad de acceso a la vivienda, lo que agrava su sensaci\u00f3n de injusticia. \u201cNunca m\u00e1s fui [al terreno], me da bronca y mucha impotencia. Es una barbarie pasar por ah\u00ed y ver todo lo que han hecho. Uno hizo una construcci\u00f3n con cubiertas<\/strong>\u201d, finaliz\u00f3.<\/p>\n Antes una consulta de LA NACION<\/strong>, el intendente Di N\u00e1poli explic\u00f3 que la decisi\u00f3n de impulsar el tendido el\u00e9ctrico se tom\u00f3 porque ese barrio est\u00e1 declarado por ley nacional como barrio popular en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap),<\/strong> lo que impide que cualquier due\u00f1o inicie un desalojo y obliga al Estado a urbanizar. Dijo que la mayor\u00eda del barrio se encuentra en terrenos municipales y solo una parte est\u00e1 en litigio entre los ocupantes y quien reclama ser su due\u00f1o<\/strong>. Asimismo, indic\u00f3 que, al tratarse de un sector habitado por familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, el municipio opt\u00f3 por realizar las obras de tendido el\u00e9ctrico para que luego estas familias puedan acceder a ese servicio b\u00e1sico.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que la declaraci\u00f3n del barrio como de utilidad p\u00fablica implica que las tierras sean sujetas a expropiaci\u00f3n seg\u00fan lo que marca la ley nacional, y agreg\u00f3 que, en ese caso, el Estado nacional, a trav\u00e9s de la Agencia de Administraci\u00f3n de Bienes del Estado (AABE), deber\u00eda compensar a Marqu\u00e9s.<\/strong><\/p>\n De acuerdo con un \u201cprocedimiento de expropiaci\u00f3n\u201d, que facilit\u00f3 el Jefe municipal, se destaca: la Resoluci\u00f3n N\u00ba 2319\/2023 del Ministerio de Desarrollo Social, firmada por Victoria Tolosa Paz que incluye los tres barrios populares en el Anexo I,<\/strong> establece un procedimiento de expropiaci\u00f3n enfocado en dotar de energ\u00eda el\u00e9ctrica a estos asentamientos, sin pretender la regularizaci\u00f3n dominial de sus terrenos. Seg\u00fan el dictamen, los inmuebles se encuentran declarados de utilidad p\u00fablica y sujetos a expropiaci\u00f3n conforme al art. 2 de la Ley 27453, siendo el Poder Ejecutivo Nacional, a trav\u00e9s de la AABE, el encargado de la medida, no la Municipalidad de Santa Rosa<\/strong>. Se destaca que, salvo una porci\u00f3n del barrio popular El Nuevo Salitral, que pertenece a un tercero<\/strong>, el resto de los barrios se asienta en terrenos municipales, y la resoluci\u00f3n garantiza expresamente el acceso a servicios b\u00e1sicos.<\/p>\n Adem\u00e1s, se informa que, a la fecha, no se han firmado convenios entre Naci\u00f3n y Municipio para la instalaci\u00f3n del servicio: se est\u00e1 trabajando en el parcelamiento de las tierras y se evaluar\u00e1 la necesidad de futuras ordenanzas de urbanizaci\u00f3n, mientras que el Certificado de Vivienda Familiar, seg\u00fan el Decreto 358\/17, servir\u00e1 para acreditar los domicilios sin ser el \u00fanico instrumento v\u00e1lido, y se reitera que la regularizaci\u00f3n dominial no forma parte del proceso, aunque los inmuebles pertenecientes al Sr. Homero M\u00e1rquez (SIC) ya \u201chan sido declarados de utilidad p\u00fablica y sujetos a expropiaci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n