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El gobierno de Javier Milei tom\u00f3 la decisi\u00f3n de avanzar en la demanda civil contra Cristina Kirchner por m\u00e1s de 22.000 millones de pesos.<\/strong> Cuando la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n confirm\u00f3 la sentencia condenatoria en el caso Vialidad contra la ex vice, los abogados de Vialidad Nacional -bajo la actual gesti\u00f3n-, remitieron esa resoluci\u00f3n al juez Civil y Comercial, Marcelo Dos Santos, con el fin de avanzar en este expediente. La condena -que despu\u00e9s fue ratificada y que ahora ser\u00e1 materia de an\u00e1lisis para la Corte Suprema-, expone a criterio del organismo estatal, la responsabilidad penal de Kirchner y los dem\u00e1s acusados \u201cque motivaron tanto la acci\u00f3n penal como la acci\u00f3n civil\u201d.<\/p>\n En diciembre de 2022, despu\u00e9s de conocerse la sentencia condenatoria que dict\u00f3 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) contra la ex vicepresidenta, L\u00e1zaro B\u00e1ez, Jos\u00e9 L\u00f3pez, Nelson Periotti, entre otros responsables de la maniobra defraudatoria, la Corte Suprema reactiv\u00f3 la demanda civil que en 2019, hab\u00eda iniciado la administraci\u00f3n de Mauricio Macri contra los acusados.<\/strong><\/p>\n Lo que sostuvo en aquel momento es que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N\u00b011, a cargo de Alejandro Nobili, es el que debe intervenir en la acci\u00f3n civil que inici\u00f3 Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner, por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados al Estado Nacional a ra\u00edz de los contratos viales adjudicados, en suelo santacruce\u00f1o, a su ex socio comercial L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n Sin embargo, tiempo despu\u00e9s, el expediente qued\u00f3 radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial 2 a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos<\/strong> quien, como cont\u00f3 Clar\u00edn, recientemente rechaz\u00f3 un pedido de Cristina Kirchner para que se declare la caducidad del proceso.<\/p>\n En ese planteo el abogado de la actual presidenta del Partido Justicialista, sostuvo que el expediente no hab\u00eda contado con ning\u00fan movimiento desde octubre de 2023, cuando gobernaba Alberto Fern\u00e1ndez.<\/p>\n Como se trata de una demanda civil que el Estado (durante la gesti\u00f3n macrista) le inici\u00f3 a Cristina Kirchner, es el propio gobierno quien debe impulsar el avance del reclamo, a trav\u00e9s del Procurador del Tesoro que es el jefe de los abogados del Estado: durante la administraci\u00f3n anterior ese puesto lo ocup\u00f3 Carlos Zannini.<\/p>\n Por ese motivo, la defensa expuso que el expediente se encuentra sin avance alguno desde el 19\/10\/23. En consecuencia, dijo que el \u00faltimo movimiento en este expediente fue el 18\/10\/23.<\/p>\n Entre otros aspectos, el abogado de Cristina indic\u00f3 que quienes la demandaron \u201cno efectuaron presentaci\u00f3n alguna, es decir que han pasado m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde la \u00faltima presentaci\u00f3n\u201d. Por esos argumentos expuestos, la defensa entiende que debe declararse la caducidad del proceso.<\/p>\n Pero el juez Dos Santos sostuvo que los c\u00e1lculos realizados por las defensas para plantear la inacci\u00f3n del expediente, son incorrectos. \u201cCreo necesario recordar que la inactividad, como presupuesto de la caducidad de la instancia, significa la paralizaci\u00f3n total de la instancia respectiva\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n Esa decisi\u00f3n fue apelada por la defensa, pero recibi\u00f3 la misma respuesta por parte del juzgado: el rechazo.<\/p>\n Ahora, se sum\u00f3 un nuevo movimiento al expediente: Marcelo Saenz Urquiza actual Gerente Ejecutivo de Asuntos Jur\u00eddicos de la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad, con la representaci\u00f3n letrada de Ana Luc\u00eda Mart\u00ednez Ort\u00edz, \u201cen el marco de los presentes actuados y a los fines de continuar el impulso de los mismos\u201d, se inform\u00f3 sobre la decisi\u00f3n de la Sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n que confirm\u00f3 la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner.<\/p>\n \u201cNo obstante que ello es de p\u00fablico y notorio conocimiento, se adjunta la mencionada resoluci\u00f3n para mejor dominio en estas actuaciones\u201d, se\u00f1al\u00f3 la abogada en el escrito al que accedi\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n En ese cuadro de situaci\u00f3n y quedando solo pendiente la intervenci\u00f3n de la Corte Suprema donde ingresaron los recursos de queja esta semana, despu\u00e9s de que la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n rechaz\u00f3 hace dos semanas los recursos extraordinarios que apelaban la confirmaci\u00f3n de la sentencia, Vialidad Nacional solicit\u00f3 en la presentaci\u00f3n que \u201cse tenga presente lo resuelto en dichas actuaciones penales\u201d.<\/p>\n Al analizar los argumentos desarrollados por la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, la asesora letrada del organismo vial, sostuvo que de \u201cla lectura de lo all\u00ed expuesto luce la ponderaci\u00f3n material probatorio de los extremos f\u00e1cticos que motivaron tanto la acci\u00f3n penal como la acci\u00f3n civil que aqu\u00ed nos ocupa\u201d.<\/p>\n Este reclamo inici\u00f3 en agosto de 2019 cuando en el fuero contencioso administrativo, la Direcci\u00f3n de Vialidad Nacional (DVN) radic\u00f3 una demanda por da\u00f1os y perjuicios de $ 22.300 millones, contra la vicepresidenta<\/strong>, L\u00e1zaro B\u00e1ez y otros imputados en los hechos de corrupci\u00f3n en la obra p\u00fablica vial, con la que se benefici\u00f3 al Grupo Austral y que fueron condenados despu\u00e9s de tres a\u00f1os de juicio oral.<\/p>\n La cifra exigida por la gesti\u00f3n Macri en concepto de indemnizaci\u00f3n al Estado, responde al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios, por eso se sostuvo que los acusados de forma solidaria, deben resarcir dicho da\u00f1o econ\u00f3mico.<\/p>\n Cuando inici\u00f3 el juicio en la justicia penal la cifra por las 51 licitaciones adjudicadas a L\u00e1zaro B\u00e1ez ascend\u00eda a 46.000 millones de pesos. Sin embargo en los fundamentos, los jueces que condenaron a Cristina Kirchner se\u00f1alaron que alrededor de esos contratos existi\u00f3 \u201cuna extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudic\u00f3 los intereses pecuniarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n Al momento de profundizar en esa maniobra y las consecuencias negativas para el Estado, el Tribunal dijo que la defraudaci\u00f3n fue de 85.000 millones de pesos. \u201cEse monto es el resultado de la suma total de las actualizaciones practicadas con relaci\u00f3n a cada uno de los valores nominales al momento en que se verific\u00f3 la diferencia de costo, ajustada mediante el \u00edndice de precios al consumidor, pues se procur\u00f3 preservar el valor real del monto obtenido\u201d, fundamentaron.<\/p>\n Ante la consulta de Clar\u00edn respecto a si el gobierno de Javier Milei avanzar\u00e1 con esta demanda, fuentes oficiales se\u00f1alaron: \u201cEs una causa de acci\u00f3n p\u00fablica y sigue su curso\u201d.<\/p>\n En este sentido se entendi\u00f3 que hasta que no haya un pronunciamiento sobre la causa penal, conocida como \u201cVialidad\u201d, no se concluir\u00e1 la demanda civil ya que tiene la primaria incidencia en \u00e9sta.<\/p>\n Adem\u00e1s, cuando concluya el proceso penal, seg\u00fan se\u00f1alaron fuentes oficiales a Clar\u00edn, \u201cla cifra demandada en el fuero Civil y Comercial, deber\u00e1 actualizarse\u201d, es decir: superar\u00e1 los 22.300 millones de pesos.<\/p>\n La car\u00e1tula de la causa es \u201cDirecci\u00f3n Nacional de Vialidad c\/ Fern\u00e1ndez, Cristina Elizabet y otros s\/ responsabilidad por da\u00f1os\u201d. Se trata de una demanda civil que incluye de forma solidaria en la responsabilidad, a todas las personas que, en el caso Vialidad, el TOF 2 encontr\u00f3 responsables del delito de administraci\u00f3n fraudulenta con diversos grados de participaci\u00f3n.<\/p>\n La demanda multimillonaria se concentra en los da\u00f1os y perjuicios que ocasion\u00f3 que L\u00e1zaro B\u00e1ez abandonara 24 rutas por las que percibi\u00f3 fondos p\u00fablicos. Ese reclamo por una indemnizaci\u00f3n de 22.300 millones de pesos transita en el fuero Civil.<\/p>\n El m\u00e1ximo tribunal ya se hab\u00eda pronunciado respecto a este caso, al rechazar uno de los tantos reclamos con los que Cristina Kirchner busc\u00f3 voltear el juicio Vialidad que concluy\u00f3 con una sentencia condenatoria en su contra y que ahora est\u00e1 siendo analizada por la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n.<\/p>\n Pese a que la ex presidenta y vicepresidenta insist\u00eda en que ese juicio por da\u00f1os y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a B\u00e1ez y que nunca termin\u00f3- deb\u00eda tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Civil, la Corte Suprema adopt\u00f3 otro criterio.<\/p>\n Cuando se busc\u00f3 colocar una cifra al perjuicio ocasionado en el marco de la demanda civil, se se\u00f1al\u00f3 que se determinaron dos \u00e1mbitos claramente mensurables en relaci\u00f3n al perjuicio econ\u00f3mico ocasionado.<\/p>\n El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realizaci\u00f3n de una obra y el precio finalmente contratado. Esto, comprendieron los magistrados, \u201cproducto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio\u201d.<\/p>\n El segundo concepto en base al cual se determin\u00f3 el perjuicio econ\u00f3mico a la administraci\u00f3n p\u00fablica, \u201cest\u00e1 dado por la existencia de sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras viales peritadas\u201d. La pericia oficial habl\u00f3 de 170 a 220 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo en ese universo de rutas analizadas, como un modus operandi.<\/p>\n Con estos criterios y cifras actualizadas, la demanda civil cuenta con m\u00e1s fundamentos, y adem\u00e1s, suma la determinaci\u00f3n pol\u00edtica del gobierno de Javier Milei de avanzar en el reclamo de la indemnizaci\u00f3n al Estado por el da\u00f1o ocasionado.<\/p>\n Cuando se radic\u00f3 esta demanda por da\u00f1os y perjuicios, la gesti\u00f3n macrista indic\u00f3 que las maniobras confirmadas ahora en la sentencia por corrupci\u00f3n, ocasionaron \u201cperjuicios financieros\u201d al Estado y por eso se reclam\u00f3 a los acusados el resarcimiento de 22.300 millones de pesos. La cifra no es azarosa. La misma se fij\u00f3 despu\u00e9s de un informe t\u00e9cnico de Vialidad.<\/p>\n En funci\u00f3n de ese estudio t\u00e9cnico se explic\u00f3 que el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas (24 en total), los a\u00f1os que se presupuestaron, los da\u00f1os ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno de Javier Milei tom\u00f3 la decisi\u00f3n de avanzar en la demanda civil contra Cristina Kirchner por m\u00e1s de 22.000 millones de pesos. 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