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<\/p>\n <\/p>\n
El piquetero Eduardo Belliboni<\/strong> qued\u00f3 cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. Le atribuyen los delitos de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica, amenazas y extorsi\u00f3n \u201csobre miles de personas\u201d <\/strong>que deb\u00edan percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo. El fiscal federal Gerardo Pollicita firm\u00f3 el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio oral de esta primera etapa del caso: a\u00fan se investigan operaciones de lavado y la responsabilidad de ex funcionarios K.<\/strong><\/p>\n En un dictamen de 274 p\u00e1ginas al que accedi\u00f3 Clar\u00edn<\/strong>, el representante del Ministerio P\u00fablico Fiscal firm\u00f3 el pedido de elevaci\u00f3n a juicio oral del l\u00edder del Polo Obrero y de otras diecis\u00e9is personas procesadas por ofrecer la incorporaci\u00f3n al plan Potenciar Trabajo, otorgados en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa <\/strong>de dar de baja el subsidio si no lo hac\u00edan.<\/p>\n La fiscal\u00eda determin\u00f3 que en este caso existi\u00f3 una \u201ccompleja matriz delictiva\u201d que durante a\u00f1os se \u201caprovech\u00f3 de las necesidades de un amplio sector social de car\u00e1cter vulnerable de nuestro pa\u00eds, lo que les permiti\u00f3 ejercer ileg\u00edtimamente poder sobre aqu\u00e9llos con miras a manejarlos seg\u00fan sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las v\u00edctimas de un mejor porvenir\u201d.<\/p>\n La fiscal\u00eda concluy\u00f3 que existi\u00f3 un acuerdo de voluntades entre diversos referentes del Polo Obrero, con una divisi\u00f3n de roles y alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024.<\/strong><\/p>\n Esa organizaci\u00f3n, se escribi\u00f3 en el dictamen, estuvo destinada a \u201ccometer m\u00faltiples delitos en perjuicio de las personas en situaci\u00f3n de alta vulnerabilidad socioecon\u00f3mica y del Estado Nacional, con el fin de obtener un lucro indebido y el poder intr\u00ednseco derivado del manejo de miles de individuos<\/strong>\u201d.<\/p>\n A la cabeza de dicha estructura criminal se encuentra Eduardo Bellibon<\/strong>i, como organizador junto a referentes nacionales como Jerem\u00edas Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma<\/strong>. Despu\u00e9s, como miembros en el \u00e1mbito territorial de esta ciudad, se acus\u00f3 a los referentes Mar\u00eda Isolda Dotti, Iv\u00e1n Ezequiel Candotti y Gustavo V\u00e1squez.<\/strong><\/p>\n Los cuadernos del Polo Obrero: control de asistencia a las marchas y sanciones. <\/p>\n Esta organizaci\u00f3n implement\u00f3 un esquema de \u201cextorsiones y amenazas coactivas<\/strong> con el fin de controlar y manejar \u2014en lo que p\u00fablicamente se ha denominado \u201cgerenciamiento\u201d\u2014 a miles de personas a lo largo y ancho del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n La maniobra garantizaba, remarc\u00f3 Pollicita, \u201cel poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero <\/strong>que aquellos recib\u00edan del Estado como ayuda social\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan se pudo establecer mediante informes oficiales, en febrero de 2024 el \u201cPolo Obrero\u201d ten\u00eda bajo su tutela a m\u00e1s de 65 mil beneficiarios en todo el pa\u00eds<\/strong> \u2014alcanzando su pico, en diciembre de 2022, con una n\u00f3mina de 83.530 personas bajo su \u00f3rbita\u2014 y los documentos hallados en poder de los propios acusados \u201crevelaron que a todos ellos les sustra\u00edan parte del plan<\/strong>, lo que les permiti\u00f3 obtener importantes sumas de dinero\u201d.<\/p>\n La recaudaci\u00f3n esperada solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n En funci\u00f3n de estos mecanismos, la fiscal\u00eda determin\u00f3 que esta organizaci\u00f3n \u201cdefraud\u00f3 al Estado Nacional mediante la apropiaci\u00f3n ileg\u00edtima de millonarios fondos p\u00fablicos q<\/strong>ue le eran entregados como subsidios a la agrupaci\u00f3n Polo Obrero\u201d.<\/p>\n Los fondos p\u00fablicos eran concedidos para que la organizaci\u00f3n sindical, realizara actividades formativas \u201cen favor de las personas m\u00e1s vulnerables\u201d. Contrario a estos fines, el Polo Obrero -corrobor\u00f3 la justicia federal- \u201cdesvi\u00f3 los fondos en beneficio propio mediante el uso de m\u00e1s de un centenar de facturas ap\u00f3crifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica social<\/strong> se\u00f1alada\u201d.<\/p>\n En este punto, y como segunda parte del expediente, es que el Ministerio P\u00fablico Fiscal imput\u00f3 a Emilio P\u00e9rsico, <\/strong>que ten\u00eda a su cargo la Secretar\u00eda de Econom\u00eda Social, ya que a criterio de los investigadores \u201cel plan delictivo s\u00f3lo fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios p\u00fablicos<\/strong>, quienes durante los a\u00f1os en que se desarroll\u00f3 la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real\u201d.<\/p>\n Sigue en etapa de instrucci\u00f3n otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n donde el eje est\u00e1 colocado en operaciones de blanqueo<\/strong>, en las que supuestamente intervinieron cooperativas y empresas utilizadas como \u201cpantallas\u201d para la aplicaci\u00f3n del dinero desviado.<\/p>\n En definitiva, dijo el fiscal Pollicita, \u201clos integrantes de esta organizaci\u00f3n criminal, para obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder, se aprovecharon de la vulnerabilidad de los m\u00e1s necesitados para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones tales como la quita del plato de comid<\/strong>a o de su \u00fanico medio de subsistencia\u201d.<\/p>\n Ese circuito tuvo en simult\u00e1neo la \u201csimulaci\u00f3n de gastos con facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa, completando su accionar con un proceso posterior de lavado de dinero, para disimular el origen espurio de esos fondos\u201d.<\/p>\n El fiscal detall\u00f3 un \u201cesquema extorsivo-coactivo\u201d, en que por un lado se oblig\u00f3 a los beneficiarios de los planes sociales a \u201centregar una porci\u00f3n del Salario Social Complementario que recib\u00edan como ayuda estatal y, por el otro, se les impuso coactivamente la participaci\u00f3n y contribuci\u00f3n en \u201cactividades pol\u00edticas\u201d de la organizaci\u00f3n\u201d:<\/p>\n Las exigencias fueron instrumentadas mediante intimidaciones consistentes<\/strong> en el anuncio de que, en caso de no cumplir con lo requerido, \u201cse habr\u00edan de imponer, cuanto menos, cuatro tipo de sanciones: el condicionamiento del acceso al comedor y a los alimentos secos y frescos provistos a la organizaci\u00f3n por agencias p\u00fablicas; el condicionamiento del acceso al Plan Potenciar Trabajo para los aspirantes que a\u00fan no se encontraban registrados.<\/p>\n Entre otras, las sanciones para los titulares del programa eran el c\u00f3mputo de menos horas de trabajo rendido \u2014lo que repercut\u00eda en el monto final liquidado\u2014 o la degradaci\u00f3n de categor\u00eda \u2014si es que ocupaban una posici\u00f3n que implicara una asignaci\u00f3n m\u00e1s alta\u2014; la baja total a la ayuda social para los titulares del programa, como instrumento sancionatorio reservado al incumplimiento frecuente de dichas imposiciones il\u00edcitas.<\/p>\n Las personas que eran coaccionadas y extorsionadas por los acusados sufr\u00edan tambi\u00e9n la instrumentaci\u00f3n de categor\u00edas creadas por los dirigentes sociales, se\u00f1al\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n \u201cPor una parte estaban los \u2018beneficiarios especiales\u2019 <\/strong>\u2014se los denominaba \u2018cuadrilla\u2019, \u2018esenciales\u2019 o \u2018nexo\u2019, seg\u00fan el caso\u2014, que percib\u00edan hasta el doble de la prestaci\u00f3n social<\/strong>, a cambio de exigirles \u2014adem\u00e1s del dinero y las \u2018movilizaciones\u2019\u2014 m\u00e1s tareas a determinar en cada caso\u201d.<\/p>\n Por debajo de \u00e9stos se encontraban los \u201cbeneficiarios comunes<\/strong> \u2014que percib\u00edan la prestaci\u00f3n social y, a cambio, se les exig\u00eda una parte del subsidio y su asistencia a las \u201cmovilizaciones\u201d\u2014.<\/p>\n Finalmente, en un estrato inferior, se ubicaban los integrantes de las \u201clistas de espera\u201d<\/strong>, quienes deb\u00edan cumplir determinada cantidad de \u201cmovilizaciones\u201d o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo<\/strong> o a los alimentos provistos por los comedores<\/p>\n \u201cLas amenazas transmitidas a las v\u00edctimas con el fin de que cumplieran con las exigencias il\u00edcitas eran efectivamente ejecutadas<\/strong> por los imputados\u201d, remarc\u00f3 el fiscal del caso.<\/p>\n Seg\u00fan dio por corroborado el fiscal Pollicita, la agrupaci\u00f3n dirigida por Belliboni \u201cneg\u00f3 el acceso a la comida que el Estado repart\u00eda y degrad\u00f3 o dio de baja del Programa Potenciar Trabajo a personas carenciadas que no cumpl\u00edan con sus exigencias il\u00edcitas, para de esa forma conservar \u2014en forma individual hacia el sancionado y en forma preventiva-general hacia las restantes v\u00edctimas\u2014 la idoneidad y eficacia del mecanismo extorsivo-coactivo instaurado\u201d.<\/p>\n La coacci\u00f3n y la extorsi\u00f3n se sustentaron -expresa el dictamen-, \u201cen un mecanismo de contabilidad paralela <\/strong>centralizada. Los acusados exigieron ileg\u00edtimamente a miles de v\u00edctimas una porci\u00f3n del dinero que recib\u00edan como ayuda social y las obligaron a realizar actividades pol\u00edtico-partidarias, lo que les aseguraba tanto dinero como poder\u201d.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo se distribu\u00eda el dinero? El 50% iba al Polo Obrero Central, el 5% a la \u201cRegional\u201d correspondiente y el 45% restante quedaba en la propia asamblea.<\/strong><\/p>\n El Polo Obrero \u201cdesvi\u00f3 y sustrajo fondos p\u00fablicos que le eran entregados como subsidio institucional por la ex Secretar\u00eda de Econom\u00eda Social en el marco del Programa Potenciar Trabajo\u201d. Para esta etapa de la maniobra delictiva \u201cse vali\u00f3 de cuanto menos 188 facturas ap\u00f3crifas de las empresas Ediciones e Impresiones Rumbos, Coxtex, Urban Graphics, Ricoprint, Miniso Trade y de Carlos Osvaldo Monfrini.<\/p>\n Esas facturas fueron incluidas en las rendiciones de cuentas presentadas a las autoridades p\u00fablicas hasta diciembre de 2023, \u201csimulando gastos no concretados por un monto nominal de 49.417.301,89 pesos\u201d.<\/p>\n Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo Resplandor suscribieron cinco convenios con la Secretar\u00eda de Econom\u00eda Social, por los cuales recibieron 361.087.500 pesos en concepto de subsidio institucional.<\/p>\n El Polo Obrero firm\u00f3 tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a trav\u00e9s de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le sigui\u00f3 otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un \u00faltimo pago de 37,5 millones de pesos.<\/p>\n La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firm\u00f3 dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organizaci\u00f3n: dos de 37,5 millones de pesos y el \u00faltimo en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.<\/p>\n Ediciones e Impresiones Rumbos es una sociedad que no cuenta con sede social ni comercial de actividades, que fue calificada por la AFIP como una usina de facturas ap\u00f3crifas sin capacidad econ\u00f3mica para vender o prestar los servicios facturados, pero desde al menos octubre de 2021 emiti\u00f3 alrededor de 179 facturas por 31.475.027,04 pesos.<\/p>\n Las facturas fueron para la supuesta compra de bienes que se \u201cenmarcaban en los rubros \u201cmateriales, indumentaria e insumos\u201d, o bien \u201cmaquinaria, herramientas y equipamiento\u201d\u2014 para ocultar, de tal modo, su verdadero destino\u201d.<\/p>\n Cotex tampoco tiene sede social ni comercial, carece de una actividad real y tambi\u00e9n fue calificada por la AFIP como una usina de facturas ap\u00f3crifas. Se verific\u00f3 que quienes figuran como socios son prestanombres, que no registraba movimientos bancarios \u2014pese a haber facturado montos millonarios\u2014 y en esta causa \u201cemiti\u00f3 dos facturas para simular gastos del programa por un monto total de 5.144.418 pesos\u201d.<\/p>\n La simulaci\u00f3n de gastos fue mayor. Se corrobor\u00f3 la existencia de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa de Urban Graphics SA (una factura por un monto de $5.180.019), Ricoprint SRL (una factura por un monto de $2.769.378), Carlos Osvaldo Monfrini (dos facturas por un monto de $1.220.450 y $253.006, respectivamente) y Miniso Trade SA (una factura por un monto de $3.060.003).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El piquetero Eduardo Belliboni qued\u00f3 cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. 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Los cuadernos del Polo Obrero <\/p>\nEl sistema de las facturas truchas<\/h2>\n
El dinero cuestionado y las firmas fantasmas<\/h2>\n
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