![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/pese-a-que-los-indices-de-siniestralidad-FXXQLLCEKZEJLCYZBBSZL6MWMI-1.jpg\"\/)
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El n\u00famero de juicios iniciados en 2024 por accidentes laborales<\/strong> creci\u00f3 un 7% respecto del a\u00f1o anterior -fue de 125.842-<\/strong>, y qued\u00f3 muy cerca del dato r\u00e9cord hist\u00f3rico, registrado en 2017<\/strong> y que, parad\u00f3jicamente, fue lo que motoriz\u00f3 el debate que llev\u00f3 a la ley 27.438, hoy vigente.<\/p>\n El sector que desde hace un tiempoviene manifestando su preocupaci\u00f3n<\/strong>, hoy ya se expresa en tono de alarma con respecto al tema. Advierten que la falta de cumplimiento de la ley por parte de uno de los principales actores del sistema -la Justicia- es determinante. Y los referentes recuerdan que en el peor momento de la historia el nivel de litigiosidad cruz\u00f3 el umbral de las 130.000 demandas.<\/strong><\/p>\n Los datos se desprenden del \u00faltimo informe de la Uni\u00f3n de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo <\/strong>(UART<\/strong>), la entidad que agrupa a las compa\u00f1\u00edas de seguros de este sector. Seg\u00fan se indica, en 2024 hubo 125.842 nuevos juicios laborales<\/strong>, solo por casos de accidentes o enfermedades. <\/strong>Se trata de demandas por disconformidad con las indemnizaciones o con el grado de incapacidad laboral definido.<\/p>\n En 2023 las demandas iniciadas fueron 117.348, un 25% m\u00e1s que las de 2022. Y, si bien la UART y otras instituciones empresariales y profesionales vienen alertando sobre la cuesti\u00f3n, en 2024 hubo un 7% m\u00e1s. Y fue el cuarto a\u00f1o consecutivo de incremento del n\u00famero.<\/p>\n En la pr\u00e1ctica, una vez que se supera la instancia administrativa de evaluaci\u00f3n y determinaci\u00f3n de las secuelas de un accidente laboral seg\u00fan las reglas del baremo (una tabla de incapacidad laboral); en los casos en que el trabajador pretende un reconocimiento mayor, acude a la Justicia. All\u00ed, el dictamen de los m\u00e9dicos forenses<\/strong> resulta determinante para el juez, a la hora de definir el grado de incapacidad y, en consecuencia, el quantum de la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n La problem\u00e1tica, seg\u00fan afirman en el sector, radica en que, m\u00e1s de siete a\u00f1os despu\u00e9s de la reforma que dispuso cambios en los procedimientos, el Poder Judicial de la Naci\u00f3n y de cada una de las 17 provincias que adhirieron a la ley, no crearon los cuerpos m\u00e9dicos forenses<\/strong> previstos en ella. Este incumplimiento provoca que, como peritos, intervengan profesionales particulares que, si bien est\u00e1n registrados en la justicia, no constituyen un cuerpo independiente e imparcial que usen criterios uniformes y ajustados al ya mencionad baremo, <\/strong>que previ\u00f3 lanormativa para fijar los porcentajes de da\u00f1os.<\/p>\n De esta forma, indican que, con el mecanismo actual, cada perito -que cobra honorarios proporcionales al monto de la sentencia-, aplica su criterio personal. <\/strong>Y eso provoca, argumentan, desigualdad y desproporcionalidad<\/strong> al fijar el grado del da\u00f1o, distorsionando el sistema y generando mayor litigiosidad<\/strong>.<\/p>\n En la UART agregan que la problem\u00e1tica no solo impacta de manera implacable en la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo<\/strong>, sino que perjudica<\/strong> al mismo tiempo toda la estructura productiva<\/strong>: a los empleadores, afectando sus decisiones de inversi\u00f3n y empleo; a los trabajadores, bajando sus chances de conseguir trabajo de calidad, y a las ART, socavando la solvencia del sistema.<\/p>\n El procedimiento<\/strong><\/p>\n La ley vigente prev\u00e9 un procedimiento con instancia administrativa. Finalizado el tratamiento m\u00e9dico del trabajador, se eval\u00faa conforme las reglas del baremo si qued\u00f3 alg\u00fan grado de da\u00f1o,<\/strong> lo que da paso a la presentaci\u00f3n por parte de la ART de un tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n. De esos tr\u00e1mites homologables, cerca de un 90% se cierra con acuerdo del trabajador<\/strong>, que dispone de un abogado con honorarios a cargo de la ART.<\/p>\n \u201cSi el trabajador no est\u00e1 de acuerdo<\/strong> con la ART, va a la comisi\u00f3n m\u00e9dica que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y despu\u00e9s a la Justicia\u201d explican desde la UART, donde consideran que la soluci\u00f3n a la alta litigiosidad se encuentra en el propio texto de la ley 27.438, que dispuso, entre otras cuestiones, la creaci\u00f3n de los cuerpos m\u00e9dicos forenses<\/strong>.<\/p>\n Por esa raz\u00f3n, la entidad, desde hace tiempo, <\/strong>reclama<\/strong> tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n como al Poder Judicial de cada provincia la creaci\u00f3n de este cuerpo. <\/strong>Eso permitir\u00eda, sostienen las empresas, contar con profesionales elegidos por concurso, con formaci\u00f3n especializada en la tem\u00e1tica, con estabilidad, permanencia y en relaci\u00f3n de dependencia con el Poder judicial, es decir, sin honorarios atados al resultado del caso<\/strong>.<\/p>\n Las aseguradoras tambi\u00e9n se\u00f1alan que si los jueces aplicaran tasas de inter\u00e9s razonables, como viene indicando la Corte Suprema que deber\u00eda ocurrir, tambi\u00e9n se desalentar\u00eda la litigiosidad. \u201cLa disparidad de las tasas <\/strong>que aplica la justicia en las distintas ciudades es un factor que no contribuye al sistema ni aporta previsibilidad ni seguridad jur\u00eddica\u201d, afirman desde la entidad.<\/p>\n Ranking por provincias<\/strong><\/p>\n En el ranking de nuevos litigios el podio lo ocupa la provincia de Buenos Aires, con 50.584 casos en 2024; <\/strong>le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 22.946 juicios, y Santa Fe<\/strong>, con 16.439 casos <\/strong>y un incremento anual de 21,5%.<\/strong> En el cuarto puesto est\u00e1 C\u00f3rdoba con 10.424 anuales<\/strong>. La sigue Mendoza con 9.857 <\/strong>y un aumento de 18%.<\/p>\n En la UART afirman que la necesidad de que el sistema tenga cuerpos m\u00e9dicos <\/strong>constituidos seg\u00fan lo que dice la ley, lo demuestran los casos de las provincias que, si bien no cuentan con esa estructura espec\u00edfica, s\u00ed tienen m\u00e9dicos forenses dependientes del poder judicial <\/strong>-empleados de la justicia que cobran un salario mensual, en lugar de honorarios atados al da\u00f1o cuyo grado ellos mismos determinan-. Tal es el caso de Salta y R\u00edo Negro, <\/strong>que, en comparaci\u00f3n con sus provincias vecinas con econom\u00edas equivalentes y un nivel de siniestralidad similar, presentan una significativa disparidad en los niveles de litigiosidad<\/strong>.<\/p>\n Jujuy tiene 50 veces la litigiosidad de Salta, mientras que R\u00edo Negro tiene una cuarta parte y un tercio, de la judicialidad de sus vecinas Chubut y Neuqu\u00e9n.<\/p>\n Comparaci\u00f3n con Chile y Espa\u00f1a<\/strong><\/p>\n Las autoridades de la UART tambi\u00e9n se\u00f1alan que \u201cde partida nuestro sistema es generoso, porque prev\u00e9 el resarcimiento desde el 0,01 de incapacidad, <\/strong>mientras otros, como el de Chile y Espa\u00f1a, prev\u00e9n el resarcimiento a partir del 15% (Chile) y 30% (Espa\u00f1a)\u201d.<\/p>\n En t\u00e9rminos de litigiosidad, indican que \u201clos porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y Espa\u00f1a, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, <\/strong>descolocando as\u00ed cualquier esfuerzo productivo y competitivo.\u201d<\/p>\n Lo parad\u00f3jico, expresan, es que mientras los niveles de litigiosidad se incrementan, los \u00edndices de siniestralidad bajan. Los accidentes fatales (in itinere) tuvieron una disminuci\u00f3n del 73% en total y del 78% si no se consideran los accidentes in itinere, es decir, los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo.<\/p>\n Conforme a los criterios de<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El n\u00famero de juicios iniciados en 2024 por accidentes laborales creci\u00f3 un 7% respecto del a\u00f1o anterior -fue de 125.842-, y qued\u00f3 muy cerca del dato r\u00e9cord hist\u00f3rico, registrado en 2017 y que, parad\u00f3jicamente, fue lo que motoriz\u00f3 el debate que llev\u00f3 a la ley 27.438, hoy vigente.
\n El sector que desde hace un tiempoviene manifestando su preocupaci\u00f3n, hoy ya se expresa en tono de alarma con respecto al tema. Advierten que la falta de cumplimiento de la ley por parte de uno de los principales actores del sistema -la Justicia- es determinante. Y los referentes recuerdan que en el peor momento de la historia el nivel de litigiosidad cruz\u00f3 el umbral de las 130.000 demandas.
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