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El Gobierno decret\u00f3 este martes la finalizaci\u00f3n de la emergencia<\/strong> en materia de posesi\u00f3n y propiedad de las tierras<\/strong> tradicionalmente ocupadas por comunidades ind\u00edgenas<\/strong> originarias del pa\u00eds. As\u00ed, qued\u00f3 sin efecto la suspensi\u00f3n<\/strong> de la ejecuci\u00f3n de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci\u00f3n<\/strong> de esas tierras.<\/p>\n Son esos los puntos principales de Decreto 1083\/2024<\/strong>, publicado en la \u00faltima edici\u00f3n del Bolet\u00edn Oficial<\/strong> con la firma de Javier Milei y todo su Gabinete.<\/p>\n La normativa, que entrar\u00e1 en vigencia este mi\u00e9rcoles 11 de diciembre, derog\u00f3 el Decreto de Necesidad y Urgencia N\u00ba 805\/21 del 17 de noviembre de 2021, que hab\u00eda prorrogado por \u00faltima vez la ley 26.160 sancionada y promulgada en noviembre de 2006, que declar\u00f3 inicialmente la emergencia territorial ind\u00edgena.<\/p>\n Seg\u00fan manifest\u00f3 el Gobierno en los considerandos, ese DNU, que hab\u00eda extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025, gener\u00f3 \u201cinseguridad jur\u00eddica y una grave afectaci\u00f3n al derecho de propiedad<\/strong> de los leg\u00edtimos due\u00f1os, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicci\u00f3n con el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el art\u00edculo 124\u201d de la Carta Magna.<\/p>\n Adem\u00e1s, expres\u00f3 que \u201cla pr\u00f3rroga excesiva\u201d dej\u00f3 espacio para \u201cuna larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos ind\u00edgenas, avasallaron los derechos de la ciudadan\u00eda<\/strong> y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado\u201d.<\/p>\n De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo, la situaci\u00f3n inicial no solo no mejor\u00f3, sino que \u201cse ha agravado<\/strong> debido al incremento de inscripciones de comunidades ind\u00edgenas en los respectivos registros, sin cumplir las m\u00ednimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades ind\u00edgenas aut\u00f3ctonas\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n se destac\u00f3 que las comunidades ind\u00edgenas, que \u201cen muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaraci\u00f3n de emergencia\u201d, hicieron \u201cun uso abusivo, subjetivo y discrecional\u201d de la emergencia, y que ese escenario posibilit\u00f3 su crecimiento hasta llegar a contabilizar 1.626 en la actualidad.<\/p>\n El decreto tampoco dej\u00f3 de lado que bajo el amparo de la ley inicial y sus pr\u00f3rrogas, los conflictos por tomas y usurpaci\u00f3n de tierras, en muchos casos dominados por la violencia, \u201cha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos<\/strong> legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulaci\u00f3n, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios p\u00fablicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios\u201d.<\/p>\n En tanto, si bien mencion\u00f3 que el conflicto en el sur argentino \u201ccreci\u00f3 progresivamente, deriv\u00e1ndose en la toma de tierras y en la provocaci\u00f3n de graves da\u00f1os ambientales\u201d, el Gobierno indic\u00f3 que \u201cmedian situaciones de usurpaciones y hechos violentos en todas las provincias del pa\u00eds<\/strong>; a tal punto que existe un mapa de conflictos cuantificable en al menos 254 hechos judicializados\u201d.<\/p>\n En ese marco es que el Ejecutivo \u201cno advierte raz\u00f3n que justifique la continuidad de la emergencia\u201d<\/strong>. Por el contrario, estim\u00f3 que \u201csu prolongaci\u00f3n implicar\u00eda la consolidaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n entre ciudadanos argentinos, adem\u00e1s de exaltar el grave da\u00f1o que esa situaci\u00f3n provoca al sistema republicano de gobierno\u201d.<\/p>\n Por su parte, en cuanto a los desalojos, manifest\u00f3 que su suspensi\u00f3n \u201cse traduce no solo en una afectaci\u00f3n al derecho de propiedad, sino tambi\u00e9n, en muchos casos, en mantener un desahucio de los leg\u00edtimos propietarios con afectaci\u00f3n a su derecho a la vivienda\u201d.<\/p>\n \u201cEsto as\u00ed, en tanto que, habiendo sido desplazados, se han visto obligados a morar en condiciones precarias\u201d, resalt\u00f3 la normativa.<\/p>\n Es por ello que para el Gobierno \u201cla respuesta no puede ser otra que la derogaci\u00f3n de toda norma que impida a los leg\u00edtimos propietarios el ejercicio pleno de su derecho de dominio, uso, usufructo y disposici\u00f3n sobre la tierra que se vea afectada por asentamientos o cualquier forma de turbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n al amparo de las pr\u00f3rrogas de la emergencia que paralizaron los juicios de desalojo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno decret\u00f3 este martes la finalizaci\u00f3n de la emergencia en materia de posesi\u00f3n y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades ind\u00edgenas originarias del pa\u00eds. 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