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En diciembre de 2019, la Uni\u00f3n Europea (UE) present\u00f3 su ambicioso Pacto Verde Europeo (Green Deal)<\/strong>, un plan estrat\u00e9gico que busca convertir al continente en el primero en alcanzar la neutralidad de carbono para 2050<\/strong>. Dentro de este marco, en noviembre de 2021, la Comisi\u00f3n Europea dio un paso m\u00e1s al proponer un reglamento espec\u00edfico para combatir la deforestaci\u00f3n y la degradaci\u00f3n forestal<\/strong> vinculadas a ciertos productos comercializados dentro o fuera de la UE.<\/p>\n Adoptado en junio de 2023, el reglamento de la UE sobre deforestaci\u00f3n establece<\/strong> que los productos que ingresen al mercado europeo no deben proceder de tierras deforestadas despu\u00e9s de diciembre de 2020<\/strong>. Originalmente se previ\u00f3 que esta normativa entrar\u00eda en vigor a finales de 2024. Sin embargo, las protestas tanto de productores agr\u00edcolas europeos como de asociaciones del sector privado y gobiernos de pa\u00edses socios han retrasado su implementaci\u00f3n al menos hasta diciembre de 2025<\/strong> para grandes empresas, y mediados de 2026<\/strong> para las micro y peque\u00f1as.<\/p>\n El reglamento impone exigencias de trazabilidad en cadenas agropecuarias clave<\/strong>, como soja, carne bovina, madera, aceite de palma, cacao, caf\u00e9 y caucho, obligando a los operadores a llevar una estricta trazabilidad del origen exacto de estos productos<\/strong>. Adicionalmente se establece un sistema de evaluaci\u00f3n de riesgo<\/strong> que clasifica a los pa\u00edses de origen de acuerdo con el riesgo de deforestaci\u00f3n. Esta categorizaci\u00f3n determina las obligaciones de control para los exportadores y las autoridades nacionales<\/strong>, exigiendo mayores verificaciones<\/strong> a los productos provenientes de pa\u00edses clasificados como de alto riesgo<\/strong>. Cabe destacar que dicha clasificaci\u00f3n a\u00fan no ha sido definida.<\/p>\n Aunque la UE argumenta que estas medidas son esenciales para combatir la deforestaci\u00f3n y proteger los sumideros de carbono, los pa\u00edses exportadores han expresado profundas inquietudes.<\/strong> La Argentina, Brasil, Colombia, entre otros, han planteado ante la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio (OMC) <\/strong>que el reglamento europeo no solo es una medida unilateral, sino tambi\u00e9n discriminatoria, ya que ignora las capacidades y realidades socioecon\u00f3micas de los pa\u00edses en desarrollo. <\/p>\n Desde el Grupo de Pa\u00edses Productores del Sur (GPS)<\/strong> se ha realizado un an\u00e1lisis de la compatibilidad legal del reglamento en relaci\u00f3n con la normativa internacional<\/strong>. En primer lugar se puede remarcar que esta regulaci\u00f3n no necesariamente respeta el principio de \u201cresponsabilidades comunes pero diferenciadas<\/strong>\u201d establecido en el Acuerdo de Par\u00eds, el principal acuerdo de car\u00e1cter clim\u00e1tico a nivel global.<\/p>\n Desde la \u00f3ptica del comercio internacional, el reglamento es incompatible con las obligaciones de la UE con respecto a las normas de la OMC. Seg\u00fan el an\u00e1lisis realizado, la normativa podr\u00eda violar principios clave del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),<\/strong> como el de no discriminaci\u00f3n y la prohibici\u00f3n de restricciones cuantitativas al comercio. Uno de los argumentos m\u00e1s relevantes es que<\/strong>, aunque el reglamento establece normas generales, sus exigencias terminan favoreciendo a productores locales de la UE, en detrimento de productos importados de pa\u00edses en desarrollo.<\/strong> En este sentido, es curioso que en la selecci\u00f3n de productos, la mayor\u00eda se trate de productos que no se producen o se producen en baja proporci\u00f3n dentro de la UE.<\/p>\n La UE defiende la regulaci\u00f3n bajo las excepciones del art\u00edculo XX del GATT<\/strong>, que permite restricciones comerciales si estas protegen la salud, la vida o los recursos naturales<\/strong>. Sin embargo, para que estas medidas sean justificables, deben cumplir con criterios estrictos<\/strong>: no generar discriminaci\u00f3n arbitraria, ser proporcionales y demostrar eficacia comprobada en sus objetivos ambientales. Hasta el momento, la UE no ha presentado evidencia robusta<\/strong> que sustente que estas medidas reducir\u00e1n significativamente la deforestaci\u00f3n a nivel global<\/strong> ni ha explorado alternativas menos restrictivas<\/strong> para lograr los mismos fines.<\/p>\n La controversia subraya la necesidad de abordar los desaf\u00edos ambientales globales en foros multilaterales<\/strong> en lugar de depender de medidas unilaterales<\/strong>. Si realmente se busca combatir la deforestaci\u00f3n, no deber\u00eda dependerse de medidas unilaterales que imponen barreras comerciales<\/strong>, sino de acuerdos internacionales que promuevan la cooperaci\u00f3n<\/strong> y consideren las diferencias de desarrollo entre las naciones. El caso del reglamento europeo pone en evidencia c\u00f3mo la lucha contra el cambio clim\u00e1tico puede generar tensiones con los principios de un sistema de comercio global justo y equitativo.<\/strong><\/p>\n El reglamento de la UE sobre deforestaci\u00f3n redefine las reglas para los productores agropecuarios globales, imponiendo un nuevo est\u00e1ndar de sostenibilidad<\/strong> que podr\u00eda replicarse en otros mercados. Sin embargo, tambi\u00e9n plantea una reflexi\u00f3n urgente<\/strong>: \u00bfc\u00f3mo pueden las econom\u00edas avanzadas equilibrar sus objetivos ambientales con las necesidades de desarrollo de sus socios comerciales<\/strong>? O visto desde la visi\u00f3n de pa\u00edses como la Argentina, \u00bfde qu\u00e9 manera se puede hacer frente a este tipo de cuestionamiento si el principal \u00e1mbito de discusi\u00f3n, que es la OMC, se encuentra virtualmente paralizado<\/strong>?<\/p>\n La extensi\u00f3n del periodo de aplicaci\u00f3n<\/strong> ha dado mayor cantidad de tiempo para que se diriman las principales cuestiones que se critican al reglamento. M\u00e1s all\u00e1 de las intenciones declaradas, la eficacia y legitimidad de esta normativa depender\u00e1n de su capacidad para respetar los compromisos multilaterales<\/strong> y ofrecer soluciones equitativas para todos los actores involucrados<\/strong>.<\/p>\n