SANTIAGO, Chile.– Una semana lleva José Antonio Kast al frente de Chile, y ya quedó claro dónde puso el acento: el primer lunes de gobierno no fue a La Moneda. Fue al desierto.
Acompañado por casi todo su gabinete de seguridad —los ministros del Interior, Defensa, Seguridad Pública, Obras Públicas y Justicia—, el presidente chileno aterrizó en Arica para recorrer el Complejo Fronterizo de Chacalluta, el principal paso hacia Perú, y supervisar en persona el inicio de las obras del Plan Escudo Fronterizo, la medida migratoria más audaz y debatida de su campaña.
Parado frente a las retroexcavadoras, Kast fue directo: “Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano”.
Chile alberga cerca de 337.000 migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos, sobre una población de veinte millones. La migración total representa más del ocho por ciento, según el INE, y se ha duplicado desde 2017. El año pasado se denunciaron 26.275 ingresos por pasos no habilitados —un 10 % menos que el año anterior y un 54 % por ciento menos que el pico de 2021— pero una cifra que el nuevo gobierno considera inaceptable.
“Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico y por el crimen organizado”, añadió el mandatario.
Antes de presidir su primer Consejo de Gabinete, Kast eligió que la primera imagen política de su administración se construyera lejos de Santiago. El gesto tiene referencias explícitas: el mandatario ha expresado su admiración por las políticas migratorias de Donald Trump y por las estrategias de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.
No fue, sin embargo, la única señal de la semana. Mientras las excavadoras mordían el suelo de Chacalluta, en Santiago el gobierno retiraba de la Contraloría 43 decretos ambientales de la administración anterior. La decisión, tan contundente como silenciosa, completó el cuadro: Kast llegó a desmantelar el legado. “El futuro se construye en base a seguridad y empleo”, justificó el mandatario, una frase que terminó por unificar ambas escenas en una sola narrativa de gobierno.
Para Hernán Campos, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), la lectura es directa. “Los decretos suscritos y los proyectos de ley anunciados como prioritarios refrendan la idea de impulsar un gobierno de emergencia, estribado en dos dimensiones: seguridad y crecimiento económico”.
Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, agrega que el nombramiento de una exfiscal del norte como ministra de Seguridad Pública sugiere que la presencia en la zona no será episódica. “El gobierno estará instalado permanentemente en el norte”.
La nueva administración dispuso barreras físicas con tecnología de detección, excavaciones para neutralizar el tránsito vehicular, infraestructura eléctrica perimetral con presencia militar y drones que operan sin interrupciones. La zanja tendrá tres metros de ancho y tres de profundidad, se extenderá por treinta kilómetros y debe estar lista en noventa días. La dotación militar en la zona se duplicó.
El propio Kast se adelantó a la crítica: “Algunos dirán: ‘¿esa zanja va a detener todo?’. No”. Insistió en que es un sistema integral. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”.
Álvaro Iriarte, director de Contenidos del Instituto Res Publica, encuadra la medida en una lógica de plazos. “Las zanjas son medidas de ejecución inmediata que abren el camino para la implementación, en el mediano y largo plazo, de una serie de políticas”.
Separar el impacto simbólico del impacto real es el nudo que los analistas no eluden.
Jorge Van De Wyngard, decano de Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O’Higgins, reconoce que las medidas deberían mover la aguja, pero pone límites al optimismo. “En ningún caso puede pensarse que la inmigración ilegal desaparecerá, sobre todo considerando lo extenso y aislado de nuestras fronteras”.
Campos es más taxativo: “El plan exige implementar alternativas complementarias orientadas a disuadir los flujos migratorios y reforzar la coordinación con los países fronterizos. En consecuencia, se trata más bien de una medida con un impacto comunicacional mayor que el efecto realmente esperado”.
Munita incorpora una variable que los críticos suelen ignorar: la actitud. Un Estado proactivo produce resultados distintos aunque use las mismas herramientas. “Desde un punto de vista de comunicación política, fue una propuesta bien recibida y valorada”.
Hay además una circunstancia que ningún gobierno puede fabricar: Venezuela. Kast asume semanas después de la captura de Nicolás Maduro. Si la estabilización avanza, dicen los expertos, la presión sobre la frontera norte podría menguar por razones ajenas a cualquier zanja. “El problema migratorio puede terminar resolviéndose, en lo sustantivo, por otra vía”, apunta Van De Wyngard.
Iriarte describe el tablero doméstico con precisión: cada medida ejecutiva va acompañada de una iniciativa legislativa. “Quedará en evidencia para la ciudadanía que adoptar medidas era un tema de voluntad política, más allá de los resultados efectivos que tengan”.
Con un respaldo del 85 % de los chilenos al Plan Escudo según Pulso Ciudadano, la oposición no podrá rechazar las medidas de frente. Solo le queda un camino: cuestionar la eficacia, nunca el principio.
Desde Playa Las Machas, Kast fue explícito: lo que Chile hace en su frontera debería replicarse en Perú, Bolivia y Argentina. El mensaje apunta a la cooperación, pero su reverso implícito es la presión.
Lima y La Paz han evitado la crítica directa, pero al dificultarse el ingreso a Chile ambos podrían acumular población migrante sin destino en sus propios territorios. La historia reciente de la región muestra que esa acumulación no tarda en convertirse en tensión social, y la tensión social en problema político.
Campos advierte que la migración es un fenómeno global que ningún país resuelve en soledad. La experiencia europea —agendas integradas, coordinación conjunta— es el espejo en el que la región tarde o temprano deberá mirarse.
Munita señala la tensión más concreta: las expulsiones. Deportar migrantes que llevan años viviendo en Chile conforme a la ley generará roces no solo con la oposición, sino también con los países receptores. “Para otros países esto puede ser leído como un depósito de problemas ajenos, y bien puede costarle a Kast algunas tensiones en el barrio”.