PARÍS.– Consentido por su madre e ignorado durante demasiado tiempo por sus hermanos, Andrés Mountbatten–Windsor y su irreductible arrogancia podrían acabar matando a la monarquía británica. Porque, para esta, el desafío de los archivos Epstein supera con creces el caso individual de un príncipe comprometido.
La detención y posterior liberación del expríncipe Andrés este jueves, por sospecha de falta grave en el ejercicio de un cargo público demuestra que sus efectos sobre la monarquía británica corresponden a una temporalidad más larga y corrosiva de lo que podría suceder en otros lugares del globo. En Gran Bretaña, el caso que involucra al expríncipe no es una crisis puntual, sino un proceso de erosión institucional hecho de revelaciones sucesivas, negaciones y intentos de contención que, desde hace más de una década, debilitan la legitimidad simbólica de la corona.
Un hito decisivo se produjo en 2010, cuando Andrés –hermano menor del rey Carlos III– fue fotografiado en Central Park junto a Jeffrey Epstein, ya condenado entonces por delitos sexuales. Poco después, Virginia Giuffre afirmó haber sido víctima de un tráfico sexual organizado por Epstein y Ghislaine Maxwell, y acusó al duque de York por hechos ocurridos cuando ella era menor de edad. Su relato, cuestionado y desacreditado durante años en el espacio público, no dejó de alimentar un procedimiento civil en Estados Unidos, que colocó a la monarquía en una duradera postura defensiva.
Pero el “caso Andrés” no se reduce a una vida privada escandalosa. Involucra también al Estado británico. Exoficial de marina que sirvió durante la guerra de las Malvinas (en 1982), Andrés ocupó de 2001 a 2011 una función oficial creada para él, la de representante especial del Reino Unido para el comercio internacional y la inversión. Vinculada al gobierno, esa misión de representación económica le abrió redes políticas y financieras sensibles, e instaló una zona gris entre representación pública, relaciones privadas y capital simbólico dinástico. Esa zona oscura parece haber servido financieramente al expríncipe así como a los intereses depredadores de Epstein a través de su amistad con Andrés.
Una entrevista concedida a la BBC en noviembre de 2019 por el entonces príncipe marcó un giro. Allí, Andrés intentó justificar su amistad con Epstein en un registro percibido como totalmente desconectado de la realidad de las víctimas. La opinión pública británica reaccionó tan negativamente, que el hijo menor de la reina Isabel II se vio obligado a retirarse de la vida oficial. Pero la exclusión no puso fin a las cuestiones de fondo: la de la protección, la responsabilidad y la capacidad de la monarquía para someterse a los estándares contemporáneos de ejemplaridad.
En febrero de 2022, Andrés concluyó un acuerdo con Virginia Giuffre para poner fin al procedimiento civil en Nueva York. Isabel II dio su consentimiento, en parte para evitar que el caso empañara su año del jubileo de platino. La cantidad exacta nunca se hizo pública aunque la prensa la estimó en aproximadamente 12 millones de libras (13,7 millones de euros).
“Sin embargo, en el plano institucional, lo esencial reside en otra parte: la estrategia del arreglo con fondos personales de la familia real y el silencio aparecen como una elección política, pues buscaron contener el costo simbólico de un litigio insostenible”, señala Stephane Bern, especialista de la monarquía británica.
Ese desafío superó con creces el caso individual de un príncipe comprometido. La monarquía británica quedó debilitada en un plano estructural. Por un lado, porque la propia reina validó esa estrategia incompatible con la exigencia de ejemplaridad ligada a la institución y, de hecho, aceptó sin decirlo abiertamente que su hijo era culpable. Por otro lado, porque la reacción del rey actual, Carlos III, ocurre después de más de una década de negación.
“El caso pone en evidencia un círculo cerrado donde las fronteras entre servicio del Estado, intereses privados y lealtades familiares aparecen peligrosamente porosas”, analiza otro gran especialista de la Casa Real, Marc Roche.
Es en este contexto que debe situarse la contribución del historiador Andrew Lownie en su libro Entitled. The Rise and Fall of the House of York (William Collins, 2025, no traducido), que reconstruye justamente, sobre la base de una investigación documentada, los mecanismos de círculo cerrado, privilegios y protecciones que rodearon al duque de York y su exesposa, Sarah Ferguson.
A diferencia de crisis anteriores, en particular la que siguió a la muerte de la princesa Diana, en 1997, no se trata aquí de un choque emocional, sino de la puesta al descubierto de un sistema de protección fundado en una cultura del silencio, resumida por la máxima de la familia real: “Never complain, never explain” (Nunca quejarse, nunca explicarse). Esta cultura parece no haber integrado la profunda evolución de las expectativas sociales, en particular sobre las violencias sexuales.
La secuencia desastrosa se prolongó en el otoño boreal de 2025. Nuevos correos electrónicos entre Andrés y el pedófilo Epstein revelaron la imposibilidad de creer en el relato inicial que dio a la BBC en 2019. Así, el Palacio anunció finalmente la apertura de un procedimiento formal para retirar a Andrés títulos y honores, tras lo cual sus tratamientos de príncipe y de Alteza Real fueron suprimidos. El príncipe Andrés fue entonces designado como Andrés Mountbatten–Windsor.
Esa ruptura, tardía, tradujo menos una decisión soberana que el reconocimiento de una coacción: a partir de cierto umbral, proteger se vuelve más costoso que desautorizar. A partir de ese momento, Carlos III pasó a ser el guardián y proveedor de un hombre que arroja oprobio sobre la monarquía, pero que no deja de ser su hermano. Las últimas declaraciones realizadas este jueves por el soberano –“la justicia debe hacer su trabajo”–, aparecen como un último gesto desesperado por evitar que nuevas revelaciones manchen irremediablemente a toda la monarquía.
Porque aún queda otro riesgo rara vez formulado, pero estructural: el de la mercantilización del relato. Una institución que prohíbe a sus miembros “trabajar” en el sentido ordinario, mientras los expone a una presión mediática permanente, produce mecánicamente una tentación de monetizar la experiencia vivida, especialmente cuando la marginación se instala. Fue el caso con el príncipe Harry. La estabilidad de la monarquía no puede basarse en la supuesta contención de figuras caídas en desgracia o periféricas, potencialmente incitadas a “decir su verdad” para recuperar control y recursos.
“No es una predicción, es un diagnóstico sobre un sistema donde el capital narrativo se convierte en poder. La monarquía ahora esperará que ni Andrés ni, sobre todo su exesposa Sarah Ferguson lleguen a contar su historia”, advierte Roche.
Si bien la abolición de la monarquía, íntimamente entrelazada con el Estado británico, sigue siendo improbable, su supervivencia depende ahora de una reforma profunda: transparencia, responsabilidad y lucidez sobre los efectos políticos de una cultura del silencio obsoleta que, en la era de la publicidad generalizada, se ha convertido en un factor de fragilización.