CARACAS.– Los familiares de los presos políticos en Venezuela exigieron el martes celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos y para aumentar la presión decenas empezaron acampar afuera de las prisiones del régimen.
Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado –galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025– y Edmundo González Urrutia –candidato presidencial en las elecciones de 2024– denunciaron el incumplimiento por parte del gobierno chavista de la liberación masiva de prisioneros en un comunicado conjunto difundido en redes sociales, en el que señalaron que «nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados».
Una bandera venezolana rodeada por las fotos de centenas de detenidos ocupó parte de la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país. “¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!”, coreaban los familiares. “¡Liberen a todos!”, pedía otra mujer.
Según verificaciones independientes de diferentes organizaciones no gubernamentales, solo se han confirmado 56 excarcelaciones, según Foro Penal y 73, de acuerdo con Justicia Encuentro y Perdón. En todo caso, las cifras de las ONG sigue estando muy por debajo de las 116 liberaciones prometidas oficialmente.
“No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos”, dijo Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una conferencia de prensa. “La represión que los llevó a las cárceles en la que están hoy continúa, incluso el balance que hoy podemos hacer es fatal”, añadió.
El gobierno venezolano no publicó listas oficiales de quienes podrían ser excarcelados ni notificó a los familiares de los detenidos, lo que mantiene a cientos de ellos en vigilia frente a los centros de reclusión, exponiendo su salud y sus recursos.
«A mi hermano se lo llevaron en agosto, después de las elecciones. Durante dos meses ni siquiera sabíamos dónde estaba. Después lo trajeron aquí a Tocorón y nos pudo hacer una llamada», relató una mujer de 50 años que prefirió mantener el anonimato porque su familiar todavía no ha sido liberado.
La mujer viaja todas las semanas unos 300 kilómetros, porque su hermano fue llevado a una cárcel en otro estado. Hace rifas, ha vendido electrodomésticos y cuenta que en muchas ocasiones los vecinos que viven en las inmediaciones de la cárcel le llevan café o comida.
Ella, al igual que otros familiares de presos políticos, mantiene la vigilia a las puertas del Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como la cárcel de Tocorón, un lugar en el que, según informes de 2025 de la Mision Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, las condiciones de detención alcanzan el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En la prisión, se documentan celdas de castigo extremas, como la “Cama de Adolfo” o “El Tigrito” –espacios de confinamiento reducido sin ventilación adecuada, con suspensión prolongada por las muñecas, golpizas y aislamiento–, hacinamiento severo y falta de acceso a agua potable, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La ONG también ha documentado en el centro penitenciario ausencia de atención médica y violencia sexual o basada en género por parte de custodios.
Alfredo Romero, director de Foro Penal –organización que rastrea y aboga por los prisioneros venezolanos–, declaró que el grupo ha recibido muchos mensajes desde la semana pasada de parte de familias.
El director explicó que antes las familias no denunciaban por miedo a represalias del régimen, pero que ahora lo hacen porque sienten que existe la posibilidad de que sus familiares sean liberados.
Romero dijo que de las aproximadamente 300 familias que se acercaron, alrededor de 100 casos ya han sido confirmados como políticamente motivados. La mayoría de los reportados en los últimos días, dijo el director, trabajaron alguna vez para el Ejército de Venezuela.
El jueves pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez –hermano de la presidenta interina–, dijo que se iniciaría un proceso de excarcelación de un número “significativo” de presos políticos en Venezuela. Pero el proceso ha sido a “cuentagotas”, según denuncias de defensores de derechos humanos.
Justicia, Encuentro y Perdón estima que hay más de 1000 presos políticos en las cárceles del país sudamericano, en la gran mayoría de los casos sin haber sido presentados ante un juez o sin que exista una sentencia firme en su contra.
Decenas de familias de presos políticos instalaron el lunes un campamento a las afueras de la cárcel del Rodeo I –la misma prisión donde permanece el argentino Nahuel Gallo– para aliviar la larga espera de las excarcelaciones que prometieron las autoridades. Hasta entonces, llevaban cuatro noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa.
Dispuestas dos hileras, unas 15 carpas se extienden sobre un plástico negro a pocos pasos de la prisión ubicada en en Guatire, una ciudad a una hora de Caracas. Al frente se lee “liberen a todos los presos políticos” en una pancarta.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregó las carpas, así como 25 colchones que se ubican en un área techada con negocios de comida.
“Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado”, dijo Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición. “Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga”.
La policía advirtió que desmantelaría cualquier campamento, mientras que los vecinos de la zona se preocupan por llevar a las familias almuerzos, jugos y café.
Uno de los vendedores de comida permite a los familiares usar la electricidad. “Se pueden quedar el tiempo que quieran”, les dice la dueña.
Foro Penal informó de 15 excarcelaciones del Rodeo I en la madrugada del lunes.
“No ha salido ni uno solo por esa puerta”, protestó Manuel Mendoza, cuyo hijo fue detenido hace dos años y medio. “Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo”, añadió con la voz entrecortada.
Muchas de las familias se han visto con tanta frecuencia en los centros de reclusión que han entablado amistades.
Bianca Lorenzo, de 65 años, y Xiomara Requena, de 58, esperan noticias de sus hijos, que creen fueron trasladados a otra cárcel militar después de haber cumplido su pena.
“No nos dicen nada, tiene 11 meses que debió estar en libertad”, dijo Lorenzo sobre su hijo. “Hasta el día de hoy ni una llamada, fuimos hasta allá y nos lanzaron unos perros”, agregó Requena.
Entre los prisioneros que han sido liberados hasta el momento se encuentran: la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, que se trasladó inmediatamente a España; Biagio Pilieri, un líder opositor que formaba parte de la campaña presidencial de 2024 de Machado; Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato presidencial; y el argentino–israelí Yaacob Harary Eliahu.
El empresario italiano Marco Burlò, quien fue liberado el lunes, dijo a los periodistas fuera de un aeropuerto internacional en Roma el martes que estuvo aislado durante toda su detención, la cual caracterizó como un secuestro puro.
Aunque indicó que no puede decir que fue abusado físicamente, afirmó que estuvo sin poder hablar con sus hijos, sin derecho a defensa, sin poder hablar con el abogado y completamente aislado.
Agencias AP, AFP y ANSA