SEÚL.– Un tribunal de Seúl señaló que un fiscal independiente solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol al considerarlo el “cabecilla de una insurrección” por la efímera imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.
El pedido fue formulado durante una audiencia final del juicio en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según informó la agencia local Yonhap.
La solicitud fue presentada por el equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk, designado tras la destitución de Yoon, y constituye la acusación más grave contra un exmandatario conservador. Yoon enfrenta múltiples procesos penales vinculados a su gestión, pero el cargo de rebelión –uno de los pocos delitos castigados con la pena capital en Corea del Sur– es el de mayor peso político e institucional. El tribunal prevé emitir un veredicto en febrero.
Yoon fue destituido formalmente en abril de 2025, luego de que la Corte Constitucional ratificara su remoción por violar el orden democrático. La causa central gira en torno a su decisión de decretar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, una medida que duró apenas unas horas pero que desencadenó una crisis política sin precedentes en más de cuatro décadas.
Durante el juicio, el expresidente sostuvo que su decreto fue un intento “desesperado pero pacífico” de alertar a la ciudadanía sobre lo que consideraba una amenaza del opositor Partido Democrático, que controlaba el Parlamento y, según él, bloqueaba sistemáticamente su agenda. En ese marco, Yoon llegó a calificar al Legislativo como “una guarida de criminales” y a sus adversarios como “fuerzas antiestatales”.
En escenas nocturnas que recorrieron el mundo, legisladores de la oposición –junto con algunos miembros del propio partido gobernante– lograron ingresar al recinto, rodeado por tropas armadas, y votaron en contra del decreto, dejando sin efecto la ley marcial y acelerando el proceso de destitución.
La decisión de Yoon fue la primera de este tipo desde los años 80 y evocó recuerdos traumáticos de las dictaduras militares que gobernaron Corea del Sur durante las décadas de 1970 y 1980. Soldados armados fueron desplegados en las calles de Seúl, se cercó la Asamblea Nacional y se produjeron incursiones en oficinas electorales, en un contexto que generó alarma social, protestas masivas y una fuerte reacción internacional.
El decreto y el vacío de poder posterior sumieron al país en una profunda inestabilidad política, paralizaron la diplomacia de alto nivel y provocaron turbulencias en los mercados financieros. Las advertencias de Yoon de que resistiría su arresto y su destitución profundizaron la polarización. En enero de 2025, se convirtió en el primer presidente en funciones detenido en la historia del país.
Según concluyeron los investigadores en diciembre de 2025, Yoon habría conspirado durante más de un año para imponer la ley marcial con el objetivo de eliminar a sus rivales políticos y concentrar el poder. El fiscal Cho sostuvo que el exmandatario y su círculo reorganizaron la cúpula militar, desplazaron a funcionarios opuestos al plan y promovieron activamente la iniciativa entre altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación apunta a presuntas provocaciones deliberadas contra Corea del Norte. Cho acusó a Yoon y a sus aliados militares de ordenar operaciones –incluidos vuelos de drones– para elevar las tensiones regionales y crear un pretexto que justificara la imposición del gobierno militar. Aunque Pyongyang no respondió, los fiscales sostienen que Yoon avanzó de todos modos, sin base legal suficiente.
“Yoon Suk Yeol intentó declarar la ley marcial incitando provocaciones militares por parte de Corea del Norte, pero ese plan fracasó”, afirmó Cho. “Aun así, declaró la emergencia para monopolizar el poder, controlar los poderes Legislativo y Judicial y eliminar a sus oponentes políticos”.
La fiscalía también reveló episodios que ilustran la gravedad de la trama. Según Cho, Yoon llegó a referirse a su principal rival interno, Han Dong-hun, como “un comunista” y habría dicho “lo mataré a tiros” en reuniones con generales, en el marco de disputas por escándalos que involucraban a la esposa del expresidente.
Tras la destitución de Yoon, el líder opositor Lee Jae Myung ganó las elecciones anticipadas de junio de 2025 y asumió la presidencia. Su gobierno nombró a tres fiscales independientes para investigar la ley marcial y otras denuncias contra el exmandatario, su entorno y altos funcionarios.
Hasta el momento, 24 personas fueron imputadas por su participación en el plan, entre ellas el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, el ex primer ministro Han Duck-soo y el ex viceprimer ministro Choi Sang-mok, además de varios mandos militares, algunos de los cuales ya fueron arrestados.
El caso de Yoon Suk Yeol se perfila así como uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia democrática de Corea del Sur, con implicancias profundas para la relación entre el poder civil, las Fuerzas Armadas y la estabilidad institucional del país.
Agencias AP y AFP