WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump ha elaborado una amplia variedad de posibles acciones militares en Venezuela, incluidos ataques directos contra las unidades militares que protegen al presidente Nicolas Maduro y movimientos para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios de la Casa Blanca.
Trump todavía no ha tomado la decisión de proceder ni de cómo hacerlo. Sus funcionarios dicen que el presidente es reacio a aprobar operaciones que pongan en riesgo a las tropas norteamericanas o que puedan convertirse en un fracaso bochornoso, pero muchos de sus principales asesores impulsan la más drástica de las opciones: derrocar a Maduro.
Los asesores de Trump le solicitaron al Departamento de Justicia “orientación adicional” que sirva como fundamento legal para cualquier acción militar más allá de la actual campaña de ataques contra embarcaciones que según el gobierno trafican drogas. Esa orientación podría incluir una justificación legal para atacar a Maduro sin necesidad de autorización del Congreso y mucho menos una declaración de guerra.
Si bien la orientación todavía está siendo elaborada, algunos funcionarios del gobierno esperan que el Departamento de Justicia acepte que Maduro y sus principales funcionarios de seguridad son figuras centrales del Cártel de los Soles, clasificado por el gobierno como grupo narcoterrorista, y que esa clasificación convierte a Maduro en un objetivo legítimo, a pesar de la histórica prohibición legal que rige en Estados Unidos contra el magnicidio de mandatarios extranjeros.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre el tema, pero la medida para justificar el ataque contra Maduro sería otro un intento de Trump de ampliar las facultades legales de su gobierno. De hecho, ya ha llevado a cabo asesinatos selectivos de presuntos narcotraficantes, que hasta septiembre —antes de ser asesinados en ataques con drones—, eran perseguidos y arrestados en el mar. Cualquier intento de derrocar a Maduro sometería a la Casa Blanca a un mayor escrutinio sobre los fundamentos legales para hacerlo, dada la confusa mezcla de razones que ha esgrimido hasta ahora para batallar con el líder venezolano: el narcotráfico, la necesidad de acceder al petróleo de Venezuela y la denuncia de Trump de que el gobierno de Caracas liberó a presos y los envió a Estados Unidos.
Los mensajes públicos de Trump sobre sus intenciones, objetivos y justificación de cualquier futura acción militar han estado llenos de contradicciones. En las últimas semanas, dijo que los ataques contra lanchas en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, donde murieron al menos 65 personas, se extenderían a ataques terrestres, y eso nunca ocurrió.
El domingo, cuando en CBS News le preguntaron si Estados Unidos iría a la guerra con Venezuela, Trump dijo: “Lo dudo. Pienso que no, pero nos vienen tratando muy mal, no solo en lo que respecta a las drogas”, y repitió su acusación sin fundamento de que Maduro abrió las cárceles y los manicomios y envió a miembros de la banda Tren de Aragua a Estados Unidos, una acusación que viene repitiendo desde su campaña presidencial del año pasado.
Y cuando le preguntaron si Maduro tenía los días contados como presidente de Venezuela, agregó: “Creo que sí”.
Dentro de la Casa Blanca, los que impulsan las opciones más drásticas son el secretario de Estado y también asesor interino en Seguridad Nacional, Marco Rubio, y Stephen Miller, vicejefe de gabinete y asesor de Seguridad Interior. Según varios funcionarios, ambos han expresado en privado su convicción de que Maduro debería ser derrocado por la fuerza.
Según sus asesores, Trump ha expresado repetidamente sus reservas, en parte por el temor a que la operación fracase. Además, no tiene apuro y ha preguntado varias veces qué podría obtener a cambio, con un enfoque específico en la posibilidad de que Estados Unidos pueda quedarse con parte del valor del petróleo venezolano.
“El mensaje del presidente Trump a Maduro ha sido claro: dejen de mandar drogas y delincuentes a nuestro país”, dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El presidente ha dejado claro que seguirá atacando a los narcoterroristas. Todo lo demás son especulaciones y deben ser tomadas como tales”.
Lo más probable es que Trump no se vea obligado a tomar una decisión al menos hasta a mediados de este mes, cuando el Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno de Estados Unidos, llegue a las aguas del Caribe con unos 5000 marineros a bordo y más de 75 aviones de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18.
La concentración de tropas norteamericanas en el Caribe viene creciendo de manera constante desde agosto: ya antes de la llegada del portaaviones, en la región hay unos 10.000 militares norteamericanos, la mitad a bordo de buques de guerra y la otra mitad en bases en Puerto Rico.
En las últimas semanas, como demostración de fuerza, el Pentágono envió bombarderos B-52 y B-1 desde sus bases en Luisiana y Texas para realizar misiones frente a la costa de Venezuela. Los B-52 pueden transportar docenas de bombas de precisión, y los B-1 pueden cargar más de 35.000 kilos de municiones guiadas y no guiadas, la mayor carga útil no nuclear de cualquier aeronave en el arsenal de la Fuerza Aérea norteamericana.
Hace poco, además, el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército —una unidad de élite que llevó a cabo extensas operaciones antiterroristas con helicópteros en Afganistán, Irak y Siria—, realizó frente a la costa venezolana lo que el Pentágono describió como “ejercicios de entrenamiento”.
El despliegue militar ha sido tan brusco y tan público que parece formar parte de una campaña de presión psicológica sobre Maduro. De hecho, Trump se ha referido abiertamente a su “decreto” que habilita a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de territorio de Venezuela, un tipo de operaciones que los presidentes nunca mencionan por adelantado.
Si opta por ordenar acciones directas dentro de Venezuela, el riesgo militar, legal y político para Trump sería considerable. A pesar de todos los riesgos que asumió en junio cuando autorizó el bombardeo de tres instalaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán, en ningún momento se trató de un intento por derrocar o reemplazar al gobierno iraní.
Si Trump sigue ese camino, no hay garantía de éxito ni de que en Venezuela surja un nuevo gobierno más amigable con Estados Unidos. Sus asesores dicen que se le ha dedicado mucha más planificación a la forma de atacar al gobierno de Maduro que al “día después” de Venezuela si la operación tuviera éxito.
Y algunos de los aliados políticos más leales que tiene Trump también le advierten que no ataque a Maduro y le recuerdan que fue elegido para poner fin a las “guerras interminables”, y no para fogonear otras nuevas.
La autorización de Trump para que la CIA opere dentro de las fronteras de Venezuela podría permitir que la agencia lleve a cabo diversas actividades, desde operaciones de inteligencia y el sabotaje activo del gobierno de Maduro hasta la captura del propio líder venezolano. Pero los funcionarios de Seguridad Nacional dicen que si a Maduro realmente se lo pudiera derrocar con ese tipo de operaciones, ya no estaría en el poder desde hace años. Por eso la Casa Blanca está considerando una acción militar, y las propuestas que hay sobre la mesa se dividen en tres grandes variantes.
La primera implicaría ataques aéreos contra instalaciones militares, algunas de las cuales podrían estar involucradas en la facilitación del narcotráfico, con el objetivo de que Maduro pierda el apoyo de los militares venezolanos. Según los funcionarios que impulsan esta opción, si Maduro se siente desprotegido podría intentar huir del país o trasladarse dentro de Venezuela, y ser más fácil de capturar. Quienes critican este enfoque advierten que podría tener el efecto contrario: unificar el apoyo en torno al líder asediado.
Un segundo enfoque contempla que Estados Unidos envíe fuerzas de operaciones especiales —como la Fuerza Delta del Ejército o el Equipo SEAL 6 de la Armada—, para intentar capturar o matar a Maduro. En esa opción, el gobierno de Trump intentaría eludir las prohibiciones contra el magnicidio de líderes extranjeros argumentando que Maduro, ante todo, es el jefe de una banda narcoterrorista, una extensión de los argumentos esgrimidos para justificar los ataques aéreos contra embarcaciones que según la Casa Blanca se dedican al contrabando de drogas.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el arresto o la condena de Maduro, el doble de los 25 millones ofrecidos en los últimos días del gobierno de Biden. El gobierno de Trump también podría argumentar que como Maduro reprimió a la oposición y manipuló las elecciones del año pasado, no es un mandatario legítimo. Ya Biden se negó a reconocerlo como presidente de Venezuela después de que Maduro se declarara ganador.
La tercera opción es un plan mucho más complicado que implica enviar fuerzas antiterroristas norteamericanas a tomar el control de aeródromos y de al menos algunos de los campos petroleros e infraestructura de Venezuela.
Las dos últimas opciones entrañan riesgos mucho mayores para los militares norteamericanos que actúen sobre el terreno, por no hablar de los civiles venezolanos, especialmente si el objetivo fuera Maduro en un entorno urbano como Caracas, la capital del país.
David E. Sanger, Tyler Pager, Helene Cooper, Eric Schmitt y Devlin Barrett
Traducción de Jaime Arrambide