RÍO DE JANEIRO.-Grupos especiales de las policías Civil y Militar de seguridad brasileñas lanzaron este martes un megaoperativo en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV).
El objetivo del operativo es ejecutar órdenes de arresto contra miembros del CV, 30 de los cuales son de fuera de Río, que se esconden en los dos complejos de favelas identificados por la investigación como bases para el proyecto de expansión territorial del CV. A última hora de la mañana, 81 personas habían sido arrestadas y 42 fusiles habían sido incautados en el operativo, en el que participaron 2500 policías y fiscales de la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ).
El operativo se produce tras más de un año de investigación por parte de la División de Control de Narcóticos (DRE) y busca contener la expansión territorial del CV. Según la Policía Civil, 56 sospechosos fueron abatidos, dos de ellos bahianos. Cuatro residentes también recibieron disparos.
Participaron agentes de todas las comisarías especializadas, unidades de la capital y la región metropolitana, así como helicópteros, 32 vehículos blindados y vehículos de demolición. Como resultado del operativo, se cerraron 45 escuelas municipales, se suspendieron los servicios ambulatorios en cinco clínicas y se desviaron 12 rutas de colectivo.
A continuación, las principales claves del operativo.
La operación marca un cambio en el patrón de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Río y las facciones criminales.
En una demostración de poderío militar sin precedentes, los narcotraficantes utilizaron drones para lanzar granadas contra equipos de fuerzas especiales del Core y el BOPE, un escenario de guerra típico. Para este “bombardeo”, los delincuentes activan un detonador mecánico o eléctrico que libera la carga mientras mantienen el equipo en vuelo, alejándose sin exponerse.
En la operación del martes, denominada Contención, participan agentes de la policía militar del Comando de Operaciones Especiales (COE) y unidades operativas de la Policía Militar de la capital y la Región Metropolitana. La Policía Civil movilizó a agentes de todas las comisarías especializadas, comisarías de distrito, la Coordinación de Recursos Especiales (Core), el Departamento Antilavado de Dinero y la Subsecretaría de Inteligencia.
También se utilizan equipos tecnológicos como drones, dos helicópteros, 32 vehículos terrestres blindados y 12 vehículos de demolición de la Unidad de Apoyo a Operaciones Especiales de la PM, así como ambulancias del Grupo de Rescate y Salvamento.
Los residentes de los complejos de favelas, conformados por 26 comunidades, recurrieron a las redes sociales para reportar intensos tiroteos. Se prendieron fuego a las barricadas y se podían ver columnas de humo a lo lejos. Agentes de policía fueron atacados con granadas lanzadas desde drones, según declaró el secretario de Seguridad Pública, Víctor dos Santos, en una entrevista con Bom Dia Rio. El noticiero también mostró a delincuentes huyendo por una zona boscosa. Se utilizaron colectivos como barricadas y las líneas tuvieron que ser desviadas. Se suspendieron los servicios de salud y educación.
La operación, que busca capturar a capos de la droga de Río y otros estados y combatir la expansión territorial de la CV, se lleva a cabo tras más de un año de investigaciones. Según el Gaeco, se han emitido 51 órdenes de captura contra narcotraficantes que operan en la región, y un total de 67 personas han sido acusadas de conspiración para el narcotráfico, además de tres hombres acusados de tortura.
Según la fiscalía, Edgard Alves de Andrade, conocido como Doca, es el principal líder del CV en el Complejo Penha y en comunidades como Gardênia Azul y César Maia, en la Zona Suroeste, y Juramento, en la Zona Norte, algunas de las cuales fueron recientemente expropiadas por la milicia. La denuncia del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) también indica que Pedro Paulo Guedes, conocido como Pedro Bala; Carlos Costa Neves, conocido como Gadernal; y Washington Cesar Braga da Silva, conocido como Grandão, también son líderes del CV.
“Emiten órdenes sobre el narcotráfico, determinan los horarios de los delincuentes en los antros y puntos de vigilancia, y ordenan la ejecución de quienes contravienen sus intereses”, declaró el Gaeco en un comunicado.
La denuncia también alega que, por su proximidad a algunas de las principales autopistas de Río y ser un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas, el Complejo de Penha se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del CV, especialmente hacia las comunidades de la región de Jacarepaguá, en la zona sudoeste de Río.
Hace dos semanas, los diario O Globo y Extra informaron sobre cómo el CV ha intensificado su presencia en otros estados del país, en una estrategia de nacionalización contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), con vínculos en las cárceles federales.
Para ello, el grupo con sede en Río de Janeiro se asocia o se alía con facciones locales, a la vez que alberga a narcotraficantes de fuera de las comunidades cariocas.
En las zonas bajo control de la facción en Río, las agencias de seguridad pública de Río de Janeiro ya han identificado la presencia de delincuentes de 12 estados, entre ellos Ceará, Bahía, Rondônia y Minas Gerais. Mientras tanto, el CV (Comando Rojo) se extiende por 25 estados y el Distrito Federal.
La migración de criminales a Río es un sistema en el que todos ganan: los criminales externos que llegan a comunidades como Rocinha y Complexo do Alemão ganan protección, estatus y nuevos conocimientos en la ciudad; mientras que el CV expande sus franquicias por todo Brasil, incluido el poder sobre las rutas del tráfico de armas y drogas.
“Hoy en día es muy común hablar de trabajo híbrido o remoto. La delincuencia está haciendo lo mismo. Se han dado cuenta de que el jefe ya no necesita estar en su estado natal. Pueden estar protegidos en Río y tomar decisiones por videollamada. Esto es una gran ventaja para todos. El narcotraficante se encuentra en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege sus principales activos, reduciendo la rotación y generando estabilidad empresarial, especialmente en estados fronterizos con otros países”, declaró hace dos domingos el fiscal Anderson Batista de Oliveira, coordinador del Gaeco en Rondonia, uno de los estados con presencia de narcotraficantes en Río.
Además, en otra señal de la escalada de enfrentamientos, el gobierno estatal declaró que no puede actuar solo y que el conflicto ha trascendido el ámbito de la seguridad pública tradicional.
“La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de Seguridad Pública, consagrado en la Constitución. Río está solo en esta guerra”, declaró el gobernador Cláudio Castro.
La declaración de Castro resaltó la necesidad de la intervención del gobierno federal, incluyendo la posibilidad de desplegar a las Fuerzas Armadas. Según el gobernador, su solicitud de asistencia con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue denegada tres veces. Castro también advirtió sobre la posibilidad de fuertes represalias por parte de delincuentes ante el número de muertes e incautaciones.
Miembros del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva creen que las declaraciones del gobernador de Río, Cláudio Castro (PL), culpando a la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad son una maniobra política de Castro para anticipar las elecciones del próximo año.
Diario O Globo/GDA
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