MADRID.- España anunció este jueves la apertura de una investigación sobre posibles “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” en la Franja de Gaza, en lo que representa un nuevo pronunciamiento crítico frente a la ofensiva militar israelí en el enclave palestino.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, dictó un decreto para crear un equipo de trabajo encargado de recabar y preservar pruebas que puedan ser remitidas a la Corte Penal Internacional (CPI) y a otras instancias competentes.
La fiscalía explicó que la iniciativa se enmarca en las obligaciones internacionales de España y en el respeto de los derechos humanos, y coincide con la recomendación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, que insta a los Estados a cooperar con la Fiscalía de la CPI.
“A la vista de la situación actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser incorporada a un marco procesal que permita su utilización posterior”, señala el decreto.
El equipo estará conformado por la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, junto con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional. Su misión será determinar si las acciones de Israel en Gaza constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal”.
Entre los documentos que España planea entregar a las autoridades competentes figura un informe de la Policía Nacional, que contiene testimonios de “testigos protegidos” e “importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno”. Según la fiscalía, estas pruebas podrían servir como evidencia de los delitos cometidos en el enclave palestino.
Según la fiscalía, esta iniciativa refleja “el compromiso del Estado español con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos, especialmente en situaciones de conflicto armado y ocupación militar”.
Esta investigación española se suma a otros procedimientos internacionales abiertos contra Israel. España participa en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se acusa a Israel de cometer “genocidio” en Gaza.
La CIJ, máxima instancia judicial de Naciones Unidas con sede en La Haya, emitió resoluciones de urgencia en enero de 2024 ordenando a Israel cesar operaciones en la gobernación de Rafah y permitir el paso sin obstáculos de ayuda humanitaria. Sin embargo, aún no ha comenzado a deliberar sobre la cuestión de fondo, un proceso que podría prolongarse meses o incluso años.
Paralelamente, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sospechosos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. España, como Estado parte, tiene la obligación de cooperar con ambos tribunales, aportando información y pruebas que puedan contribuir a los procesos judiciales internacionales.
El anuncio llega en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel, mientras el gobierno español ha adoptado un rol crítico frente a la administración de Netanyahu. España reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y desde entonces las relaciones bilaterales se tensaron.
El pasado domingo, la etapa final de la Vuelta ciclista de España debió ser cancelada ante manifestaciones propalestinas que reunieron a decenas de miles de personas en Madrid. Pedro Sánchez expresó su “profunda admiración” por los manifestantes y sugirió la exclusión de Israel de competiciones internacionales “hasta que no cese la barbarie” en Gaza.
Por su parte, el rey Felipe VI, desde Egipto, calificó la situación en Gaza como una “crisis humanitaria insoportable”.
Israel no tiene embajador en España desde el reconocimiento del Estado palestino, y Madrid llamó recientemente a consultas a su representante diplomático en Tel Aviv, tras un intercambio de críticas con el gobierno israelí, luego del anuncio de nuevas medidas españolas para “poner fin al genocidio en Gaza”.
Agencia AFP y diario El País
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