A pesar de que tiene virtualmente congelada la carrera administrativa desde hace al menos cinco años, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acaba de asignarle la categoría salarial más alta a un grupo de funcionarios afines a Andrés Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) y quien en los hechos conduce el organismo recaudador. En el lote figura incluso la pareja de Vázquez, la abogada María Eugenia Fanelli, que había sido ascendida en enero al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires y que ahora tendrá un ingreso que oscila entre 12 y 13 millones de pesos brutos por mes.
Así lo establece la resolución 925/10 de la ARCA, publicada el viernes pasado y firmada por el director del organismo, Juan Pazo, que dispone un nuevo escalafón salarial para siete agentes, seis de ellos muy cercanos a Vázquez: sus secretarias Carolina Sequeira y Sabina Da Silva; la contadora Cynthia Galzerano, asesora de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes y casada con Mariano Mengochea (hoy al frente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas y uno de los funcionarios más leales al jefe de la DGI); los abogados Felicitas Achábal y Claudio Ernesto Castagnola, y la supervisora Yael Dina Bialostozky, vocera a su vez del Ministerio de Economía.
La carrera administrativa tiene dentro de la ARCA dos vías que van en simultáneo. La jerárquica, que asigna una remuneración según el cargo, y la categoría salarial, que se da por grupos que van del 3 al 26 y que fija un techo para los no profesionales, que habitualmente no pasan del 16. Cuando entra a trabajar, un no profesional empieza en el grupo 3, y un profesional, en el 17. Con excepción de Da Silva y Bialostozky, a quienes la disposición ubica en el grupo 22, el resto quedó en el grupo 26, el de la remuneración más alta, que oscila el rango de entre 9 y 10 millones de pesos brutos mensuales para quienes no tienen cargo jerárquico y el de 12 y 13 millones para quienes lo tienen.
La medida provocó reproches entre los empleados. Porque es discrecional y porque no todos los funcionarios incluidos cumplen con los requisitos que el convenio colectivo determina para cada escalafón. Un jefe de sección o división no es equiparable a un director. Ni alguien con título universitario al que no lo tiene. Por ejemplo, a Sequeira y a Da Silvia, secretarias de Vázquez, que no son profesionales, les correspondería como máximo el grupo 16, y obtuvieron, en cambio, el 26 y el 22, respectivamente. Bialostozky está en una condición similar, pero en el Palacio de Hacienda explican que su nueva categoría está asociada al cargo que ocupa desde el año pasado como supervisora del Equipo de Enlace de Comunicación Estratégica. “Esta adecuación reconoce formalmente las responsabilidades, atribuciones y nivel jerárquico inherentes al cargo que ocupa”, dijeron a LA NACION. En el caso de Galzerano, el reparo de los empleados reside en que su rol de jefa de sección no debería ubicarla más allá del grupo 22, no en el 26 que le otorgaron. Igual que Achábal, jefa de división, que debería tener 24 y no 26. Y Fanelli y Castagnola, que sí llegaron a directores, no llevan en sus puestos los dos años que exigen los usos y costumbre de la ARCA para acceder al grupo 26.
“Órdenes de arriba”, dicen que les contestó Vázquez a quienes hicieron esta semana algún cuestionamiento. Consultados por este diario, en la ARCA justificaron la medida en el rango de los funcionarios en cuestión. “La ARCA decidió darle esas responsabilidades y cada cargo tiene que corresponderse con el respectivo escalafón salarial”, dijeron, y se extrañaron de que ninguno de los empleados se hubiera quejado de los ingresos a planta permanente durante el gobierno de Alberto Fernández. “Cuando se iba, en agosto de 2023, el kirchnerismo hizo 1220 readecuaciones salariales de estas”, agregaron.
Las asignaciones llaman la atención porque no son ni habituales ni generales y porque se dan en simultáneo con internas del Gobierno que exceden lo que pasa en la ARCA. Vázquez es un funcionario de muy buena relación con Santiago Caputo, asesor de Javier Milei que quedó durante esta campaña electoral enfrentado con el ala política del Gobierno que integran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y sus laderos Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de esa dependencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Intuyó Vázquez el último día hábil previo a las elecciones que el resultado en la provincia de Buenos Aires podía dirimir la interna en contra de Caputo y se adelantó entonces para blindar a su equipo y a su familia de posibles despidos? “Esto no tiene nada que ver con la interna ni con Santiago”, dijeron a LA NACION fuentes de buena relación con la Casa Rosada.
En La Libertad Avanza daban informalmente otra interpretación. “El problema no es la interna, sino un eventual ataque externo”, dicen. Y apuntan que Vázquez quedó en los últimos tiempos enfrentado con Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, a quien el organismo le reclama una deuda por el impuesto mínimo del sector, y que algunos del staff de la DGI, como Felicitas Achábal, jefa de la División Penal Tributaria, o Claudio Castagnola, director de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales, han quedado expuestos por decisiones que tomaron sobre la causa. “Por ahí Vázquez intenta resguardar a su gente de una posible embestida”, interpretaron cerca del funcionario.
Es probable que el revuelo interno siga, pero más bien en silencio. Ningún empleado quiere llevarse mal con el jefe. Además, dicen en el organismo, no habrá sido la primera vez. Ya Ricardo Echegaray firmó en su momento como director de la AFIP una resolución general que elevaba dos categorías a cada empleado. Años después, cada uno a su turno, Leandro Cuccioli y Carlos Castagneto lo hicieron para una lista elegida por la jefatura. El Estado tiene sus reglas y sus hábitos.