El auge de las viviendas móviles como alternativa habitacional plantea un interrogante clave: ¿es legal vivir en una casa rodante de forma permanente? En Argentina, no existe una ley nacional que regule esta situación de manera específica. Por eso, la respuesta depende de lo que establezca cada municipio. Mientras algunas localidades permiten estacionarlas en campings o zonas habilitadas por tiempo limitado, otras imponen restricciones más severas. La clave está en entender las diferencias entre circular, pernoctar y fijar residencia, así como en conocer los requisitos de habilitación, seguridad e higiene que exige cada jurisdicción.
En términos jurídicos, no hay una norma nacional que prohíba ni autorice expresamente vivir en una casa rodante. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 regula cómo deben circular este tipo de vehículos, sus dimensiones, equipamiento y condiciones técnicas, pero no aborda su uso como vivienda.
Tampoco existen disposiciones en el Código Civil y Comercial de la Nación que reconozcan a las casas rodantes como inmuebles. El artículo 227 establece que son inmuebles aquellos bienes que están adheridos al suelo de manera permanente o que no pueden trasladarse sin quebranto. Una casa rodante, al ser móvil por naturaleza y no estar fijada al terreno, se considera jurídicamente un bien mueble registrable (como un vehículo), por lo que no puede inscribirse como propiedad inmueble ni utilizarse como garantía hipotecaria. Este punto tiene consecuencias concretas en términos de habilitaciones, derechos reales y posibilidades legales de establecer residencia.
Este vacío normativo hace que la posibilidad de residir en una casa rodante dependa casi por completo de las disposiciones locales: ordenanzas municipales, códigos urbanísticos y reglamentos de uso del espacio público. En muchos casos, estas regulaciones no contemplan la figura de la vivienda móvil, lo que puede dar lugar a sanciones si el vehículo permanece estacionado por largos períodos en la vía pública o en un terreno sin habilitación. Sin embargo, en otros casos, las autoridades toleran la situación mientras no haya denuncias o conflictos vecinales, lo que configura una zona gris legal.
Uno de los principales obstáculos para quienes quieren adoptar este estilo de vida es la imposibilidad de fijar domicilio legal en una casa rodante. Para trámites administrativos —como renovar el DNI, inscribirse en ANSES o registrar una actividad económica— se requiere declarar un domicilio con dirección catastral, es decir una ubicación física registrada oficialmente en los planos del municipio o provincia ,algo que un vehículo no puede proporcionar por sí solo. Esto deja a muchas personas fuera del sistema o dependiendo de domicilios prestados o ficticios.
Otra pregunta habitual es si una persona puede vivir en una casa rodante instalada en su propio terreno. En estos casos, el uso del suelo es lo que determina la legalidad. Si el terreno está en una zona urbana, es probable que esté regido por un código de edificación que exija construcciones permanentes, conexión a servicios y una superficie mínima para ser considerado un espacio habitable. Incluso en zonas rurales, hay limitaciones relacionadas con higiene, residuos y salubridad.
En general, sólo en algunos lotes habilitados como campings o espacios recreativos, las municipalidades permiten el uso de casas rodantes como vivienda temporaria. Pero incluso allí, no suele admitirse fijar residencia permanente.
Hasta el momento, ningún organismo nacional ha emitido una regulación específica sobre casas rodantes como viviendas, y cada municipio aborda el tema con criterios distintos. Esto genera una situación ambigua: no está expresamente prohibido a nivel nacional, pero tampoco está formalmente autorizado como forma de residencia estable. Las consecuencias dependen muchas veces de la interpretación de la normativa local, la tolerancia social y la ausencia (o no) de reclamos.
La vida en una casa rodante representa mucho más que una alternativa habitacional: es una forma de vivir con mayor flexibilidad, menor carga económica y un vínculo distinto con el entorno. Sin embargo, en la Argentina, esta elección aún no encuentra un marco legal claro que la reconozca como opción residencial estable. Mientras tanto, quienes apuestan por esta modalidad deben navegar entre normativas locales dispares, vacíos legales y soluciones improvisadas. En ese escenario, la necesidad de repensar las regulaciones urbanas y habitacionales para incluir formas de vivienda no tradicionales se vuelve cada vez más evidente.
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