Las rutas argentinas, de las que la mitad no está en buen estado según datos oficiales, son el exponente de un choque de modelos entre las PPP de Mauricio Macri, la obra pública de Alberto Fernández y las concesiones de Javier Milei. Una resolución firmada por la gestión libertaria disolvió lo único que quedaba del ícono de Cambiemos que buscaba financiamiento mixto para obras.
Antes, el Frente de Todos ya había frenado todos sus contratos y relicitado algunos de ellos. Ahora, La Libertad Avanza planea que los hagan quienes se queden con las concesiones viales.
“Disuélvese el ‘FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS’ (PPP RARS) (sic)”, ordena el primer artículo de una resolución que lleva la firma de Milei. Dicho fideicomiso era el fondo que creó la gestión macrista para financiar las obras de Participación Público-Privada (PPP).
En 2016, el Congreso aprobó la ley que habilitó ese modo de solventar proyectos de infraestructura, que combinaba recursos del Estado y dinero que los contratistas iban a obtener por peajes.
En ese entonces, la gestión macrista defendía ese modelo de financiamiento. En junio de 2018, adjudicó obras en 4.000 kilómetros (seis corredores) a 15 empresas, tal como refleja el Boletín Oficial.
Según recordaron exfuncionarios de Cambiemos, los trabajos empezaron en agosto de 2019, cuatro meses antes de la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia.
¿Qué pasó con esas obras y, en consecuencia, con esos contratos? El Frente de Todos desechó las PPP y relicitó las obras. Fuentes que formaron parte de dicha administración reconocieron que era un proyecto “ambicioso”, pero “irrealizable”. Citaron una auditoría interna que relevó que sólo se habían ejecutado obras en seis kilómetros de los 4.000 previstos. Es decir, un 0,15% del total.
Quienes defienden la gestión de Cambiemos esgrimieron que esa estadística es “injusta” dado que evaluó el desarrollo de obras que habían comenzado hace pocos meses y que tenían un plan de ejecución de seis años. Pero más allá de los trabajos que no se completaron, el corolario de esta historia deja un dato más: después de siete años de la adjudicación, el Gobierno le debe dinero a las empresas que habían comenzado sus proyectos, interrumpidos por decisión del Frente de Todos. ¿La cifra? $84.954 millones.
“El MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá celebrar un contrato con el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA (BICE S.A.) con el fin de continuar con los pagos de las obligaciones que tengan por causa las cuotas devengadas por los Títulos de Pago por Inversión (TPI) (sic)”, señala la resolución firmada por el presidente Milei.
Ese documento también explicó que “durante el año 2020 se extinguieron todos los contratos de Participación Público-Privada”. Es decir, en el primer año de gestión de Alberto Fernández. Miembros de su administración dijeron que muchas de las obras previstas en ese plan se relicitaron a través de Vialidad Nacional, con presupuesto del Tesoro en algunos casos y, en otros, con financiamiento internacional.
De ese modo, destacaron obras en el final de la autopista Ezeiza – Cañuelas, la ruta 33 y la ruta 3. Asimismo, aclararon que no se terminaron y que actualmente se encuentran “paralizadas”. Por su parte, las actuales autoridades señalaron que algunas, como las mencionadas, fueron relicitadas y otras directamente no se hicieron.
Fuentes de Vialidad Nacional sostuvieron que dichas obras están incluidas en el plan de concesiones que lanzó el Gobierno. Esto significa que “la privatización” de las rutas impulsada por el Gobierno contempla que quienes vayan a ganar las concesiones realicen las obras con sus propios fondos, nutridos por el cobro de peaje.
Uno de los defensores de las viejas PPP celebró ese modo de financiar obras viales. Sin embargo, analizó que no es un modelo aplicable en cualquier zona del país. Argumentó que los ingresos por peaje varían entre las zonas más transitadas y aquellas con menos usuarios. En consecuencia, eso podría dificultar el financiamiento privado de obras en rutas con un flujo de vehículos más bajo.
El Gobierno ya publicó los pliegos de la concesión de la llamada “ruta del Mercosur”, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, 117, 174 y A-015. Este es tan sólo un corredor. De hecho, el plan oficial contempla más concesiones. Precisamente la semana pasada, Vialidad finalizó las audiencias públicas previas a la confección de las licitaciones de otros 4.400 kilómetros.
Mientras tanto, el estado de las rutas nacionales configura un peligro para cualquiera que las transite, además de una pérdida de competitividad para la producción local. Un relevamiento de Vialidad, correspondiente al período “2023-2024”, arrojó que el 47,5% de los kilómetros alcanzó la calificación de “bueno” (9.098,8 kilómetros), mientras que el 29% fue calificado como “malo” (5.565,3 kilómetros) y el 23,5% como “regular” (4.507,2 kilómetros).
Tucumán, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires son los distritos con el porcentaje más alto de kilómetros en estado “malo”.
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