La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes el recurso de queja presentado por Cristina Fernández de Kirchner y confirmó así la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo la declara culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Fernández de Kirchner ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de una persecución judicial con fines políticos y ha encuadrado su situación dentro de lo que califica como “lawfare”. En ese contexto, ha comparado su caso con el del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien también fue condenado por corrupción y encarcelado antes de regresar al poder.
El 7 de abril de 2018, tras casi dos días de tensión, Lula se entregó a la Justicia para comenzar a cumplir una condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Se encontraba atrincherado en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, donde había recibido la orden de detención firmada por el juez Sergio Moro.
En un intento inicial por entregarse, militantes impidieron la salida del vehículo en el que viajaba, lo que obligó al entonces exmandatario a permanecer en el edificio. Cuando los accesos fueron despejados, Lula salió a pie y se entregó a la Policía Federal, que lo trasladó en helicóptero a Curitiba. Allí comenzó a cumplir su condena en una celda especial de 15 metros cuadrados.
Durante el operativo hubo escenas de tensión: manifestantes lanzaron fuegos artificiales mientras el helicóptero aterrizaba, y la policía antimotines respondió con gases lacrimógenos.
Más temprano ese día, Lula anunció que acataría la orden judicial. “Voy a cumplir con el mandato de prisión porque quiero demostrar lo que significa tener responsabilidad y porque quiero probar mi inocencia”, declaró frente a cientos de simpatizantes. “No voy a permitir que digan mañana que soy un prófugo. No tengo miedo”.
Si bien inicialmente había desafiado el plazo para entregarse, Lula terminó cumpliéndolo, en un episodio cargado de simbolismo político que profundizó la polarización en Brasil. “La única cosa de la que me pueden acusar es de haber trabajado para que los pobres comieran carne, viajaran en avión y tuvieran acceso a la educación”, dijo en uno de sus últimos discursos antes de ingresar en prisión.
Ese mismo dramatismo y carga simbólica podría trasladarse ahora a la Argentina. Tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema, la situación de Fernández de Kirchner comienza a adquirir ribetes similares a los que rodearon la detención de Lula. Aunque aún no se ha ordenado su arresto ni está claro cuándo podría ejecutarse la pena, el clima político empieza a tensarse.
La expresidenta convocó este martes a una reunión de urgencia en la sede del Partido Justicialista, mientras que los sindicatos más afines al kirchnerismo, especialmente los de conducción dura, ya han advertido que podría haber un paro nacional si se ordena su detención. En paralelo, manifestantes realizaron cortes en varios puntos del conurbano bonaerense, como muestra de respaldo a la exmandataria.
El lunes, en el acto por el Día de la Resistencia Peronista, Fernández de Kirchner lanzó un mensaje desafiante: “Cuando los que hicieron megacanjes, endeudaron al país y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, siguen por la calle, estar presa es un certificado de dignidad”.
Así como Lula buscó resignificar su encarcelamiento como una prueba de su inocencia y un acto de resistencia, Fernández de Kirchner parece dispuesta a capitalizar políticamente una eventual detención. En ambos casos, la justicia y la política se entrelazan de manera explosiva, con escenarios que movilizan no solo a los tribunales, sino también a las calles.
Lula fue investigado en 2016 en el marco de la operación Lava Jato, por su presunta participación en desvíos millonarios de la petrolera estatal Petrobras. En julio de 2017 fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por supuestos beneficios indebidos recibidos a cambio de contratos entre Petrobras y la constructora OAS, entre ellos un departamento tríplex en Guarujá.
Sin embargo, en noviembre de 2019, el Supremo Tribunal Federal (STF) modificó su interpretación sobre las prisiones tras condenas en segunda instancia, lo que permitió su liberación mientras se resolvían los recursos. En 2021, un giro clave: el juez Edson Fachin declaró que los procesos contra Lula no debieron ser juzgados en Curitiba, lo que derivó en la anulación de las condenas por cuestiones de competencia territorial y la prescripción de los delitos. Ese mismo año, el STF falló que Moro actuó con parcialidad, anulando el juicio y las pruebas del caso del tríplex.
La decisión se produjo tras las revelaciones del escándalo “Vaza Jato”, que expusieron coordinaciones indebidas entre Moro y los fiscales del Lava Jato. En abril de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU respaldó a Lula, al concluir que su juicio vulneró su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y afectó su privacidad y derechos políticos.
Con sus derechos restablecidos, Lula se presentó a las elecciones de octubre de 2022 y venció a Jair Bolsonaro, en un regreso político que lo consagró como símbolo de resiliencia.
A su vez, Bolsonaro enfrenta hoy una situación judicial delicada: acusado de planear un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022, enfrenta este martes el segundo día de interrogatorio en su juicio por sedición. Ya fue inhabilitado en 2023 para competir en elecciones hasta 2030, tras haber puesto en duda el sistema electoral ante diplomáticos extranjeros.
En Bolivia, un escenario similar tuvo un desenlace distinto. Por decisión unánime de sus nueve miembros, el Tribunal Constitucional confirmó el mes pasado la prohibición de que Evo Morales vuelva a postularse como presidente, lo que le impide competir en las elecciones del próximo 17 de agosto.
El fallo ratificó resoluciones anteriores que establecen que la reelección presidencial solo puede darse una vez de forma continua, sin posibilidad de un tercer mandato. La sentencia echó por tierra años de debate sobre la constitucionalidad de una nueva postulación de Morales, quien había sostenido que impedirle ser candidato nuevamente violaba sus derechos humanos.
Lejos de abandonar la carrera, el exmandatario respondió al desafío de su sucesor, Luis Arce —quien anunció que no competirá—, con un mensaje directo a sus seguidores: “Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar, otra vez, Bolivia”.
La resolución judicial también tuvo repercusión en las calles. En medio de protestas de sus seguidores contra su inhabilitación, la Fiscalía abrió una investigación contra Morales por el delito de instigación pública a delinquir, entre otros cargos, a partir de una denuncia presentada por el gobierno de Arce.
Los tres líderes —Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales y Lula da Silva— construyeron figuras políticas marcadas por el personalismo, con fuerte influencia dentro de sus movimientos, y han denunciado ser víctimas de persecución judicial impulsada por sectores conservadores.
Sin embargo, a diferencia del regreso triunfal de Lula da Silva tras su paso por prisión, los caminos judiciales de Fernández de Kirchner y Morales -y también de Bolsonaro- parecen cerrarse, al menos por ahora.
Agencias AFP y Reuters