Los ajustes y cambios en la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) podrían llevar a que el agro argentino quede sin respaldo técnico en un contexto mundial que exige mayor producción de alimentos. El mejoramiento genético, bancos de germoplasma, investigaciones de base, ensayos para vacunas y protección de recursos naturales están en riesgo. Según han advertido trabajadores y directores, la pérdida de programas y estaciones experimentales puede ser irreversible: hasta ahora se redujo un 10% la dotación de personal.
En una entrevista con LA NACION, Ariel Pereda, director nacional del INTA, dijo que el organismo en el último año y medio lleva una reducción de su planta en el orden de 650 trabajadores, por intimación de jubilaciones y retiros voluntarios. “Si consideramos las proyecciones por bajas estimadas para los próximos años, a fines de 2025 la planta de INTA se reducirá en un 16%, y si se considera el valor de la dotación óptima la reducción es del 23%”, señaló.
El avance que busca el Gobierno, indicó, llevaría al achicamiento y reducción del Consejo Directivo, integrado por el sector público y el privado, especialmente en el cambio en su composición, con la salida de las universidades y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). Este cambio modifica el modelo histórico de gobernanza del INTA, en donde el Poder Ejecutivo pasaría a tener un peso decisivo en los destinos de la institución.
“La posibilidad de que un DNU defina, además de una nueva constitución del Consejo Directivo, una centralización administrativa y financiera del INTA va a condicionar la toma de decisiones en la agenda institucional para el sector y el país”, analizó.
De acuerdo con Pereda, la consecuencia directa de este avance sería que el INTA “dejaría de ser un organismo técnico para ser uno político”, algo que, mirado con perspectivas más allá de lo inmediato, “quedará sujeto a los vaivenes del color político de los gobiernos de turno”.
Respondió que son varias las áreas afectadas y hacen esfuerzos denodados para cubrirlas de la mejor manera posible, pero un ajuste mayor en la institución o un nuevo retiro voluntario “afectará” profundamente y de manera “irreversible”. Por ejemplo, en los programas de mejoramiento genético en los que el INTA es el principal obtentor de variedades del país. Lo mismo en bancos de germoplasma e investigaciones básicas en donde los privados no invierten, lo cual impactaría de lleno en la competitividad de las regiones extrapampeanas.
“Los procesos biológicos que requieren de varios años de relevamiento de información o los ensayos de largo aliento para la producción de vacunas para la ganadería se verían notablemente resentidos. ¿Quién se ocuparía del cuidado del medioambiente y sus recursos naturales como el suelo y sus nutrientes, el agua y su utilización eficiente con un INTA débil?“, planteó. Hoy hay nueve agencias pertenecientes a la Estación Experimental AMBA que están en proceso de cierre, desde La Plata hasta Escobar, Marcos Paz, San Vicente, Luján y Moreno, entre otras.
Por eso, de avanzar con el DNU, como apunta el gobierno de Javier Milei, entraría en riesgo la totalidad de las agencias de extensión y la cobertura técnica en un amplio espectro de actividades relevantes por reducción de personal. Esto implicaría un impacto directo para el interior productivo del país. Pereda aclaró que el INTA siempre hizo un ejercicio permanente de evaluarse y ordenarse.
“No tengo dudas que el INTA tiene mucho por mejorar, pero eso no se resuelve con un Excel, sino con ideas, propuestas y mucho diálogo. Este año nos planteamos en INTA comenzar un proceso de definir qué deberíamos continuar haciendo, qué temas deberíamos dejar de hacer y los que deberíamos hacer. Este análisis está propuesto hacerlo con el sector productivo y académico, intentando embeber el proceso con mucha mirada externa al INTA“, indicó.
Sobre los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de que el INTA “consume la mitad de las retenciones del maíz”, advirtió que el funcionario refleja que está “mal asesorado” al aportar un dato “malicioso”.
“El ministro habla de los $400.000 millones que figuran en los papeles cuando el presupuesto real para este año es de $223.600 millones. Hay 187.000 millones de diferencia que provienen de la recaudación que indica la ley de autarquía, que sólo se incluye a los efectos de indicar la diferencia entre recursos y presupuesto disponible; esos 187.000millones nunca estarán disponibles. Esta situación se da todos los años y nunca el INTA accede a la totalidad de los recursos que le corresponden por ley. Sturzenegger debería saberlo», aclaró.
En 2003, la dotación de personal que tenía el INTA era de aproximadamente 3600 personas. Por eso, destacó que el ministro omite que entre 1982 y 1992 la plantilla era de aproximadamente 5800 agentes, cantidad similar a la de hoy. “No se trata de forzar estadísticas, sino de discutir ideas. ¿Es correcto que el INTA tenga la misma dotación que hace 37 años frente al aumento que tuvo Argentina en su población o al crecimiento de la superficie sembrada, de la producción y de la exportación, indicadores estos tres últimos que se duplicaron durante esos años?“, planteó.
Según señaló, otro error importante es no contemplar en la ecuación el impacto económico de las innovaciones y paquetes tecnológicos desarrollados por el INTA y puestos a disposición del sector de manera directa. Entre estos están desarrollos muy relevantes para el sector como la identificación del Mal de Río Cuarto, la enfermedad viral más importante del maíz en Argentina; la promoción de la siembra tardía, una innovación que le aportó rentabilidad y estabilidad al productor; el desarrollo de la siembra directa o más recientemente la creación de Bautista INTA, el primer maíz mejorado desarrollado en la mesopotamia para consumo directo o alimentación de ganado y el control de la chicharrita.
Por otro último sostuvo que esperan que el Gobierno escuche a todos los sectores. “Esperemos que se abran espacios de diálogo genuinos con una agenda estratégica, para un mejor INTA y una mejor Argentina”, dijo.
Si el Gobierno avanza con los cambios, de acá a un año, dijo, el INTA no existirá más tal y como se conoce hasta hoy. Habló del riesgo de “un INTA sujeto a los vaivenes políticos de los gobiernos de turno y con una mínima capacidad de respuesta para el sector productivo en un mundo que demanda cada vez más alimentos, principal fuente de divisas para el país”.