NUEVA YORK.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes al gobierno de Donald Trump revocar el estatus legal temporal otorgado a más de 500.000 inmigrantes por la administración de Joe Biden, con el desmantelamiento del programa de parole humanitario. La medida deja expuestos a la deportación a cientos de miles de personas que habían recibido permiso para residir legalmente en el país mientras huían de crisis humanitarias, políticas y económicas en sus países de origen.
El tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que pone fin al programa de Biden que dio permiso a 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La breve orden señaló que los jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor no estaban de acuerdo.
Días antes, la misma Corte ya había habilitado al gobierno de Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos.
Ambos mecanismos —el parole y el TPS— ofrecen protección temporal para personas que huyen de la guerra, la represión o crisis humanitarias, aunque tienen alcances y procedimientos distintos: mientras el TPS se otorga a grandes grupos por períodos definidos, el parole se aprueba caso por caso, pero con criterios flexibles. Muchos beneficiarios poseen ambos estatus simultáneamente.
La administración Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte luego de que un juez federal en Massachusetts frenara la revocación general del parole con el argumento de que la secretaria de Seguridad Nacional no tenía autoridad legal para cancelar el beneficio de manera masiva sin evaluaciones individuales. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito había confirmado esa decisión el 5 de mayo, señalando que la funcionaria no había demostrado que su actuación fuera legal.
Sin embargo, con su nuevo fallo, la Corte Suprema permitió que el gobierno avance con el desmantelamiento de las protecciones migratorias mientras el litigio continúa. La jueza Ketanji Brown Jackson, respaldada por Sonia Sotomayor, fue la única disidente y advirtió que la mayoría había desestimado “las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno desestabilice abruptamente las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas mientras sus reclamos legales aún no se han resuelto”.
Los programas de parole fueron una de las principales herramientas del gobierno de Biden para canalizar de manera ordenada la llegada de migrantes en medio de un congreso paralizado y un aumento de los cruces ilegales en la frontera. Iniciados en abril de 2022 para los ucranianos que huían de la invasión rusa, luego se extendieron a venezolanos y finalmente a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Todos los solicitantes debían contar con un patrocinador privado en Estados Unidos dispuesto a respaldarlos económicamente.
El impacto fue notable: después de su implementación, las detenciones en la frontera de migrantes provenientes de esos países se redujeron drásticamente. El gobierno de Biden defendía los programas como una vía legal, segura y controlada para migrar, frente a los riesgos del cruce ilegal. Sin embargo, los legisladores republicanos se opusieron firmemente, argumentando que permitían el ingreso de personas que no calificarían bajo los criterios migratorios tradicionales. Texas y otros estados gobernados por republicanos presentaron demandas, alegando que el programa les generaba sobrecargas en salud, educación y seguridad pública.
Los tribunales inicialmente validaron la legalidad del parole, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca revirtió la situación. El presidente eliminó los programas el mismo día que asumió su segundo mandato. Hasta ahora, su gobierno no ha revocado el estatus de los 240.000 ucranianos que fueron beneficiarios del programa, aunque sí suspendió el procesamiento de nuevas solicitudes.
El parole humanitario tiene una larga historia en Estados Unidos. Fue utilizado para recibir a unos 200.000 cubanos en los años 60 y a más de 350.000 asiáticos del sudeste tras la caída de Saigón en la guerra de Vietnam. Su uso reciente, sin embargo, se convirtió en el blanco de un feroz debate político.
Los abogados de los inmigrantes afectados denunciaron que la decisión de Noem fue “contraria a la ley, arbitraria y caprichosa”, y alertaron que permitir su aplicación causaría “un inmenso sufrimiento humano innecesario”. “Todos ellos siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos, y están aquí para reunirse con sus familias o escapar, aunque sea temporalmente, de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”, afirmaron en su escrito.
Mientras tanto, el gobierno de Trump sostiene que necesita restaurar políticas migratorias “cuidadosamente calibradas” para desalentar el ingreso ilegal y que sus medidas fueron ampliamente respaldadas en las elecciones de noviembre. Según el procurador general D. John Sauer, impedir la revocación del parole implicaría “trastocar innecesariamente políticas clave” y debilitar el control fronterizo.
Con información del New York Times, AP y ANSA