El sistema de discapacidad enfrenta tres tensiones: fraudes en pensiones no contributivas, desamparo de personas con discapacidad y reclamos de obras sociales y prepagas por obligaciones crecientes, mal definidas y sin financiamiento. Opera atrapado en burocracia, normas confusas y organismos superpuestos, lo que genera ineficiencia, costos evitables y abandono de los más vulnerables.
En este contexto, un sector de la oposición presentó un proyecto en Diputados para declarar la “emergencia nacional en discapacidad” hasta diciembre de 2027. Propone más recursos, pero no reformas estructurales. Es probable que el oficialismo lo rechace por la política de disciplina fiscal. Sin embargo, la pregunta central es si basta con más dinero ante un sistema degradado.
Una persona con empleo formal incapacitada accede al retiro por invalidez evaluado por comisiones médicas de la SRT, bajo reglas objetivas. Quienes no tienen empleo ni recursos pueden solicitar una pensión no contributiva, presentando el Certificado Médico Oficial (CUD) y tramitándolo ante Anses. Esta prestación permite tener empleo formal.
En los últimos 20 años, las pensiones por discapacidad crecieron de 76.000 a más de un millón. Pasaron de 0,2% a 3% de la población. En algunas provincias, el 8% y en ciertas localidades el 40% cobra pensión, sin que guerras o epidemias justifiquen tal expansión. Esto alimenta sospechas de corrupción y clientelismo.
El proyecto extiende el derecho a pensión a todos los que tengan CUD y a mayores de 70 años, sin modificar un esquema permeable a la discrecionalidad y la corrupción.
Prestaciones en especie
El otro pilar de la cobertura de discapacidad incluye atención médica especial, traslados, educación especial, asistencia en el hogar y adaptación de viviendas, regulados por la Ley 24.901. Estos servicios deben ser cubiertos por obras sociales y prepagas; si no, el sistema público debe responder. El acceso depende del Certificado Único de Discapacidad (CUD), emitido por la ANDIS.
Asignar estas prestaciones a seguros de salud generó un fuerte desbalance financiero. Para compensarlo, desde 2016 el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) reintegra gastos, pero con controles débiles y fondos limitados. Como respuesta, se licuaron aranceles con inflación.
Así, personas con cobertura médica acceden a los servicios, mientras los sectores más vulnerables quedan excluidos. El proyecto de ley no corrige una falla central: el Estado otorga el CUD, pero delega el financiamiento en obras sociales, prepagas o gobiernos locales, perpetuando la inequidad y dejando a muchos sin protección real.
¿Sirve declarar la emergencia en discapacidad?
Los problemas de fondo no se solucionan con declaraciones ni con más recursos. El sistema necesita rediseño: reglas claras de gestión y financiamiento que permitan respuestas más eficaces y equitativas.
Ordenar el sistema implica enfrentar dos problemas. Primero, dejar de financiar servicios sociales con fondos médicos. Segundo, evitar que quienes no tienen cobertura dependan del asistencialismo local.
La reorganización debería basarse en dos pilares: 1) que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sea el único organismo que evalúe incapacidades, unificando criterios y reduciendo arbitrariedades; 2) que la ANDIS cubra las prestaciones en especie, con presupuesto propio, sin depender de la cobertura de salud de la persona.
Esta transformación requiere modernizar la gestión de ANDIS, dotarla de capacidad operativa y aprender de experiencias como Uruguay o Chile, donde el Estado nacional asume directamente la responsabilidad sobre las prestaciones vinculadas a la discapacidad.
Con este enfoque, las prestaciones dejarían de depender de las obras sociales, prepagas o de los recursos propios de las familias. Serían responsabilidad directa del Estado nacional a través de la ANDIS, que debería garantizar eficiencia, equidad y calidad: autorizar solo prestaciones necesarias, aplicar copagos cuando corresponda y evaluar la calidad sistemáticamente.
Finalmente, es crucial no distorsionar el sistema usando pensiones por invalidez como atajo para otros beneficios sociales. La discapacidad no debe ser una vía para compensar fallas estructurales del sistema de protección social. Eso termina perjudicando a quienes realmente viven con discapacidad y necesitan más apoyo del Estado.
La autora es abogada, diputada nacional por Córdoba