Una nueva denuncia suma más controversia a la licitación que el Gobierno lanzó para entregar a privados la concesión de la Hidrovía. La Coalición Cívica realizó una presentación ante la Justicia en la que señaló un “presunto direccionamiento” del pliego a favor de uno de sus proveedores, con los que la empresa estatal Administración General de Puertos (AGP) contrajo una deuda de US$78 millones, la gran mayoría en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.
La denuncia se realizó en las últimas horas antes de la presentación de las ofertas que competirán para dragar y señalizar la Hidrovía y, en consecuencia, quedarse con su concesión durante al menos 30 años. Esto representa un negocio cuya facturación anual alcanza los US$410 millones, que surgen del cobro de peaje a los barcos que transportan productos a través de la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino, tal como estimó el Gobierno.
“Una deuda que, de confirmarse judicialmente, se sospecha que estaría encaminán..
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