Para muchos prestadores del sector privado de la salud, el 31 de diciembre de este año es una fecha clave: hasta ese día estará vigente la medida que suspende el inicio de juicios de ejecución por deudas impositivas y de obligaciones de la seguridad social por parte de ARCA. Con efecto sobre los contribuyentes de la actividad sanitaria, esa disposición rige nada menos que desde 2002. En las casi dos décadas y media que pasaron hubo varias prórrogas, pero no una solución para el problema de fondo. La extensión del período de suspensión de las ejecuciones-algo que podría volver a disponerse- se hizo por última vez en en julio pasado, mediante la resolución 5736 de ARCA.
“Nadie sabe cómo salir de eso”, dijo en diálogo con LA NACION Ricardo Simes, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entidad que nuclea a casi 40 prestadores y financiadores sin fines de lucro. Para el directivo, que preside el Hospital Sirio Libanés, “los juicios laborales y la deuda..
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