El Congreso español fue esta semana el escenario de una nueva jornada esperpéntica en la que el presidente socialista Pedro Sánchez ratificó su acuerdo con los partidos independentistas catalanes, vascos y gallegos para que le aprueben sus “decretos anticrisis”.
Tras lograr su investidura presidencial a través de un acuerdo de amnistía a los golpistas independentistas, así como la reciente entrega del Ayuntamiento de Pamplona al partido heredero de la banda terrorista ETA, este miércoles ha escenificado una nueva concesión a los independentistas sin precedentes en la historia reciente de España.
Los decretos que firmó Sánchez en diciembre tenían que ser votados este miércoles 10 de enero en el Poder Legislativo. Entre ellos, se impulsó una suba de impuestos a la banca, a las empresas energéticas y a las “grandes fortunas”.
Como contrapartida, se elevó el subsidio al desempleo, se extiendió la rebaja del IVA a alimentos básicos, y se empezó a subsidiar el 100% de la tarifa del transporte público nacional y del 50% en el transporte público autonómico.
Por otro lado, se votaban los decretos que dieron inicio en diciembre al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) donde Sánchez reformó el sistema judicial, la función pública, el régimen local y el mecenazgo.
Durante toda la mañana de votación, los independentistas catalanes del partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, se habían mantenido fuertes en su intacta intención de voto en contra de los decretos.
Las caras del equipo de gobierno de Sánchez mostraban una amarga desesperación ya que se abocaban al primer gran fracaso de su nueva legislatura. Sin embargo, apenas treinta minutos antes de la hora límite para finalizar la votación, la Presidente del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunciaba que “por sobrecarga del sistema, se ha ralentizado durante unos minutos el sistema de votación telemática, y se va a alargar el periodo de votación hasta las tres y media para que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto”.
Inmediatamente, miembros del Partido Popular denunciaron que esperaban que este incidente no “sirviese para que el Gobierno ganase tiempo en sus negociaciones“. Curiosamente, mientras los técnicos entraban a arreglar las máquinas, los dirigentes del PSOE y los de los partidos independentistas estaban reunidos negociando acaloradamente.
Fue justamente en este “tiempo extra” cuando el equipo de gobierno de Sánchez logró alcanzar un acuerdo in extremis con el partido independentista Junts per Catalunya, el cual finalmente se abstuvo de votar y permitió que por 172 votos positivos contra 171 negativos, Sánchez aprobara los decretos.
No deja de ser significativo que hace apenas dos meses el Congreso despidió a sus doce informáticos independientes tercerizados y los sustituyó por funcionarios del Estado, uno de los cuales se marchó acusando públicamente a Sánchez de querer controlar el sistema de votaciones.
El estado español, a la venta
El partido Junts, aunque alineado con la extrema izquierda en su intento golpista y secesionista de España, mantiene económicamente una posición más bien centrista, por lo que, a priori, se oponía a las medidas socialista de izquierda de Sánchez.
Si el partido de Puidgemont votaba en contra, los decretos se caerían con 178 votos en contra. Fue así que Sánchez aprovechó los minutos añadidos para otorgar una serie de concesiones a los independentistas fuera de cualquier cálculo político racional sostenido hasta la fecha.
En primer lugar, el partido de Puigdemont logró eliminar el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía a los jueces españoles elevar trámites jurídicos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual podría haber sido un canal potencialmente utilizado en los próximos meses para obstruir la pactada amnistía a los golpistas.
Hasta hace apenas unos días, el propio Sánchez afirmaba públicamente que este artículo “no se puede eliminar porque se trata de la transposición de una directiva europea”. El gobierno de Sánchez protagonizó así otro súbito cambio de opinión.
Por otro lado, Sánchez acordó cambios en la Ley de Sociedades de Capital, una ansiada modificación por parte de los independentistas. Desde el golpe de Estado perpetrado por los catalanes en 2017 en la Comunidad española de Cataluña, muchas de las principales empresas de la región se habían marchado buscando refugio en otras regiones de España ante la inseguridad jurídica que planteaban las políticas independentistas. Con esta reforma de la Ley, se busca forzar a estas empresas a volver de nuevo a Cataluña.
Por si todo esto fuera poco, Sánchez además otorgó las competencias sobre inmigración a Cataluña, medida abiertamente inconstitucional que, según advierten los juristas, supone “reconocer, de facto, la independencia de Cataluña”.
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha afirmado luego del acuerdo que “asistimos al desguace del Estado en materia de seguridad. Esta cesión no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades. Al contrario, la medida anunciada hoy responde a aplicación de un criterio de conveniencia política”.
Para finalizar el botín, los independentistas del partido del fugado de la justicia Puigdemont logran una mayor concesión de millones de euros por parte del Estado español a partir de la publicación inmediata de las “balanzas fiscales”, la asunción por parte del estado central de todas las bonificaciones al transporte de la región, así como el reconocimiento explícito de los “Derechos históricos de Cataluña”.
Por: Rodo Galdeano
Fuente: Derecha Diario
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